Las tres opciones de Sánchez en su situación crítica: la suicida, la inviable y la desesperada

Parecía una escena de la película No mires arriba, en versión catalana. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, subió a la tribuna y se dirigió con expresión circunspecta a los asientos azules del Gobierno y a la bancada socialista. «Hoy se materializa de forma casi definitiva una mayoría que existe hace ya tiempo, que es la mayoría del PP, Vox y Junts, que acabará cargándose a este Gobierno (…). Es una operación en marcha y, para cuando lo hagan, ustedes aún no tendrán ni idea de lo que está pasando».

No hubo ni hay ningún pacto en marcha entre las tres formaciones, pero lo cierto es que el pasado miércoles unieron sus votos para derogar el decreto ley ómnibus y el del gravamen temporal a las energéticas; exhibiendo una mayoría alternativa que ya había quedado de manifiesto en el último Pleno de 2024 y cuya existencia Pedro Sánchez lleva toda la legislatura negando. Él es el primero que no quiere mirar arriba.

La derrota sufrida por el Gobierno en el primer Pleno del año ha dejado serias heridas en el PSOE, por no hablar de un ánimo por los suelos y de unos socios de izquierdas enrabietados. Hasta el pasado miércoles, los socialistas aún pensaban que Carles Puigdemont no se atrevería a romper la baraja, que dónde iba a estar mejor que con ellos. Ahora nadie en su sano juicio se atrevería a poner una mano en el fuego por la continuidad de Junts en la mayoría antinatura que cabalga Sánchez. «Estaba todo requetenegociado. Todo estaba acordado», se lamentaba el miércoles a la salida del hemiciclo un ministro, llorando por la leche derramada.

La legislatura está en un punto crítico, pero no está muerta. Y Sánchez no es de los que se sienta a esperar su destino. Aun en circunstancias tan precarias, el presidente tiene varias opciones sobre la mesa.

La opción suicida

La primera es someterse a la cuestión de confianza que le exige Puigdemont para recomponer la relación y darse una nueva oportunidad. El Gobierno descarta por completo esa posibilidad, aun después de lo sucedido el pasado miércoles. Primero, porque sería humillante para Sánchez, dado que recurrir a esa herramienta constitucional es una decisión que le compete solo al presidente. Segundo, porque nadie duda de que es una trampa: estaría en manos de Puigdemont para superarla, lo que es tanto como decir que Sánchez saltaría al vacío con la esperanza de que el prófugo lo cogiera al vuelo antes de estrellarse contra el suelo.

La cuestión de confianza se supera reuniendo mayoría simple, la misma que necesitaba el presidente para convalidar los decretos leyes del miércoles y no tuvo. Ya de entrada Sánchez tiene 171 votos en contra: 137 del PP, 33 de Vox y uno de UPN. Sin los siete de Junts, el Gobierno y sus socios tienen 172: 120 del PSOE, 27 de Sumar, siete de ERC, seis de Bildu, cinco del PNV, cuatro de Podemos, uno del BNG, otro de Coalición Canaria y, el último, José Luis Ábalos. Así que Puigdemont decide. Conclusión: opción descartada.

La opción inviable

La segunda opción es apretar muy fuerte los dientes y aguantar, bunkerizados en la Moncloa. Lo ocurrido el miércoles es una señal casi definitiva de que, si el PSOE no se arrastra ante los posconvergentes, no habrá Presupuestos Generales de 2025. Gobernar con las cuentas de 2023 prorrogadas por segundo año sume al Ejecutivo en una precariedad difícilmente llevadera, por más que los socialistas pretendan convencer a la ciudadanía de que tener unos presupuestos es lo mismo que no tenerlos. Sin ellos, el Ejecutivo no puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

El miércoles se produjo una anécdota durante el Pleno que, dados los antecedentes de este Ejecutivo, adquiere el nivel de categoría. El diputado del PP Jaime de Olano se dirigió desde el atril a la vicepresidenta primera en estos términos: «Señora Montero, no se puede gobernar mintiendo a todo el mundo todo el tiempo. No se puede». En ese momento, la aludida empezó a asentir con la cabeza desde su escaño, como si el subconsciente la traicionara. Y el parlamentario prosiguió: «Usted dice que sí. No, no, no se puede, se lo digo yo».

El Gobierno está por la labor de seguir contra viento y mareo por «responsabilidad», o eso aseguran sus integrantes.

La opción desesperada

La tercera opción es comenzar a empedrar el camino que dirige a un adelanto electoral. Hacer nuevamente de la necesidad virtud, que diría el propio Sánchez. Hay quienes interpretan la operación de emergencia que el PSOE desplegó el miércoles y los días sucesivos como una pista de que por ahí van los tiros: ‘Las derechas no me dejan subir las pensiones, ni extender la prohibición de los desahucios a los colectivos vulnerables, ni prorrogar las subvenciones al transporte público… las derechas no me dejan gobernar’.

El presidente, sus ministros, el resto de la dirigencia socialista y sus terminales mediáticas se han desgañitado estos días tratando de convertir su derrota en un bumerán; intentando extender su postverdad. Solo falta un sondeo flash de José Félix Tezanos que diga lo enfadados que están el 100 % de los españoles con el PP, Vox y Junts -pero especialmente con el PP- por «bajar las pensiones y quitar la ayuda al transporte» (así rezaba el encabezado de una encuesta que Elplural.com hizo el jueves entre sus lectores.

Pero esta vez al Gobierno se le ha visto la bolita a la primera. Se ha visto que ha renunciado a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para volver a poner en vigor algunas de las medidas derogadas -en especial, las ayudas al transporte- en decretos leyes por separado, con la única pretensión de generar un clima de opinión contrario al PP. Además de rayar lo maquiavélico por negarse a trocear el decreto ley, el tiro les ha salido por la culata a los socialistas: las comunidades gobernadas por el PP han mantenido la parte de bonificación autonómica y, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso incluso ha asumido la parte de la subvención que ponía el Gobierno central. Respecto a los pensionistas, en la mensualidad de enero percibirán la subida que estaba estipulada en el decreto ley y pueden apostar a que, antes de que reciban la de febrero, el Ejecutivo solucionará lo suyo. Son demasiados millones de votantes como para fiarlo todo a una versión oficial/gubernamental que hace agua por todas partes.

Si realmente Sánchez está barajando la opción de convocar elecciones en el medio plazo, lo primero que debe hacer es cambiar la bujía de su máquina de relatos. Ya no funciona. No da chispa.