El Supremo rastrea el nexo entre Fiscalía y Moncloa en la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso

La semana ha sido clave para una de las causas más políticas y polémicas de las que se están encargando los tribunales de nuestro país. El caso de la revelación de secretos sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso -el empresario Alberto González Amador- en el que están imputados dos fiscales ante el Supremo, el titular del Ministerio Público Álvaro García Ortiz y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, daba un sorprendente e inesperado giro de tuerca por dos motivos.

El primero que, el pasado lunes, se hacía público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el contenido interceptado del teléfono de la fiscal Rodríguez, en el que los agentes ya apuntaban a una «participación preeminente» de su jefe máximo, García Ortiz, en la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso, en el marco de un pacto de conformidad por un supuesto delito tributario.

Los agentes determinaban, también, que la «primera filtración a la prensa» de los correos íntegros intercambiados entre el abogado de González Amador y el entonces fiscal responsable de su causa, Julián Salto, tuvo su origen en la Fiscalía General del Estado (FGE). Es decir, los investigadores identificaban varias conversaciones internas, entre distintos fiscales, en las que «se habla explícitamente» de que la información reproducida por los medios, en concreto la primera de eldiario.es que desvelaba el presunto fraude del novio de Ayuso, nació «supuestamente» en la central del Ministerio Público de García Ortiz.

Fue, de hecho, este último quien le ordenó a la fiscal Rodríguez recopilar todas las comunicaciones intercambiadas en el asunto legal que, aparentemente, comprometía a la pareja de la presidenta de Madrid. Y fue ésta la que recabó toda la información del fiscal Salto, la noche del 13 de marzo de este mismo año, y la reenvió a un mail personal del fiscal general, como publicó El Debate en exclusiva, alvarogarcia.ortiz@gmail.com.

Esta última secuencia de hechos y fechas es clave para entender el segundo punto relevante sobre la causa por revelación de secretos que investiga el Supremo y que por primera vez, tras la declaración del ya ex líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ante el instructor Ángel Hurtado, salpica a un alto cargo de Moncloa, la jefa de Gabinete del ministro Oscar López, Pilar Sánchez Acera.

Y es que, si bien las primeras noticias sobre el asunto de los correos intercambiados por la Fiscalía con el abogado del novio de Ayuso se publicaron la misma noche en que García Ortiz los tuvo en su poder, tan sólo dos horas después de recibirlos –tanto por parte de la cadena Ser como del citado eldiario.es y coincidiendo ambos en adelantar la nota de prensa que se cocinaba en el Ministerio Público–, los pantallazos, en sí, de no se publicaron hasta las 09.06 horas del día siguiente, el 14 de marzo.

Es decir, las imágenes de la carta en la que se reflejaba lo anterior no se pudieron ver hasta que las divulgó El Plural, en concreto 37 minutos después de que Sánchez Acera las remitiese por Whatsapp al e-mail a Juan Lobato. No sólo indicándole que «era muy potente» sino invitándole a sacar el documento en la Asamblea de Madrid, de aquella misma mañana, para atacar a la presidenta de la Comunidad.

Sánchez Acera se adelantó, por lo tanto, a la hora de la publicación y nunca aclaró en la conversación mantenida con Lobato, pese a que éste lo preguntó expresamente, el origen de los e-mails. Al líder de los socialistas madrileños le preocupaba que, de lo contrario, pareciese que las imágenes de los correos confidenciales «han salido de Fiscalía».

Es precisamente este detalle sumado al hecho del posible carácter incompleto de las conversaciones registradas por Lobato ante notario, tal y como señalaba este viernes durante su declaración el abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), lo que ha llevado al juez Hurtado a entender la necesidad de encontrar el nexo real a través del cual los documentos privados que obraban en poder de la Fiscalía llegaron a manos de una jefe de Gabinete de Moncloa.

El móvil del ex secretario general de los socialistas madrileños fue incautado en el acto y está siendo duplicado para su estudio. Bajo la lupa del juez, la próxima citación de la alto cargo del Ministerio de Oscar López y la previsible copia de su móvil. Mientras tanto, los agentes de la UCO apuran su segundo informe: el resultado del análisis de los teléfonos del fiscal general del estado y sus dispositivos electrónicos. Un triángulo que encierra las claves de un presunto delito de revelación de secretos que, más allá de la Fiscalía, se extiende hacia Moncloa.