Pere Soler, de dirigir a los Mossos el 1 de octubre a recibir un sueldo del Estado como consejero de la CNMC

Pere Soler Campins (Terrassa, 1967) es nuevo consejero de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC). Cobrará por este cargo 125.0000 euros, cantidad que le va a pagar un Estado del que se quería separar. De hecho, formaba parte del ala más dura de la antigua Convergencia, de los considerados «talibanes».

El Gobierno cree que es una persona idónea para ocupar este puesto, teniendo en cuenta que fue director general de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), y presidente del Tribunal Arbitral de Terrassa. También fue concejal en esta ciudad por Convergència y ocupó otros cargos públicos en Cataluña. Pere Soler es abogado especialista en derecho mercantil y europeo.

Pero no es reconocido por esta actividad que destaca el Gobierno, sino por ser el director de los Mossos de Esquadra cuando se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Soler sucedió en el cargo a Albert Batlle, que renunció porque no estaba dispuesto a romper con la neutralidad de la policía autonómica. Pero Pere Soler, sí. De hecho, fue acusado de rebelión por su participación en esta consulta, en concreto por el papel que jugaron los Mossos de Esquadra, marcado por la inacción, aunque finalmente fue absuelto.

En el sumario se decía de él que «daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum ilegal». Protección que prometió a Francesc Sutrias, quien fuera director de Patrimonio de la Generalitat, y que participó «activamente», según la Guardia Civil, en la logística para llevar a cabo la consulta.

Durante el juicio defendió que no dio ninguna instrucción a los responsables de la policía autonómica para que protegieran la celebración del referéndum, del mismo modo que aseguró que nadie le pidió que hiciera algo ilegal. «Habría dimitido», aseguró entonces. Pero lo cierto es que envió un correo al mayor Josep Lluís Trapero en el que le daba las instrucciones sobre cómo debían actuar los Mossos. Básicamente, le decía que no podían «permitir» que se obligara a «impedir al cuerpo nada que en sí mismo» no fuera «delito», en referencia al referéndum porque, como Govern, de acuerdo con el mandato parlamentario recibido, se había decidido ejercer el derecho de autodeterminación. Además, proponía iniciar una campaña «yo acuso» para llamar a los ciudadanos a acudir a los tribunales para autoinculparse por el 1-O.

Los tuits de Soler

También reconoció Soler durante ese juicio que Trapero le pidió que «dejara de publicar tuits». Mensajes en la antigua Twitter que no dejaban en muy bien lugar al entonces director de los Mossos. En esta red, por ejemplo, llegó a afirmar que «Espero que nos vayamos ya porque me dais pena todos los españoles». Un tuit que le reprochó el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al que Soler respondió así: «Es muy triste que utilicéis este tuit para generar crispación, si lo he borrado es para que no lo utilices para fomentarla». Pero uno de los mensajes que generó más polémica es el que publicó en julio de 2017. Participó en el acto «Garantías para la Democracia», a instancias de Junts pel sí. Y el tuit en cuestión lo acabó con un «votaremos 1O. ¡No lo podrán evitar!».

A la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, le dijo que «todos los catalanes también los nacidos en Andalucía, si queremos nos vamos a ir con o sin referéndum, queda claro?». También sobre la dirigente andaluza dijo que «Susana de pasa de rebujito». Y no dudó en criticar a los bancos, como el Sabadell, Bankia, el BBVA o La Caixa: «Uh! Oh! Qué miedo nos dais!! Dais pena aparte de risa!».

En cualquier caso, el nombramiento de Soler no es el único que ha resultado polémica. Hay que recordar que también ha levantado ampollas que Miquel Calçada, conocido como Mikimoto, sea miembro del consejo de RTVE a propuesta de Junts. Este periodista protagonizó un escándalo mediático por un episodio del programa que entonces dirigía en TV3, Persones humanes. Decidió dedicar el espacio a burlarse de la infanta Elena, algo que provocó una protesta oficial de la Casa Real y obligó tanto al propio Calçada como al entonces presidente de la Generalitat a disculparse oficialmente.