Castilla y León prorroga los Presupuestos de 2024 ante la falta de acuerdo para aprobar las cuentas

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en la reunión del último Consejo de Gobierno del año la prórroga del Presupuesto General de la Comunidad de 2024 ante la falta de acuerdo con otros partidos para sacar adelante el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2025 que presentó el Gobierno regional en octubre.

Como ha detallado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, el decreto establece qué créditos de 2024 se prorrogan, el cumplimiento del déficit público fijado en el 0,1 por ciento del PIB –70 millones de euros–, así como la regulación de los gastos durante la prórroga y su ámbito de aplicación.

De este modo, la Comunidad presidida por Alfonso Fernández Mañueco iniciará 2025 con estas cuentas que surgieron del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, roto desde julio, y que fueron aprobadas en las Cortes el 2 de mayo de 2024.

Con esta prórroga Castilla y León ya suma ocho en historia de la Comunidad –cinco en los últimos seis años– con la particularidad, en esta ocasión, de que el Gobierno autonómico ha logrado sacar adelante el techo de gasto no financiero para 2025 que sustentaría las cuentas de este año, que finalmente se han quedado en fase de anteproyecto de ley.

No obstante, como ha defendido Fernández Carriedo, el haber conseguido sacar adelante el límite de gasto no financiero en las Cortes ofrece «estabilidad» al conjunto de la Comunidad, una «certidumbre» que, como ha subrayado, se afianza con la aprobación en el último Consejo de Gobierno de esta prórroga.

Fernández Carriedo ha garantizado que la Junta sigue con su voluntad de «mano tendida» y mantiene la negociación con los partidos políticos con representación en las Cortes para «intentar un acuerdo».

Así, en esta última semana, el portavoz de la Junta se ha puesto en contacto con todos ellos para lograr apoyos en torno a las cuentas y ha remitido la documentación pertinente a quienes enviaron propuestas concretas, como es el caso del PSOE, aunque, como ha reiterado, a su juicio, la mayoría de las peticiones ya están contempladas en el anteproyecto de ley presentado por la Junta.

«No nos planteamos un escenario de cierre a partir del que no pueda haber contacto», ha asegurado Fernández Carriedo sobre la negociación, al tiempo que ha insistido en que en esta tercera ronda de contactos se ha comunicado con todos los grupos, incluso con Vox, desde donde se ha reiterado una vez más su voluntad de no trabajar en estas cuentas.

A su vez, ha explicado que tener el presupuesto prorrogado y contar con un techo de gasto superior al de 2024 supone que hay más fondos para recursos finalistas, al tiempo que ha defendido que, pese a tener las cuentas de 2024, las consejerías tienen una «hoja de ruta clara» en base al anteproyecto de ley de 2025 donde se recogen los «principales objetivos» de cada área.

«La prórroga ofrece estabilidad, certidumbre y garantiza el funcionamiento de la administración con unos recursos que permiten asegurar servicios públicos de máxima calidad», ha defendido.

El decreto

Con la aprobación del decreto a partir de 1 de enero de 2025, quedan prorrogados los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024. La norma tiene cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final, así, el artículo primero establece los créditos que se prorrogan y los que no.

El artículo segundo establece que la disposición de los créditos prorrogados se supedita al cumplimiento de la tasa de déficit público comunicada para 2025 del 0,1 por ciento del PIB. Para ello, la Junta a propuesta del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá acordar la no disponibilidad de los créditos que estime necesarios para su cumplimiento.

El tercer artículo regula el orden y cómo se imputarán los gastos durante el período de prórroga para garantizar el equilibrio financiero en todo momento. Asimismo, para facilitar dicha imputación durante el período de prórroga, se especifica qué se entiende por actuación no finalizada, precisando que tiene tal consideración, toda aquélla derivada de acuerdo, plan o promesa realizados por la Administración regional con anterioridad a 31 de diciembre de 2024.

Además, se determina que los créditos financiados con recursos finalistas podrán imputarse por la totalidad del gasto elegible correspondiente; y, por último, se prevé que el consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Junta la no disponibilidad de los créditos necesarios para así garantizar la cobertura presupuestaria de las retribuciones del personal al servicio de la Administración General e Institucional de la Comunidad.