La cuestión de confianza planteada por Puigdemont es más que un disparo de advertencia al aire

Más de 1.500 kilómetros separan Madrid de Waterloo, pero incluso a tanta distancia Carles Puigdemont ha olido la debilidad de Pedro Sánchez. El Gobierno se enfrenta a dos negociaciones que marcarán el devenir de la legislatura y su duración, en un contexto que difícilmente podría empeorar: con la mujer y el hermano del presidente imputados, Víctor de Aldama fuera de control y el caso del fiscal general del Estado a punto de estallarle en las manos a la Moncloa, si finalmente se produce la imputación de la que fuera jefa del Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera.

La necesidad aprieta más que nunca al presidente. Aprobar los Presupuestos Generales de 2025 ha dejado de ser una opción para Sánchez, puesto que le va en ello la confianza de sus socios y la legislatura. El viernes, en una conversación informal con periodistas en el Congreso, él mismo reiteró que el Ejecutivo presentará las cuentas públicas a principios del próximo año. Antes que eso, el Consejo de Ministros deberá aprobar una nueva senda de estabilidad (los objetivos de deuda y déficit del próximo año) y someterla a la aprobación de la Cámara Baja.

A río revuelto, el líder de Junts echó este lunes la caña para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Puesto que, transcurrido más de un año de legislatura, Puigdemont y su partido aseguran haber constatado la «falta de voluntad política» del presidente para cumplir los acuerdos adquiridos con Junts. Por no hablar de que él sigue sin beneficiarse de la ley de amnistía. «Ha llegado el momento de que, o llega un punto de inflexión, o lo dejamos ir», amenazó Puigdemont en una comparecencia desde Bruselas, tras reunir a la Ejecutiva de su formación.

La moción de censura la activa la oposición, pero en la cuestión de confianza la iniciativa corresponde al presidente. «El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados», según establece el artículo 112 de la Constitución.

Puigdemont sabía de antemano la respuesta que le iba a dar Sánchez, y de hecho el Gobierno no tardó en salir al paso, evitando que la bola se hiciera más grande: el presidente no tiene intención de someterse a una cuestión de confianza porque lo ve innecesario, aclararon desde la Moncloa. «Tenemos un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles, con un Gobierno fruto del pacto de investidura», afirmó el ministro Ángel Víctor Torres. Pero el Ejecutivo cursó acuse de recibo de la advertencia de Junts, que viene a ser: el precio ha subido.

Las negociaciones abiertas

El Gobierno tiene abiertas tres negociaciones con Junts. Primero, la transferencia de las competencias en materia migratoria a Cataluña, que es un compromiso que Sánchez alcanzó con Junts en enero, a cambio de que no impidiera la convalidación de los tres primeros decretos leyes de la legislatura. Segundo, la nueva senda de estabilidad, para la que Puigdemont ha pedido un reparto equitativo del déficit entre el Gobierno, las autonomías y los ayuntamientos: si lo permitido en 2025 para el conjunto de las administraciones es un 2,7 %, que sea 0,9 % para cada nivel (María Jesús Montero ya rechazó en septiembre esa opción). Tercero, los Presupuestos Generales de 2025, el Everest del Gobierno. Y, de propina, ese acuerdo al que el PSOE llegó con ERC, Bildu, Podemos y el BNG para mantener el impuesto a las energéticas el próximo año (decae el 31 de diciembre), que está pendiente de materializar.

«Después de lo que hemos visto esta mañana, la legislatura solo puede desarrollarse por dos vías: la de más cesiones al separatismo o el final de la legislatura. No sabemos cuál de los caminos elegirá Sánchez ni cuál es la voluntad definitiva de Junts», señaló Alberto Núñez Feijóo desde Barcelona. Durante su visita a la Ciudad Condal, Feijóo mantuvo un encuentro cerrado en la patronal catalana, Foment del Treball. Éta está presidida por Josep Sánchez Llibre, exdiputado de CiU y un interlocutor habitual del PP con la complicada constelación postconvergente.

En cualquier caso, fuentes del PP consultadas por este periódico desligan el paso dado por Puigdemont de cualquier aproximación de este a Feijóo. «Junts no hace nada para favorecer a Feijóo», añaden. No obstante, desde Génova 13 observan con expectación: «Cuando vas a este tipo de acontecimientos (en alusión a pedir una cuestión de confianza), algo tiene que pasar, por una parte o por la otra».

Según Emiliano García-Page, esto no es más que un «brindis al sol» de Puigdemont. De acuerdo con el presidente de Castilla-La Mancha, para tomarlo en serio lo primero que tendría que haber hecho el fugado es decir qué hará en el caso de que no haya cuestión de confianza.

De momento, la izquierda se ha puesto en posición de guardia ante el movimiento de Puigdemont. «Nosotros no tenemos ningún interés ni ninguna urgencia para que gobierne el PP con Vox», señaló con sarcasmo Oriol Junqueras, que el sábado podría ser reelegido líder de ERC si supera la segunda vuelta (parte como favorito). La dilación de las primarias de Esquerra, que debían haber quedado resueltas el 30 de noviembre, han provocado un nuevo retraso de dos semanas en el calendario de Sánchez.

Esta no es, ni siquiera, la primera vez que Puigdemont sugiere a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Ya lo hizo cuando el presidente se retiró cinco días a «reflexionar», en abril. Y pasar no pasó nada.