Borrado penal del procés
El Constitucional admite todos los recursos autonómicos contra la Ley de Amnistía
En cuanto a la inconstitucionalidad de la norma planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado trámite a la Fiscalía para que se pronuncie antes de tomar una decisión
Tras el informe técnico que, tal y como adelantó El Debate, hace unas semanas determinó la legitimidad de las Comunidades Autónomas, sus Gobiernos y sus Parlamentos para plantear recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite todas las causas planteadas sobre la polémica norma.
Así lo ha confirmado la Corte de Garantías en una resolución adoptada esta misma mañana, en la que se confirma que entrará en el fondo de las impugnaciones presentadas por Aragón (en sendos recursos de Gobierno y Cortes), Andalucía (Junta), Cantabria (Parlamento), Islas Baleares (que solicita, además, suspensión), Extremadura (Junta), Madrid (Gobierno), Galicia (Gobierno), Castilla-León (Junta), Castilla-La Mancha (Junta), Murcia (Gobierno y Asamblea Regional por separado), La Rioja (Gobierno) y la Comunidad Valenciana (Gobierno) contra el texto que permite el borrado penal del procés, al considerar que no tiene encaje en nuestro ordenamiento.
Además de éstas, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido cuenta con otras cuatro cuestiones relativas a la aplicación de la Amnistía: una de las cuales fue instada por la Sala Segunda del Supremo y tres más elevadas desde la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En relación con esta última, dado que coinciden, simultáneamente en el tiempo, tanto la cuestión prejudicial como el recurso de inconstitucionalidad, el TC ha decidido dar traslado a la Fiscalía, conforme al artículo 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal, para que se pronuncie sobre este extremo antes de tomar una decisión definitiva.
Cabe recordar que la Ley de Amnistía fue admitida, el pasado 30 de mayo, con el respaldo de la mayoría absoluta del Pleno del Congreso que levantaba, de este modo, el veto del Senado y daba luz verde definitiva a su aprobación. La norma recabó el apoyo necesario, por la mínima, de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el del exministro de Transportes José Luis Ábalos (ahora en el Grupo Mixto), frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN.