Así están las leyes de memoria en cada región, en pleno rodillo ideológico del Gobierno de Sánchez

hace poco más de dos semanas, Pedro Sánchez anunciaba en un acto en homenaje a las víctimas del franquismo que en 2025 se llevarán a cabo un centenar de actos por el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, bajo el título 'España en libertad'. Lo hacía en plena ebullición de los casos de corrupción que le rodean. A la memoria «democrática» recurrió también en abril, cuando incluso llegó a visitar por sorpresa el Valle de los Caídos y a fotografiarse en la cripta, donde se llevan a cabo los trabajos para las exhumaciones.

En aquel momento, amenazó a los ejecutivos autonómicos de PP y Vox con recurrir ante el TC, e incluso llevar ante la ONU o el Consejo de Europa, la derogación de las leyes de memoria autonómicas y las leyes de concordia impulsadas por esos gobiernos en varias regiones para sustituir a aquellas, y luego lo llevó a la práctica en el caso de una de ellas. Y en el acto de este mes de diciembre volvió a arremeter contras esas normativas. «Vamos a velar para que ninguna ley de falsa concordia desvirtúe el deber de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición que ensalza la ley de Memoria Democrática», dijo.

Por otro lado, cabe señalar que, como apuntó El Debate, el bloque izquierdista del Tribunal Constitucional pone en cuestión que un parlamento autonómico pueda derogar una ley de memoria. Es lo que vendría a cuestionar el propio Gobierno al plantear que pueda ser inconstitucional revocar una norma en este caso impulsada por el anterior Ejecutivo regional y votada por una Cámara con una representación distinta a la de esta legislatura.

En este contexto, se hace necesario recordar en qué situación se encuentran las leyes de memoria autonómicas. Porque además precisamente hace unos días se volvió a abrir el debate a raíz de que el Gobierno de Baleares decidiera no derogar la norma, como en un principio iba a hacer. En las islas, tras sellar los populares un acuerdo con los partidos de la izquierda para abstenerse en la votación de su derogación a cambio de su respaldo para que salieran adelante dos decretos, finalmente decayó la propuesta que había planteado Vox -en su momento, en el marco de un acuerdo de gobierno con el PP- para revocar la norma.

La ley de memoria histórica se ha derogado en Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Cantabria. En el primer caso, se derogó fruto de un acuerdo entre PP y Vox. Es la única que, por el momento, el Gobierno de Sánchez ha recurrido ante el Constitucional. Si bien en un principio la Corte de Garantías suspendió la derogación cautelarmente, ese plazo finalizó en noviembre, por lo que por ahora sigue vigente (la derogación). En esta comunidad el Ejecutivo planteó un Plan de Concordia, que no tiene rango de ley, a diferencia de lo que se impulsó en otras regiones.

En el caso valenciano, también formaba parte del pacto de gobierno entre ambos partidos suprimir esta norma, y así se hizo antes de verano. Además, el pasado julio las Cortes Valencianas aprobaron la ley de Concordia planteada por PP y Vox. Por el momento, el Gobierno central no ha presentado recurso. Y en Cantabria, donde gobierna el PP en minoría, el Parlamento regional la derogó en noviembre.

Además de Baleares, hay otras dos comunidades donde se planteó su derogación, pero no se ha producido. Una es Castilla y León. El acuerdo de gobierno entre el PP y Vox contemplaba el compromiso de derogar la ley y ambos eran partidarios de impulsar una ley de concordia para sustituirla. Sin embargo, y ya con Vox en la oposición, el PP votó en contra de su toma en consideración alegando la falta del informe del Consejo Consultivo. La otra región es Extremadura. Desde la Junta se señaló que «no es una prioridad ni está sobre la mesa» derogar esta ley en la comunidad, como ya había indicado María Guardiola a los pocos días de la salida de Vox del Gobierno.

En Cataluña, el Gobierno de Salvador Illa aprobó hace dos semanas el proyecto de ley de memoria -que ya impulsó la pasada legislatura el expresidente, Pere Aragonès, pero no pudo continuar la tramitación dado que se convocaron elecciones- después de un acuerdo con ERC.

También hay una ley de memoria democrática vigente en Asturias, que fue aprobada en 2019, impulsada por IU y apoyada por toda la izquierda; en Andalucía, aprobada en 2017, con el apoyo de la izquierda y la abstención de PP y Cs; en Canarias, aprobada en 2018, durante el Gobierno de Coalición Canaria; en La Rioja aprobada en 2022, impulsada por la izquierda; en el País Vasco, aprobada en 2023, con el apoyo del PNV, Bildu y el PSE; y en Navarra, aprobada en 2013 (llamada ley foral «de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936»). En estos casos, sus respectivos gobiernos no se plantean derogarla. Por el contrario, no cuentan con una norma propia ni Castilla-La Mancha, ni la Comunidad de Madrid, ni Galicia, ni Murcia.