Fundado en 1910
Sánchez, con la balanza de la justicia

Sánchez, con la balanza de la justicia

El balance judicial

El Gobierno avanza en cuatro frentes para controlar la Justicia y 'amordazar' a los jueces

El Poder Judicial, último dique de contención contra los desmanes de un Ejecutivo salpicado por las causas de corrupción, se ha convertido en el principal objetivo de Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez, instalado en un reciente laberinto de fracasos parlamentarios, con la mayoría más precaria e inestable de nuestra democracia y salpicado por varios casos de corrupción, se ha instalado en una huida hacia delante: controlar el Poder Judicial y colonizarlo a través de jueces afines.

Amortizado el escándalo de la amnistía diseñada a la medida de sus socios separatistas de Junts para la investidura, aunque jurídicamente sin resolver, la respuesta de Sánchez al avance del caso Begoña, que afecta de manera directa a su mujer; el de su hermano, David Azagra; la causa del Supremo que mantiene imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos; y, la trama PSOE, creada entorno al comisionista Víctor de Aldama ha sido anunciar, por entregas, su plan para amordazar a los jueces independientes, hacerse con la instrucción penal a través de una Fiscalía en sus horas más bajas o eliminar la acusación popular que ha permitido imputar a su mujer.

Así las cosas, tanto el presidente del Gobierno, como su ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se han entregado, en primer lugar, al ataque indirecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No en vano, una vez renovado el órgano in extremis, con la bendición de Europa, y tras perder internamente la pugna por la Presidencia, ahora, el objetivo es dividir el Pleno en dos bloques irreconciliables. ¿Cómo? Frustrando las negociaciones en curso para cumplir con el mandato legal vigente que obliga a presentar un proyecto de ley para la elección despolitizada de los futuros vocales, en los seis meses posteriores al pacto alcanzado entre socialistas y populares para su conformación actual.

Desnaturalizar al CGPJ

Hace unos meses ya trascendió que Moncloa urdía la puesta en marcha de una reforma de calado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para, entre otras cuestiones, rebajar de las mayorías de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso y el Senado, hoy por hoy, situadas en tres quintos. El proyecto pasaba, entonces, por desnaturalizar al CGPJ, hurtándole una vez más, pero en esta de manera permanente, la potestad para hacer los nombramientos discrecionales que tiene constitucionalmente reconocidos.

Ahora, sin embargo, el foco se ha centrado en impedir que salga adelante la propuesta de modificación del sistema de elección de los doce vocales jueces, en la que trabaja un grupo de trabajo coordinado por cuatro vocales –dos izquierdistas y dos profesionales– encargados de confeccionar un informe con la alternativa más adecuada, que debería ser aprobada por una mayoría de tres quintos. Esto es, 13 de los 21 miembros que integran el cónclave, presidido por la magistrada Isabel Perelló.

Precisamente, esta misma semana, Perelló criticaba con mano de hierro y guante de seda estos desmanes, en el discurso institucional que pronunció durante el acto de entrega de despachos a la última promoción de la Judicatura.

Según ha podido saber El Debate, las presiones han ido aumentando a medida que avanzaban los acuerdos de la comisión designada y lo han hecho hasta tal punto que el primer gran pacto de consecuencias políticas, que debería tomarse en el máximo órgano de los jueces y magistrados, corre peligro real de saltar por los aires, en el Pleno extraordinario convocado el próximo 28 de enero como un monográfico para tratar este asunto.

No contento con esto, y en paralelo, Sánchez ha pisado el acelerador para controlar, de una vez por todas, las causas judiciales a través de una proposición de ley 'venganza' que prohibirá a los jueces abrir causas en base a «recortes de prensa», elimina la figura de la acusación popular y añade nuevos motivos para recusar a un juez, como el mero hecho de que éste manifieste públicamente o «de forma privada», su acuerdo o desacuerdo con determinadas actuaciones de partidos políticos o autoridades.

