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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.Europa Press

Tribunales

García Ortiz recurrió a un afín al PSOE para hacerse con el registro de sus llamadas que ya tiene la cúpula de Telefónica

El fiscal general del Estado trata de reconstruir el listado de números entrantes y salientes en su antigua línea móvil, entre los días 8 al 14 de marzo de 2024, antes de que lleguen al juez

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tratado de conseguir, antes que el juez, el listado de llamadas enviadas y recibidas en su móvil personal, comprendidas entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, como reveló El Debate en exclusiva. Para ello habría recurrido a un intermediario, afín al PSOE, que a su vez habló con la cúpula de Telefónica España con la intención de que se le proporcionase dicha información. Se trataría, por lo que ha podido adelantar este diario, un perfil muy afín a Pedro Sánchez, que hizo de interlocutor entre el titular de la Fiscalía y los responsables del equipo de clientes VIP de la operadora española.

Una figura que, según ha podido confirmar El Debate, tendría hilo directo tanto con la más alta dirección de la corporación como con La Moncloa. Un hombre clave en el universo empresarial fraguado en torno al círculo empresarial más próximo a Pedro Sánchez que, haciendo uso de esta posición, habría trasladado el interés del fiscal general por obtener el detalle de sus comunicaciones de voz durante los 7 días fiscalizados en la causa que pesa sobre él.

García Ortiz ha intentado reconstruir de esta manera, y a través de una gestión extraoficial e indirecta, el histórico de los números con los que contactó, en el período clave por el que se le investiga el Tribunal Supremo, donde se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Un intento con el que, previsiblemente, busca anticiparse a la información pendiente de remitirse desde la compañía al juez, y que ya obra en poder de la cúpula empresarial en formato impreso.

Cabe recordar cómo, principios de esta semana, el juez instructor del Supremo en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, por una presunta revelación de secretos, el magistrado Ángel Hurtado solicitaba a dos operadores de telefonía móvil un listado de los números registrados en el móvil Álvaro García Ortiz, durante los días de autos –que además de con la presunta filtración de datos protegidos del novio de Díaz Ayuso, coincidió con la aprobación de la polémica Ley de Amnistía– antes de que éste cambiase de terminal, tras conocer que estaba siendo investigado.

El juez Hurtado se dirigía a las compañías Vodafone y Telefónica para que le enviasen una copia literal de dichos registros, con el objetivo de conocer la totalidad de los números, y la identidad de los titulares de los mismos, para identificar con quién o quiénes habló García Ortiz en aquellos días y si alguno de ellos tiene relevancia, o no, en este procedimiento que avanza, envuelto en no pocos escándalos, hacia su procesamiento.

No en vano, varios penalistas consultados por El Debate apuntan a la «gravedad» de esta última maniobra intentada desde el entorno del titular de la Fiscalía. Y es que al estar Telefónica concernida por un requerimiento judicial relativo a la documentación de García Ortiz, previo a la solicitud de éste, el «deber de custodia» y de confidencialidad sobre la misma se multiplica de forma exponencial en relación a los niveles de protección de datos habituales. Es más, algunos de ellos apuntan a este diario la necesidad de que desde la empresa se ponga en conocimiento del juez lo ocurrido, de acuerdo con el Compliance corporativo, para evitar consecuencias legales indeseadas.

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