José Luis Ábalos, este lunes en el Congreso
El relato del «lawfare»
Ábalos usa los argumentos de la 'ley Begoña' para intentar frenar su suplicatorio
El exministro defiende en el Congreso sus alegaciones a la petición del Supremo para investigarlo. En ellas habla de «un procedimiento judicial de motivación política», siguiendo la tesis socialista
La reforma judicial que el grupo parlamentario socialista registró el pasado viernes ha puesto la alfombra roja a José Luis Ábalos en sus alegaciones al suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo al Congreso para poder investigarle.
El exministro de Transportes compareció este lunes a puerta cerrada ante la Comisión del Estatuto de los Diputados para defender por qué cree que el Pleno no debería votar a favor de su suplicatorio, toda vez que el juez Leopoldo Puente considera que hay «indicios bastantes» de la presunta comisión de cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
En su alegato en defensa propia, Ábalos sostuvo que éste es «un procedimiento judicial de motivación política» y que, además, está «repleto de irregularidades». Una operación «sucia e irregular» que achacó al «empeño de la derecha y la ultraderecha en su conjunto» de deslegitimar al Gobierno progresista «porque entienden que el poder les pertenece».
Su tesis, expuesta en 88 folios, redunda en la que el PSOE defiende en la exposición de motivos de la proposición de ley con la que pretende intervenir la Justicia por la vía rápida, y que el PP ya ha bautizado como 'ley Begoña'. En ella, y ante el avance de los casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez, los socialistas alimentan el relato de que existe lawfare y una judicialización malintencionada de la política.
También sostienen que se han generalizado en España «situaciones de acoso contra determinados colectivos, como artistas, activistas, creadores y también representantes políticos, que pretenden limitar sus derechos haciendo un uso abusivo de las instituciones y de determinadas disposiciones legales, cuya configuración y fines reales no están en absoluto destinados a servir a las estrategias de acoso y exclusión», según el texto de la proposición de ley.
Ábalos trasladó a los miembros de la Comisión que hoy es él, pero mañana puede ser cualquier otro diputado de la Cámara Baja. En diciembre, el también exsecretario de Organización del PSOE pidió al juez la nulidad de toda la investigación con el argumento de que se habían vulnerado «tanto las garantías procesales (...) como los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución».
Según él, fue investigado ilegalmente por la UCO siendo aforado, porque los agentes accedieron a su correspondencia privada, violando así el secreto de las comunicaciones. La realidad, como contó El Debate entonces, fue otra. La UCO tenía pinchado los móviles de Koldo García y de su hermano, Joseba García, ambos imputados en la causa. El 3 de noviembre de 2023, los agentes escucharon cómo Koldo le dijo a Joseba que tenía que viajar a Valencia para entregar unos papeles que le habían dado para «José». A partir de ahí montaron un dispositivo para interceptar el sobre simulando un control de carretera.
Los miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados se reunirán este martes para cerrar sus conclusiones y trasladar una propuesta al Pleno. Lo previsible es que apoyen la petición del juez Puente.
El Reglamento del Congreso establece que el suplicatorio de un diputado debe votarse en el siguiente Pleno ordinario, pero eso supondría dilatarlo hasta febrero, porque enero es un mes inhábil en el calendario ordinario de sesiones. No obstante, el día 22 de enero habrá un Pleno extraordinario para someter a convalidación tres reales decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros el pasado diciembre. Varios grupos parlamentarios intentarán que ese día también se vote el suplicatorio de Ábalos.
