María Jesús Montero anticipa «más información» sobre el novio de Ayuso, excediendo su papel de vicepresidenta
Tribunales
El Supremo acepta la demanda por derecho al honor del novio de Ayuso contra la ministra Montero
La titular de Hacienda aseguró, durante una sesión de control al Gobierno, que la presidenta madrileña «está viviendo en un piso que se pagó con fraude» fiscal. El empresario solicita una indemnización de 40.000 euros
La Sala Civil del Supremo ha admitido la demanda por la tutela del derecho al honor presentada por el empresario Alberto González Amador contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y acuerda sustanciarla por los trámites del juicio ordinario. Así lo ha notificado el Alto Tribunal en un auto unánime dictado por los magistrados Ignacio Sancho Gargallo (presidente), Rafael Sarazá Jimena y Pedro José Vela Torres (ponente).
Los hechos se remontan a las declaraciones de la titular de la Agencia Tributaria contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vertidas pasado día 12 de marzo, en una primera ocasión –y los días 3, 23 y 24 de octubre, posteriormente– en los que Montero ha venido sosteniendo que González Amador es un «defraudador confeso».
Cabe recordar que la vicepresidenta del Gobierno aseguró durante una sesión de control al Gobierno en el Senado que Díaz Ayuso «está viviendo en un piso que pagó con fraude a la Hacienda Pública», en alusión a la investigación por fraude fiscal que la institución mantiene abierta sobre las cuentas empresariales de su pareja.
González Amador interpuso, entonces, una medida de conciliación previa a la que la ministra nunca se presentó y que, por lo tanto, ha dado pie a la demanda para la defensa del derecho al honor que, a partir de ahora, será estudiada por el Alto Tribunal. Será la Sala Primera, de lo Civil, la que determine si acepta que Montero indemnice al agraviado con 40.000 euros, como piden sus abogados, y que además, rectifique públicamente sus palabras.
Como pasos previos, el Supremo ha habilitado 20 días a la Fiscalía y a la propia demandada para que contesten. Y, sobre este extremo, los magistrados advierten a Montero de que «si no compareciere dentro del plazo indicado se le declarará en rebeldía procesal». También la han avisado de que «la comparecencia en juicio debe hacerse por medio de procurador y con asistencia de abogado».
