La alcaldesa de Valencia revela desde Bruselas que Sánchez aún no ha pedido los fondos europeos para la dana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha apremiado este lunes desde Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez a solicitar el Fondo Europeo de Solidaridad (FES) para reparar los daños causados por la dana a finales de octubre tras conocer que aún no se ha presentado la petición formal para acceder a esta ayuda.

«Nos ha sorprendido recibir esta noticia porque el Fondo Europeo de Solidaridad es una de las vías en las que debemos trabajar con el Gobierno para esas labores de reconstrucción tan necesarias», ha señalado la alcaldesa en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con representantes de la Comisión Europea.

Catalá ha arrancado este lunes una visita de dos días a la capital belga para reunirse con el comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra; con la vicepresidenta de la Comisión Henna de Virkkunen, con competencias en Soberanía, Seguridad y Democracia Tecnológica; con el vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y con el comisario de Agricultura y Pesca, Christophe Hansen, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

«Instamos al Gobierno a que, urgentemente, solicite ese fondo», ha incidido la alcaldesa de Valencia, quien ha acusado lo «fundamental» que es la reconstrucción de la ciudad en materia de vivienda, recuperación del tejido productivo o transporte público, entre otros sectores.

Catalá ha lamentado recibir la «sorpresa» de que el Gobierno no haya solicitado aún formalmente el Fondo Europeo de Solidaridad, que es, según ha destacado, «el más ágil que puede trasladar la Comisión a los municipios afectados» y que España puede solicitar hasta el próximo 21 de enero, ya que dispone de 12 semanas de plazo desde la fecha de los primeros daños.

Confiamos en que lo hagan de forma rápida y urgente porque sería el fondo más inmediato, seguido de la reasignación de fondos del plan de recuperaciónMaría José CataláAlcaldesa de Valencia

«Confiamos en que lo hagan de forma rápida y urgente porque sería el fondo más inmediato, seguido de la reasignación de fondos del plan de recuperación», ha indicado la alcaldesa, que ha insistido en que supondría una ayuda «fundamental para una recuperación que ahora Valencia afronta a pulmón».

El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) se creó en verano de 2002 con un presupuesto anual de 500 millones de euros, una partida que se incrementó en 2024 hasta los 1.144 millones de euros anuales entre 2024 y 2027 debido a la creciente frecuencia e intensidad de las catástrofes naturales, aunque la Comisión aclara que no se trata de una ayuda de respuesta rápida ante las crisis, por lo que su desembolso puede llevar varios meses.

Las autoridades nacionales del Estado miembro afectado son quienes deben presentar la solicitud para optar a esta ayuda en un plazo de 12 semanas a partir de la fecha de los primeros daños causados por la catástrofe. En caso de catástrofes de evolución lenta, como sequías o emergencias sanitarias, este plazo se fija en las 12 semanas siguientes a la adopción de la primera medida oficial contra la emergencia.

Acto seguido, la Comisión evalúa la solicitud y, una vez aceptada, propone un importe de ayuda al Parlamento Europeo y al Consejo, que deben aprobarlo. El importe de las ayudas se determina en función de los daños directos totales causados en relación al PIB del país o región afectada y, una vez adoptada, esta deberá utilizarse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha en que la Comisión desembolse el importe total.

Una vez abonada la ayuda, el Estado afectado es responsable de su ejecución, incluida la selección de las operaciones y su auditoría y control, aunque las medidas de emergencia pueden financiarse con carácter retroactivo desde el primer día de la catástrofe.

No obstante, el Ejecutivo comunitario sí acota las operaciones subvencionables por la ayuda, que podrá utilizarse para restablecer y asegurar el funcionamiento de infraestructuras; proporcionar alojamiento temporal y financiar servicios de rescate para la población afectada; establecer medidas de protección del patrimonio cultural y limpiar las zonas afectadas por la catástrofe.