El CGPJ alerta sobre los riesgos de entregar la instrucción penal a una Fiscalía subordinada al Gobierno

«El nuevo modelo del proceso penal» en España «sólo puede ponerse en marcha si antes se lleva a cabo una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que refuerce su independencia». El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) considera que es «imperativa» una revisión del organigrama de la operativa de la Fiscalía antes de entregarle la instrucción de las causas penales (puntos 70 y 79).

Así se desprende, como adelantó El Debate, del dictamen preceptivo emitido de manera unánime por el Consejo y previo a la tramitación de la modificación normativa. En un contexto en el que, tras la imputación del fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos y al hilo de las polémicas que se han suscitado en el seno de la institución por una política de nombramientos discrecionales que ha favorecido a los perfiles más afines a su titular, sentenciado en el Supremo por «desviación de poder», los vocales del máximo órgano de representación de jueces y magistrados alertan de los riesgos de encargar al Ministerio Público, sin más, la dirección de los procedimientos penales.

Por ello, en el marco del informe remitido al legislador y sobre las modificaciones previstas, si es que la propuesta resulta finalmente aprobada en tramitación parlamentaria, el Pleno del CGPJ condiciona la futura entrada en vigor del texto a una revisión, en profundidad, del Estatuto del Ministerio Fiscal con cambios importantes para garantizar su autonomía e imparcialidad.

En primer lugar, el Consejo establece la no coincidencia del plazo de duración del mandato del fiscal general con el plazo ordinario de cada legislatura (punto 89). Esto es, que el cargo del titular del Ministerio Público se desvincule al período de 4 años del Gobierno que lo designa.

Además, se incorpora una «prohibición expresa y taxativa» a que el Gobierno pueda dirigir órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún tipo al titular del Ministerio Público (punto 92). O, lo que es lo mismo, desterrar aquella fatídica pregunta del actual responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una entrevista: «¿De quién depende la Fiscalía?. Pues eso».

El CGPJ incide en la necesidad de reforzar la toma de decisiones colegiadas en el seno de la institución fiscal, imponiendo para ello el carácter preceptivo, y en su caso vinculante, del informe del Consejo Fiscal o de la Junta de Fiscales de Sala con mayor asiduidad de la habitual y no sólo en algunos casos concretos de discrepancia (punto 93).

De manera unánime, el Consejo se opone a la «desjudicialización» del proceso penal en nuestro país que podría derivarse de un cambio sustancial en la arquitectura de las causas, si no se establecen revisiones y contrapesos a la actuación de una Fiscalía tan politizada como la actual.

No en vano, en el documento aprobado por el CGPJ tras el análisis del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se reserva al juez de garantías la adopción de cualquier tipo de medidas cautelares durante la investigación de la causa (punto 124 B).

El juez es, también, quien deberá autorizar a las acusaciones el ejercicio de la acción penal cuando no la ejerza la Fiscalía de oficio (artículo 191.9)

Al igual que el CGPJ considera que la decisión definitiva sobre el archivo de un procedimiento, o su continuidad en el tiempo y las práctica de nuevas diligencias, debe quedar en manos judiciales (artículo 587.4).

La polémica reforma del Estatuto Fiscal

Cabe recordar que, el pasado mes de abril, tras confirmarse la renovación de su segundo mandato como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocó a las asociaciones de fiscales a una mesa de trabajo, en la que les encargó que asumiesen la redacción del que sería su nuevo Estatuto. Sin embargo, tras un par de desencuentros «irreconciliables» dos de las tres entidades abandonaron la negociación.

La primera en hacerlo fue la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que, apenas seis días después del arranque el grupo de la comisión técnica prevista, dirigía una durísima carta a García Ortiz, al hilo de sus maniobras en la causa de las filtraciones de la investigación tributaria al novio de Isabel Díaz Ayuso.

«La última actuación del Fiscal General del Estado (FGE) en la que, al hilo de un acto de toma de posesión de fiscales, asume la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid», con datos confidenciales de un ciudadano particular, en la que «no aclara si la orden partió de él mismo, resulta insuficiente» para la Comisión Ejecutiva de la entidad profesional que, por lo tanto, salía del grupo redactor.

Poco después le seguiría la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) que, además, en los últimos días ha reclamado que se regule «de manera expresa» la comunicación entre el Ministerio Fiscal y el Gobierno en el nuevo Estatuto, que debería redactarse, en un momento en el que considera que está «en juego la credibilidad de la institución». Una exigencia procedente de una encuesta a sus más de 600 asociados sobre la creación de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

«La Fiscalía no es un órgano de comunicación entre el gobierno y los tribunales, esa imagen no nos representa», declaraba la presidenta de la AF y fiscal decana de Barcelona, Cristina Dexeus, en una nota informativa. No en vano, la entidad mayoritaria «siempre ha reivindicado la independencia del Ministerio Público respecto del Gobierno".

«Es necesario que, por razón de transparencia, se regulen estatutariamente las comunicaciones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público y que las mismas consten por escrito. Está en juego la credibilidad de la institución», advertía Dexeus.