El Gobierno reta al juez a probar que la Moncloa participó en un delito: «Son elucubraciones»

El Ejecutivo no se da por aludido en el último auto del juez instructor del caso del fiscal general del Estado, a pesar de que Ángel Luis Hurtado apunta a la implicación de la Presidencia del Gobierno en un delito de revelación de secretos, cuanto menos. Es más: reta a éste a que lo pruebe.

La ministra portavoz fue preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y desdeñó el contenido del auto. «Me va a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones. No hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios, y aquí no los hay. Por tanto, me permitirá que no valore elucubraciones», sostuvo Pilar Alegría.

En concreto, el juez instructor escribió: «Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación Elplural.com». Motivo por el que Isabel Díaz Ayuso denunció este martes la existencia de un «Watergate». A lo que el ministro Óscar López, que cuando sucedieron los hechos era el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, replicó: «No diría que es un Watergate, sino que es un Whiskygate».

Alegría tampoco quiso entrar en el «futurible» -así lo definió- de que el Tribunal Supremo acabe abriendo juicio oral a Álvaro García Ortiz. No en vano, el presidente tendría que decidir si seguiría respaldándolo o no, aunque la decisión parece tomada, porque sosteniéndolo Sánchez se está protegiendo a sí mismo. «Ante un futurible me permitirá que sea prudente. Lo que sí le puedo garantizar es que este Gobierno siempre va a apoyar al que persigue el delito y no a quien lo comete. Vaya por delante de nuevo la confianza y el apoyo absoluto del Gobierno al fiscal general del Estado», afirmó la portavoz. Ésta también aseguró que el Ejecutivo tiene «confianza» en la Justicia y que no comparte la decisión del juez de citar al fiscal a declarar como imputado el 29 de enero.

En la rueda de prensa en la Moncloa también participó el ministro del Interior, que fue preguntado por otra de las partes del auto de Hurtado. En concreto, aquella en la que defiende la labor de la UCO: «Conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias», según el instructor.

Fernando Grande-Marlaska fue tajante inicialmente, pero después se matizó a sí mismo. «Por supuesto que respaldo todos y cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional. También bien saben que los informes de la UCO son distintamente, o de forma diferente interpretados por determinadas instituciones y determinados colectivos. También me llama la atención que, en casos muy significativos, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial». Con esto último se refería al caso Begoña y a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir con la investigación pese a que hubo un primer informe de la UCO, en verano, que no veía indicios de delito en las adjudicaciones públicas a las empresas de Carlos Barrabés.