La implicación de la Moncloa explica el empeño de Sánchez en sostener al fiscal general

Ni siquiera el día en el que presentaba sus propuestas en materia de vivienda, delante de más de medio Gobierno, pudo Pedro Sánchez tener la fiesta en paz. El auto del instructor del caso del fiscal general del Estado arruinó de nuevo los esfuerzos del presidente por salir del bucle judicial y volver a marcar la agenda política. Algo que no consigue desde hace meses.

«Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación Elplural.com». Esa frase del juez Ángel Luis Hurtado no solo da por sentada la participación de la Moncloa en la filtración de información privada sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y su intencionalidad política, sino que también explica el empeño del Ejecutivo en blindar a Álvaro García Ortiz.

El fiscal general del Estado, con su silencio, está protegiendo al presidente del Gobierno y su Gabinete ante una implicación de la que el juez instructor tiene pocas dudas. O ninguna. De ahí que Sánchez se vea en la necesidad de sostener a García Ortiz a su vez, incluso con una puesta en escena tan insólita como la del pasado 19 de diciembre desde Bruselas. Allí se preguntó que quién iba a pedir perdón al fiscal general una vez que la UCO no encontró mensajes incriminatorios en su teléfono móvil. Ni mensajes ni nada, porque fue borrado.

Que García Ortiz siga en su puesto es garantía de que no delatará a nadie. Este lunes, la Moncloa se apresuró a reiterar por enésima vez su «absoluta confianza» en el fiscal general del Estado, tras conocerse la noticia de su citación como investigado el próximo 29 de enero por un presunto delito de revelación de secretos. Delito que, según el ministro Fernando Grande-Marlaska, juez en excedencia, nunca ocurrió: el fiscal general solo contestó a un «bulo», señaló desde Córdoba. En idénticos términos a los de la Moncloa, también desde el PSOE mostraron su «confianza absoluta» en García Ortiz.

Sánchez ha unido su destino al de su fiscal general, y con cada paso que da el juez Hurtado éste está cada vez más cerca del banquillo. «Según el auto del Tribunal Supremo, el fiscal general de Sánchez pasaba información confidencial a Moncloa para atacar a adversarios políticos. Blanco y en botella: corrupción en estado puro», escribió la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en X.

El tiovivo judicial

El Ejecutivo está montado en un tiovivo judicial del que quiere bajarse en marcha. Y la forma que se le ha ocurrido es una intervención de la Justicia que ha soliviantado a la oposición, ha puesto en alerta a la Judicatura y ha llegado a la ventanilla de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo de la mano de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria.

Y mientras, el Gobierno negocia contrarreloj con Junts para que retire la proposición no de ley que presentó en el Congreso instando al presidente a que se someta a una cuestión de confianza. En diciembre, el PSOE y Sumar utilizaron su mayoría en la Mesa del Congreso para posponer la decisión sobre su admisión a trámite o no y ganar tiempo. Carles Puigdemont exige que sea admitida, debatida y votada como condición sine qua non para negociar los Presupuestos y el apoyo de Junts al decreto ley que prepara el Ejecutivo para el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados. El PSOE no quiere.

En mitad de ese tira y afloja se coló este lunes Alberto Núñez Feijóo para reiterar a Puigdemont su mano tendida para la presentación de una moción de censura contra el presidente. «Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tengan la seguridad que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos», señaló el líder de los populares en Onda Cero.

Feijóo dejó claro que no la presentará si no tiene el sí previo de Junts, no la presentará para perderla, pero Santiago Abascal le instó a que lo haga de todos modos y que el resto de los partidos «se retraten». «Nosotros decimos lo de siempre: sí a la moción de censura, sí a las elecciones inmediatas y no a ningún tipo de cesión con el separatismo», insistió el líder de Vox.

La pasada legislatura, su partido presentó dos mociones de censura contra el presidente. Sin embargo, en esta no puede porque no tiene los 35 diputados necesarios, según el listón que marca la Constitución. Tiene 32. El PP votó en contra de la primera, con Pablo Casado en la Presidencia del partido, y se abstuvo en la segunda, ya con Feijóo. Los populares insisten en que presentar una moción sin los apoyos solo serviría para dar un balón de oxígeno a Sánchez y su precaria mayoría.

Esa mayoría tampoco pidió ayer cuentas al presidente por la citación a García Ortiz. Al contrario. Podemos llegó a recriminar al Ejecutivo que esté «a por uvas», intentando limitar la acusación popular, mientras el Supremo se atreve a imputar al fiscal general.