Ábalos denuncia a la Guardia Civil por interceptar y abrir una carta para él siendo aforado

José Luis Ábalos ha comparecido este jueves en el Congreso para anunciar que ha denunciado a la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por no respetar su condición de aforado. Según el exministro, ahora que ha tenido acceso a la documentación del caso ha descubierto un oficio en el que los agentes detallan un operativo desplegado el 4 de noviembre de 2023 para interceptar una comunicación que iba dirigida a él.

«Cogieron el sobre, lo abrieron y leyeron su contenido», ha contado. Y dejaron que quien tenía que entregárselo, Joseba García, se lo entregara sin que se percatase de nada. Según él, se incautaron de su correspondencia cuando no podían hacerlo porque estaba blindado -y lo sigue estando- por su condición de aforado. «Se está violentando claramente a un representante electo», según él. «Que se me diga desde cuándo he sido investigado», ha exigido. No obstante, ha afirmado que en ese sobre no encontraron nada más que «un documento de acceso público».

Ábalos ha esgrimido el artículo 535 del Código Penal: «La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años».

En su comparecencia ha negado que tenga un pacto con Koldo García, y mucho menos con el Gobierno o el PSOE. «No hay ni siquiera conversaciones, ningún contacto con el Gobierno ni con la dirección del partido», ha remachado. También ha dejado claro que no dejará su acta de diputado.

Su comparecencia se ha producido un día después de que el Tribunal Supremo elevara el suplicatorio a la Cámara Baja para poder imputar a Ábalos formalmente por la posible comisión de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, al apreciar «indicios cualificados» de que el exministro de Transportes es una pieza clave de la trama.

Como ya informó El Debate, la decisión de Puente ha puesto en jaque el relato político del Gobierno que, hasta la fecha, cuestionaba la validez y contundencia de las pruebas de Víctor de Aldama. Tras escuchar el juez al empresario, al propio Ábalos -que compareció el jueves pasado voluntariamente- y a Koldo García, decidió pedir el suplicatorio al Congreso.

El PSOE ya anunció ayer que votará a favor. No obstante, no se prevé que llegue al Pleno de la Cámara Baja hasta febrero.