Las decisiones más polémicas del Gobierno de Sánchez en 2024

Este martes terminó un año que políticamente ha estado marcado por los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno, al partido y al entorno más cercano de Pedro Sánchez, pero también ha dejado varias decisiones polémicas que se suman a la lista de las tomadas por el PSOE y sus socios desde hace seis años y que han traspasado los límites que ningún otro Gobierno traspasó en democracia, desde las cesiones al independentismo hasta el control de las instituciones. Estas son algunas de ellas:

Ley de amnistía

Se empezó a negociar meses antes de que acabara 2023, como uno de los pagos más altos para la investidura de Sánchez tras las elecciones generales de julio y tras algunas idas y venidas por parte de Junts para ampliar la aplicación de la norma, esta ley, que supone el borrado penal del procés, y que hasta el 23-J los propios socialistas rechazaban, fue aprobada en el Congreso en el mes de mayo, con 177 votos a favor y 172 en contra. Contra ella se han interpuesto hasta 16 recursos por parte de las comunidades autónomas, que han sido admitidos a trámite hace escasas semanas.

Acuerdo con ERC para el cupo catalán

En julio, después de las elecciones catalanas, el PSC y ERC alcanzaron un acuerdo para investir a Salvador Illa presidente. Uno de los puntos de ese pacto es establecer un concierto económico singular para Cataluña, lo que se ha venido llamando cupo catalán. Un modelo contra el que se ha levantado una amplia mayoría de regiones, incluidas las gobernadas por socialistas, denunciando que supone quebrar los principios de igualdad y solidaridad entre territorios y un ataque, por ende, a la Constitución, en la que se consagran estos principios. Por el momento no se ha materializado.

Ley de Seguridad Ciudadana con Bildu

Si en la pasada legislatura el Gobierno decidió aprobar la ley de Memoria Democrática de la mano del partido de Arnaldo Otegi, en la actual le ha permitido tener en su mano la reforma o la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana, como un nuevo pago a su apoyo parlamentario incondicional.

Gestión de la dana

Uno de los acontecimientos que ha supuesto un punto de inflexión para España este 2024 ha sido la tragedia provocada por la dana, que asoló especialmente Valencia hace dos meses. Se ha criticado tanto la gestión del Gobierno como la actitud del propio Pedro Sánchez. Desde su frase «si necesitan más recursos, que los pidan» y su huida de Paiporta entre las protestas de los vecinos de las zonas afectadas hasta su intento de vincular los presupuestos a las ayudas. El presidente del Ejecutivo no ha vuelto a la zona de la catástrofe desde aquella visita con los Reyes.

Ley Txapote

En octubre, entró en vigor la reforma de la ley orgánica 7/2014 que conmuta penas cumplidas en otros países europeos y que beneficiará a más de 40 etarras, la conocida como ley Txapote. La norma en un principio contó con el apoyo unánime del Congreso (si bien habría salido adelante sin el apoyo de PP y Vox), hasta que, alertados por las víctimas del terrorismo, la oposición cayó en el error y trató de enmendarlo. Pese a las peticiones reiteradas de PP y Vox para que se diera marcha atrás, el Congreso que preside la socialista Francina Armengol ignoró el veto a la norma expresado del Senado y se envió al Gobierno para que fuera publicada en el BOE. La Cámara Alta ha llevado esta misma semana al Constitucional el choque institucional contra el Congreso.

Presiones a los jueces

En pleno cerco en los tribunales por los casos de corrupción, con su mujer y su hermano imputados, el propio presidente del Gobierno, que recientemente se ha descrito como víctima de «acoso» judicial, llegó a decir que el PP juega con «las cartas marcadas» al contar, según él, con la ayuda de algunos jueces. Antes de ello, ya desde el PSOE, el portavoz parlamentario, Patxi López, se había dirigido contra parte de la judicatura al asegurar que hay un «frente judicial» contra el Gobierno y que algunos jueces hacen «activismo político». Desde Moncloa se ha llevado a cabo una campaña contra el magistrado Juan Carlos Peinado, al que han acusado de prevaricar.

Plan de Acción para la Democracia

Fue en septiembre cuando oficialmente el ministro Félix Bolaños presentó lo que el Gobierno llama el 'Plan de Acción para la Democracia', con una treintena de medidas, como la reforma de las leyes del derecho al honor y a la rectificación, la creación de un registro de medios o limitar la financiación de las administraciones públicas a los medios. Todo ello en el marco de la «regeneración democrática» que Sánchez quiso abanderar desde su periodo de reflexión frente a la «máquina del fango» y los «bulos» propagados, según él, por los «pseudomedios» en el contexto de la apertura de diligencias contra su mujer. Al poco de cerrar el año han empezado a dar los primeros pasos con el anteproyecto de la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación.

Control de las instituciones

A lo largo de estos seis años se ha ido produciendo un intento de colonizar las instituciones públicas por parte del Gobierno. Como ya ha contado El Debate, Sánchez ha puesto a socialistas o afines al frente de hasta 40 entidades públicas, desde el CIS hasta Correos. Muy controvertido fue el borrado de los ERE, el mayor caso de corrupción de la democracia española, por parte del Tribunal Constitucional. También lo fue el asalto a RTVE, repartiéndose entre el PSOE, Sumar, ERC, Junts, el PNV y Podemos los once consejeros del ente público. Y especialmente señalada está siendo la Fiscalía General del Estado —con Álvaro García Ortiz actualmente imputado por presunta revelación de secretos—, una institución que ha salido al rescate del Gobierno en varias ocasiones.