Bruselas confirma que Sánchez mintió cuando dijo que ya había pedido el Fondo de Solidaridad por la dana
El Gobierno afirmó una semana después de la riada que se había solicitado «formalmente» la ayuda, algo que niega la Comisión Europea y recuerda que el plazo acaba dentro de una semana
La alcaldesa de Valencia denunció este lunes desde Bruselas que el Gobierno de Pedro Sánchez no había solicitado aún el Fondo de Solidaridad de la UE con motivo de la dana, como había anunciado el 5 de noviembre. Esta máxima ha sido confirmada por El Debate. Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado a este periódico que la institución comunitaria «es consciente de la intención de España de solicitar ayuda en el marco del Fondo de Solidaridad de la UE, pero aún no ha recibido una solicitud formal».
«El plazo de solicitud es 12 semanas después de que se produzcan los primeros daños causados por la catástrofe natural, que en el caso de España es el 21 de enero de 2025», añaden desde Bruselas, desde donde también precisan que hay que, a la hora de realizar la solicitud, hay que demostrar, entre otras cosas, el valor de los daños ocasionados por la catástrofe. Este hecho habría sido casi imposible de calcular el 5 de noviembre, solo siete días de la catástrofe, por lo que resultaba una utopía que el Gobierno ya hubiera presentado la solicitud formal para dicha fecha.
El Fondo de Solidaridad de la UE se creó tras las inundaciones que sucedieron en Europa central en el verano de 2002 y, desde entonces, se ha utilizado en más de 80 ocasiones. En todas ellas, es el país implicado el que tiene que solicitarlo de manera formal a la Comisión Europea. Según explican fuentes de Bruselas, el procedimiento lleva un tiempo para ser aprobado, por lo que los fondos europeos no solo cubrirían los gastos ocasionados tras su aprobación, sino también, de manera retroactiva, lo que ya se hubiera invertido antes para la reconstrucción.
Aunque Sánchez anunció el 5 de noviembre que esa ayuda ya estaba solicitada, la realidad es que no. En Bruselas conocen de la intención del Gobierno de enviar los formularios, pero también apremian al Ejecutivo español a hacerlo con premura, ya que solo queda una semana de plazo.
Esa poca rapidez para realizar los trámites es lo que ha escocido en Valencia y también ha llamado la atención en Bruselas. Durante su visita a la capital belga, María José Catalá se reunió con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y también con el vicepresidente de la Comisión, Raffaele Fitto, quien se hacía eco de la denuncia de la primera edil del Consistorio levantino y recordaba que España todavía puede pedir esas ayudas.
«Fue un placer encontrarme con María José Catalá, alcaldesa de Valencia, a quien expresé la solidaridad de la Comisión de la UE hacia la comunidad afectada por la catástrofe. España puede postularse al Fondo de Solidaridad, que ayuda a los estados afectados por catástrofes», escribió el comisario en la red social X. El mensaje ya daba a entender, y como ha corroborado ahora este diario, que el Ejecutivo central no hizo lo que dijo que hizo el pasado 5 de noviembre, cuando anunció que «finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad», como consta en la referencia del Consejo de Ministros.
El Gobierno de Sánchez aseguraba una semana después de la riada, que se llevó la vida de 224 personas y dejó dos desaparecidos, además de provocar incuantificables daños económicos, que ya había pedido las ayudas, algo que desde Bruselas desmienten. España todavía está dentro de plazo, pero al Ayuntamiento de Valencia, que se ha visto afectada en varias de sus pedanías, le cuesta comprender las motivaciones que llevan al Ejecutivo central a afirmar que había realizado una cosa que en verdad no había hecho, así como la tardanza en llevar a cabo el procedimiento, si es que finalmente lo hace.
Tras la reunión con Fitto y el resto de autoridades, la alcaldesa de la capital del Turia mostraba su sorpresa con la gestión del Gobierno respecto a la petición de este fondo «fundamental para una recuperación que ahora Valencia afronta a pulmón» y se mostraba esperanzada de «lo hagan de forma rápida y urgente porque sería el fondo más inmediato, seguido de la reasignación de fondos del plan de recuperación». Y es que este mecanismo le va como anillo al dedo a la situación generada el pasado 29 de octubre tras la gota fría.
Como consta en la propia página web de Ministerio de Hacienda, «el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se creó para intervenir en caso de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea a las regiones de Europa donde se produzca un siniestro». «Se creó como respuesta a las grandes inundaciones del verano de 2002 en Europa central. Desde entonces, se ha utilizado en 80 catástrofes de muy diversos tipos, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías. Se ha ayudado a 24 países europeos con más de 500 millones de euros», resumen desde ese Departamento gubernamental.
La Generalitat exige mantener el FLA
Este martes, la Generalitat Valenciana exigía a su vez al Ejecutivo el mantenimiento del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para cubrir el exceso de déficit provocado por la infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana y reiteraba la solicitud de un fondo no reembolsable para la reconstrucción social y económica tras la dana que arrasó la provincia de Valencia a finales de octubre, recordando que el Gobierno del socialista Ximo Puig «tuvo 3.000 millones de euros a fondo perdido por la pandemia».
La consejera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, lamentaba la gran incertidumbre que el Gobierno de Sánchez está generando al impedir la financiación de la región, precisamente «en el peor momento de nuestra historia reciente», y que Sánchez, además, lo justifique por la no aprobación en el Congreso de los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno. «Quieren que los valencianos paguemos las consecuencias de su incapacidad para recabar los apoyos que necesitan, que no es más que la enésima muestra de su extrema inestabilidad parlamentaria», zanjaba.