Un abogado penalista advierte de los «efectos no deseados» que podría causar la ley Begoña

El Gobierno tiene prevista una reforma del sistema judicial que dejaría sin efecto algunas de las investigaciones que más le están erosionado públicamente. El Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez pretende aprobar una norma que modifica la acusación popular en los procesos judiciales, entre otras materias.

A nadie se le escapa que los casos del hermano y la mujer de Sánchez (así como el caso que cerca al fiscal general del Estado) se verían afectados por esta proposición de ley, una maniobra que ha puesto de acuerdo en su rechazo a todas las asociaciones judiciales (de derechas e izquierdas).

El abogado penalista José María de Pablo, muy activo en redes sociales por su labor divulgativa, ha concedido una entrevista en Onda Cero donde ha advertido ante los posibles «efectos no queridos de esta norma».

«Es peligroso y preocupante, en primer lugar por lo que subyace detrás de la ley», ha dicho el letrado, en alusión al carácter caprichoso y oportunista de la norma, que escaparía a cualquier evaluación por parte del Consejo de Estado o del CGPJ al tramitarse como proposición de ley. «Es una ley procesal que normalmente no son retroactivas. Aplica a los casos en tramitación y sabemos en qué casos está pensando el legislador», ha añadido José María de Pablo.

«Cuando se presenta una ley pensada para un caso concreto, tiene efectos no queridos en otros casos como pasaba con la malversación», recuerda el abogado, en alusión a cuando Sánchez modificó el delito de malversación pensando en sus socios separatistas y acabó condicionando otros casos de corrupción. «Hay muchos procedimientos abiertos en España en los que interviene la acusación popular. En concreto, uno de los efectos, en todas las piezas de la Operación Púnica, habría que expulsar al PSOE y Podemos que están ejerciendo la acusación popular».

Estas restricciones a la acusación popular, además de a partidos políticos, afectarían a agrupaciones de la sociedad civil como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, tal y como recuerda el abogado, quien considera «mucho más urgente (...) dotar de independencia» a la Fiscalía General del Estado tras la imputación de García Ortiz.