Preguntas y respuestas de lo que ha ocurrido en Baleares

En el Pleno de este martes, el Parlamento balear convalidó dos decretos del Gobierno de Marga Prohens, uno de corrección de unas enmiendas que el PP votó a favor por error y otro relativo a proteger a personas y bienes en zonas inundables de las islas, y tumbó la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, que pedía Vox. La situación ha elevado la tensión entre dos partidos que hasta hace cinco meses eran socios de gobierno y entre quienes parecía haber entendimiento.

¿Cuál fue el origen del conflicto entre PP y Vox en Baleares?

El conflicto, que terminó de materializarse la semana pasada, se remonta al pleno del 26 de noviembre. Tras las votaciones de unas enmiendas a la ley de Simplificación Administrativa, el Grupo Popular pidió repetir una votación, al haber incurrido en un error, según explicó la portavoz adjunta, Marga Durán, a la hora de votar las 34 enmiendas de Vox: las respaldaron cuando en realidad tenían intención de votar en contra. Pero el partido de Abascal se opuso. Estas contemplaban desde cambios en la ley de Educación autonómica hasta en temas de vivienda, entre otros.

Por ejemplo, entre esas enmiendas de Vox, como ha contado El Debate, se recogía una para eliminar la parte del artículo 135 de la ley de Educación regional que establece «la consideración de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, como instrumento de cohesión social en las actividades educativas y complementarias y como vehículo de expresión normal en las comunicaciones y en el ámbito administrativo»; otra para modificar otro apartado de ese artículo para fijar que «los centros educativos mediante la aprobación de su proyecto lingüístico deberán garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales (...)».

Desde el Gobierno de Marga Prohens consideran que las 34 enmiendas planteadas por los de Abascal no eran asumibles, ya que, a su juicio, las de la lengua, por ejemplo, supondrían «acabar con el bilingüismo en la comunidad», u otra que plantea «construir en zonas naturales protegidas».

A partir del anuncio del PP sobre su intención de rectificar ese error en la votación, ambos partidos entraron en un cruce de reproches especialmente por la cuestión lingüística. La propia Marga Prohens recriminó a Vox que intentara «confundir» sobre las enmiendas, señalando que estas no hablaban, según la presidenta balear, de dos lenguas vehiculares, y advirtió de que no estaría en la «confrontación lingüística». Y Vox, por su parte, acusó al PP de estafa, criticando que en la oposición sí fueran partidarios de hacer el español lengua vehicular en la educación. Toda la negociación sobre los presupuestos que podía haber saltó por los aires, y llevó al Gobierno a retirar su proyecto por falta de apoyos.

¿Qué defendía el PP sobre la ley de memoria histórica?

Cuando en la legislatura pasada, en la que el PP estaba en la oposición, desde la izquierda se impulsó una ley de memoria, los populares votaron en contra del primer texto que se llevó a la Cámara, al considerarlo parcial. Durante su tramitación, lograron introducir cambios a través de enmiendas, como por ejemplo que se reconociera a todas las víctimas, no solo a las de un bando. La posición de los populares era estar a favor de que ese reconocimiento y en contra de lo que supusiera imponer una visión de la historia. Cuando se votó, apoyó parte de la ley.

¿Qué defiende ahora?

Tras el acuerdo de gobierno firmado con Vox, en el que se recogía expresamente la derogación de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Baleares, el PP defendió su derogación, y en esa posición se mantuvo después de que se rompiera el pacto en verano. Sin embargo, ha terminado acordando con el PSIB, Més per Mallorca y Més per Menorca abstenerse en la votación de la derogación, a cambio de su apoyo para convalidar los dos decretos citados.

Este lunes, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marga Durán, señaló que su derogación «nunca fue una prioridad» de su partido, pero que no tenían problema en que se derogara puesto que «sus planteamientos estaban contemplados y cubiertos en la ley de memoria democrática estatal y, además, se iba a mantener la ley de fosas, poniéndose muy pronto en marcha el V Plan de Fosas». Y en esa línea, se pronunció en el Pleno la diputada Cristina Gil i Membrado, que acusó a Vox de «deslealtad» e indicó que se derogara o no la norma, se aplicaría igualmente la ley estatal y seguiría vigente la ley de fosas.

¿Por qué ahora la postura del PP favorece a la izquierda?

Ayer la izquierda celebró que cayera la derogación y siguiera vigente la ley, puesto que la memoria histórica es una de las banderas que pretende enarbolar. Para los partidos de este espectro político, que hayan logrado que no se derogue la norma, además de que el Gobierno de Prohens haya retirado los presupuestos, viene a evidenciar que el Ejecutivo popular gobierna en minoría, y que la izquierda (un bloque con un escaño más) tiene fuerza, y ahora que se ha materializado la ruptura con Vox, urge a los populares a negociar unos presupuestos.

¿Qué defendía Vox sobre la ley de memoria histórica?

Vox es partidario de derogar las leyes de memoria. En el caso de Baleares, propuso su derogación la pasada legislatura, pero no prosperó. Y es una de las exigencias que planteó en las negociaciones para llegar a acuerdos de gobierno a nivel regional.

En la proposición que presentó el pasado junio en el Parlamento, denunciaba que esta norma atenta contra la igualdad de los españoles, dado que «procede a discriminar y apartar» a una parte de los españoles por su opinión o sus circunstancias en el momento de la Guerra Civil, y vulnera varios derechos fundamentales, desde la libertad de pensamiento o el derecho a expresar y difundir con libertad ideas y opiniones hasta la libertad de cátedra.

¿Qué defiende ahora?

Vox mantiene su postura de que es necesario derogar las leyes de memoria. Los dirigentes del partido en Baleares y a nivel nacional han reiterado que consideran que esta es una norma «nefasta» y acusan a los populares de «cobardía» y «sumisión a la izquierda criminal y separatista», en palabras de la portavoz, Manuela Cañadas.

¿Qué ocurre ahora entre PP y Vox?

El Pleno de ayer dejó un cruce de reproches entre ambas formaciones. La semana pasada el nivel de tensión era tal que se acentuaban los rumores de un posible adelanto electoral, algo que a ninguno de los dos parecía preocupar, al contrario. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Antoni Costa, expresaba que si bien la confianza en Vox «era mayor hace unas semanas», indicaba que la situación «no es inamovible», y en Vox, por un lado señalaban el lunes que el PP consumaba, con lo que ocurrió ayer, una «gran traición», pero, por otro, trasladaron que siguen con la «mano tendida» para hablar. Lo cierto es que ahora mismo no parece haber puentes entre ambos. Por el momento, el Gobierno se ha abierto a dialogar con todos los grupos con la intención de sacar unas cuentas públicas.

¿Qué ocurre ahora con la ley de memoria?

En el Pleno de este martes, los 26 diputados de la izquierda votaron en contra de su derogación y los 25 diputados del PP se abstuvieron, por lo que decayó la proposición de Vox. De esta manera, la ley seguirá vigente en la región.

Esta busca reconocer, según indica en el preámbulo, «los derechos a la reparación, a la verdad y a la justicia de todas las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista», por tanto, no incluye a las de la Segunda República. Entre otras cosas, prevé retirar «menciones, vestigios y símbolos franquistas» e impulsar «itinerarios de la memoria»; también establece qué se considerará acto contrario a la memoria democrática y contempla un régimen sancionador, con multas que pueden ir desde los 200 euros a los 150.000, según el nivel de la infracción.