Los fiscales piden una «reunión urgente» a Bolaños tras la reforma que alterará el acceso por oposición

El anuncio por el que el Gobierno adelantaba su anteproyecto por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Reglamento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), tramitado en el Consejo de Ministros a espaldas de las asociaciones judiciales y fiscales, ha provocado «malestar» en las entidades profesionales «por la falta de dialogo» previo, en una materia que «afecta, de forma directa, al acceso» tanto a la Magistratura como al Ministerio Público.

Por ello, en una carta remitida desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) al ministro de Justicia, Félix Bolaños, los fiscales lamentan que no se haya pulsado su «parecer» en relación a las reformas en curso e instan al Ejecutivo para que abra un canal de comunicación «urgente» antes de continuar con los planes normativos en curso.

«Sr. Ministro, usted mismo trasladó en abril del año 2024 tras reunirse con la asociaciones de fiscales la apuesta del Gobierno por una Fiscalía fuerte, moderna, independiente e implicada en el gran proceso de modernización y digitalización del servicio público de Justicia, y ha subrayado la necesidad de diálogo con las diferentes asociaciones, el compromiso por seguir dotando de medios materiales y humanos a la Fiscalía, lo que se traducía con la creación de 70 nuevas plazas y la conversión de 219 plazas de tercera en plazas de segunda y confirmó su determinación por mantener un diálogo activo con respecto a las políticas de modernización y transformación de la Justicia», han recordado desde la Junta Directiva de la APIF al titular de la cartera.

No en vano, la APIF «ha asistido a todas cuantas reuniones ha sido convocada por el Ministerio, como siempre, con espíritu constructivo» trasladando al mismo «propuestas razonables». De ahí que «no entendamos que en un tema esencial, como el tratado por el anteproyecto», se haya «decidido prescindir de cualquier reunión de trabajo presentando» una propuesta que, como mínimo, «genera preocupación en la carrera fiscal».

«La introducción del cuarto turno y el cambio de sistema de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal ha generado preocupación pero, además, transmitir a la opinión pública el mensaje de que este anteproyecto obedece a la necesidad de democratizar el acceso a las carreras judicial y fiscal, no es de recibo», afean en su misiva los integrantes del Ministerio Público.

De ahí que hayan solicitado a Bolaños que rectifique la posición unilateral mantenida por el Gobierno, desde que se dieron a conocer sus intenciones, mientras tienden una mano al ministro: «Sabe que encontrará nuestro apoyo para que cualquier ciudadano, independientemente de su capacidad adquisitiva, pueda disponer de medios para la preparación de la oposición, entendiendo acertado que se establezca un sistema de becas para la preparación de las oposiciones».

De hecho, como ha señalado recientemente la Presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante el acto de entrega de despachos celebrado en Barcelona, la semana pasada, con la última promoción de jueces, estos «proceden de todas las Comunidades Autónomas, el porcentaje de ellos cuyos dos progenitores carecen de estudios superiores supera el 34% y siete de cada diez vienen de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas».

Unos datos que reflejan cómo el vigente sistema de acceso «es democrático», argumenta la APIF en su carta, «en cuanto que garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual», a lo que añadimos y en el esfuerzo que, en muchos casos, hacen sus familias.

«Estos temas», entre otros, «de los que se plantean con la aprobación del Anteproyecto hacen, en nuestra opinión, necesaria una reunión urgente con el gobierno para poder efectuar las aportaciones que creamos convenientes», sostienen desde la APIF.

«Finalmente queremos aprovechar la ocasión para comunicarle que esta asociación no mantiene ninguna vinculación con Partido político alguno, ni recibe financiación distinta de la aportación de sus asociados, considerando acertado la prohibición de subvención privada que aparece en el Anteproyecto y que no nos afecta en absoluto como asociación», concluye el texto.