Neutralizar la acusación popular

Así las cosas, una de las patas de la reforma judicial en curso establece que no podrán ejercer la acción popular «los miembros de las carreras judicial o fiscal y las asociaciones profesionales de jueces y fiscales» y «los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos», entre otros.

Es decir, un nuevo traje a medida de los deseos socialistas para expulsar de la investigación judicial, de forma retroactiva, a las entidades, asociaciones o sindicatos ya personados en casos como el de 'Begoña Gómez', 'Koldo' y el que se sigue ante el Supremo, por revelación de secretos, contra el propio titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz –que, con tanto ahínco, él mismo criticó durante su discurso de apertura del pasado Año Judicial, en el que se refirió al uso de los tribunales «con fines espurios»–.

No en vano, la Disposición Transitoria Única de la nueva ocurrencia legal del PSOE provocará que la mayoría de ellas queden fuera: «Serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica, así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento».

Y, para ello, el líder de los socialistas ha elegido el atajo de la proposición de ley de su grupo parlamentario, registrado el pasado viernes, en lugar del proyecto de ley del Consejo de Ministros. Un formato que le permitirá acortar los plazos de aprobación y eludir los informes de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, hasta ahora, había sido muy crítico con el hecho de ceder la instrucción a los fiscales.

Que investigue «mi» Fiscalía

En este último sentido, cabe recordar cómo casi ajeno, o precisamente todo lo contrario, a su propia situación procesal, el primer fiscal general del Estado, investigado por el Alto Tribunal español, se posicionaba, el pasado mes de septiembre, con una crítica abierta a la «utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno».

En su intervención ante el Rey Felipe VI y la cúpula de las carreras judicial y fiscal, durante la apertura del Año Judicial, García Ortiz lanzaba un guante que, poco después, ha tenido eco en los planes del actual Gobierno para aliviar la perentoria escena judicial a la que se enfrentan algunos de los nombres propios más cercanos al presidente y que podría extenderse, en los próximos doce meses, a más miembros del Ejecutivo y altos cargos socialistas dentro y fuera de la Moncloa.

Consciente de ello, para los expertos y juristas «no es casual» que Sánchez pretenda impulsar una reforma procesal que permitirá entregar a una Fiscalía subordinada a sus intereses políticos, la instrucción de las causas penales —incluidas las que impliquen casos de corrupción. Eso sí, obviando las advertencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en su informe sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), también sobre la mesa, supeditó el papel del Ministerio Público en la posible dirección de las investigaciones judiciales a una modificación previa e imprescindible de la Institución que garantice su verdadera independencia y autonomía frente al Poder Ejecutivo de turno.

Más de un millar de jueces, sin oposición

En sentido contrario a las alertas lanzadas por el Consejo y a las recomendaciones que, en los últimos años, ha venido lanzando Europa a nuestro país en materia de calidad democrática, separación de poderes e independencia judicial, el Gobierno socialista se ha atrevido a abrir el melón definitivo en su intento por colonizar la Justicia: un «proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal».

O, lo que es lo mismo, un nuevo intento del Ejecutivo por «interferir» en el Poder Judicial en España a través del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica (LOPJ) de 1985, aprobado el pasado lunes en Consejo de Ministros. El texto que afecta en lo relativo a los accesos a la Magistratura y al Ministerio Público, permitirá consolidar –de acuerdo con la comparecencia del responsable del ramo, el ministro Félix Bolaños– «las plazas de más de 1.000 jueces sustitutos», elegidos en «una mera entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de turno, sin más requisito, es saltarse a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos en el artículo 103», afeaban los jueces nada más conocerse el anuncio.

Un 'cuarto turno' con el que Pedro Sánchez, aspira a que una de cada cuatro plazas de jueces en España quede cubierta por «juristas de reconocida competencia», lo que «en realidad abre la puerta a un aumento del número de jueces, que se incorporarán al sistema sin necesidad de hacer una prueba objetiva y común», una oposición, como se venía manteniendo hasta la fecha. Es decir, «se regularizará a jueces afines que están ejerciendo como tales pero que, en realidad, no lo son».

comentarios
tracking