La legislatura agoniza y el PSOE despliega un plan de urgencia para culpar al PP

Instantes antes de la votación, el diputado del PSOE Alberto Mayoral se dirigió a sus compañeros de la bancada socialista desde el atril y les dijo: «En un día como hoy, qué orgullo poder mirar a la cara a nuestros pensionistas». Alguien contestó inmediatamente desde la bancada de la derecha: «Madre mía, qué patéticos sois».

La escena resume lo ocurrido este miércoles en el primer Pleno del año en el Congreso. De un lado, los socialistas intentando endosar al PP una responsabilidad que era enteramente suya, la de reunir los apoyos para convalidar el real decreto ley de revalorización de las pensiones. Del otro, los populares más preocupados por hurgar en la herida del Gobierno que por contrarrestar el relato que la Moncloa se apresuró a desplegar en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Ese relato que el ministro Felix Bolaños sintetizó en apenas un minuto a la salida del hemiciclo: «Cuando, en febrero, los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros. Y cuando mañana los usuarios del transporte público vean que ha subido el precio de su billete, que se acuerden de que ha sido el PP en compañía de otros». Ni una crítica a Junts.

La legislatura empezó a agonizar ayer en el Congreso, con la mayoría de investidura hecha añicos, los Presupuestos más lejos que nunca, Víctor de Aldama dejando a todo títere sin cabeza en COPE, el PSOE votando a favor del suplicatorio de su exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, y el jefe de Gabinete de la número dos del Gobierno compareciendo ante la comisión de investigación del Senado. Y todo ello mientras Pedro Sánchez se dedicaba a luchar contra las tecnológicas y los algoritmos en Davos. «Las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio», advirtió el presidente en el foro económico de Suiza. Esta vez no usó el término «tecnocasta».

El Gobierno solo salvó uno de los tres reales decretos leyes que sometía a convalidación de la Cámara Baja y, de no haber sido por el PP, ni eso. Junts se rio de María Jesús Montero, de Félix Bolaños y de Santos Cerdán —los tres negociadores del PSOE— en su cara, rompiendo la negociación a media mañana, cuando aún faltaban más de dos horas para la votación. La cara de Montero era un poema.

ERC, Bildu y Podemos acabaron indignados por la derogación del decreto ley gravamen temporal a las energéticas que el Ejecutivo les prometió para este año y que no hizo nada para salvar. Para colmo de las desgracias del Gobierno, el panel de votaciones volvió a visibilizar la mayoría alternativa del PP, Vox, Junts y el PNV. Los cuatro partidos de derechas empezaron el año igual que terminaron el anterior: votando juntos contra el impuesto a las energéticas. A mayores, el PP, Junts y Vox también votaron juntos contra el decreto ómnibus. En este último el Gobierno sí encontró al PNV, porque la norma incluía la cesión a los de Andoni Ortuzar del palacete de París que actualmente ocupa el Instituto Cervantes. Y eso sí que ya no tiene marcha atrás porque el PNV ya la ha registrado a su nombre.

«En este país pueden pasar cosas que no nos caben en la cabeza», salió del hemiciclo diciendo el ministro Óscar Puente. En eso podrían estar de acuerdo todos los que presenciaron lo ocurrido dentro, en una lluviosa mañana de enero.

Control de daños

Aun con un panorama tan dantesco, el Gobierno intentó hacer control de daños e intentar que lo ocurrido se vuelva contra el PP. Dirigió rápidamente sus cañones contra Alberto Núñez Feijóo y culpó al principal partido de la oposición y no a Junts de que los abonos de transporte vayan a costar más a partir de ahora y de que en febrero los pensionistas vayan a cobrar menos.

El Ejecutivo prometió ayer que no va a «dejar tirados ni a los pensionistas, ni a los usuarios del transporte público, ni a los valencianos y valencianas». Podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario hoy mismo para aprobar un nuevo decreto ley y volver a poner en pie algunas de las medidas derogadas. Al menos las subvenciones al transporte público, porque las pensiones de enero sí llevarán la subida recogida en la norma —no así las de febrero—, según aclararon fuentes gubernamentales. Sin embargo, desde el Gobierno descartaron esa opción: los socialistas quieren que la ciudadanía vea las consecuencias en su vida diaria de lo que el propio Puente llamó con ironía un «gesto patriótico del PP».

«Es miserable que el Gobierno mezcle a pensionistas, valencianos y vulnerables con chantajes de sus socios. El PP ha presentado iniciativas para subir pensiones, ayudar a Valencia, a los perceptores del IMV y al transporte. Que lo tramiten de urgencia hoy mismo. Si no pueden gobernar, el colmo es que responsabilicen a la oposición. Dejen de tomar el pelo a los españoles», escribió Feijóo en Twitter. Se refería a proposiciones de ley registradas por su partido para reflotar algunas de las medidas incluidos en el decreto ley caído en combate parlamentario.

Los reales decretos leyes tienen rango de ley ordinaria. Por tanto, al Ejecutivo le bastaba una mayoría simple para convalidar el decreto ómnibus, más síes que noes (las abstenciones no computan). Sánchez lleva toda la legislatura presumiendo de que él es el único capaz de articular una mayoría y de que este es el Gobierno del diálogo y los pactos. La investidura la sacó adelante con 179 votos a cambio de la ley de amnistía. Pero, ayer, esa mayoría ni estuvo ni se la esperaba.

El Pleno dejó en el ambiente una pregunta que casi se respondía sola: ¿Es posible pactar los Presupuestos Generales de 2025 cuando el Ejecutivo no ha sido capaz siquiera de convencer a Junts de que le apoye un decreto de corte social? Y esa pregunta lleva a otra: ¿Hay legislatura posible? «No hay legislatura, no mientan más, no estiren el chicle», aconsejó a los socialistas el diputado del PP, Jaime de Olano.