Los jueces cargan contra el Gobierno tras anunciar que «colocará a 1.000 afines, sin oposición»

Nada más conocerse que el Gobierno prepara un «proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal», los jueces y fiscales han reaccionado con indignación ante lo que califican un nuevo intento del Ejecutivo socialista por «desnaturalizar» al Poder Judicial en España. Un nuevo «golpe de efecto en la independencia judicial», critican abiertamente.

No en vano, el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica (LOPJ) de 1985m, aprobado este lunes en Consejo de Ministros, en materia de oposición de acceso a la Magistratura y al Ministerio Público que permitirá consolidar –de acuerdo con el anuncio efectuado por el responsable del ramo, el ministro Félix Bolaños– «las plazas de más de 1.000 jueces sustitutos», elegidos en «una mera entrevista con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de turno, sin más requisito, es saltarse a la torera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos en el artículo 103», afeaban los jueces titulares.

Y es que el nuevo sistema diseñado por Pedro Sánchez, aspira a que una de cada cuatro plazas de jueces en España quede cubierta por «juristas de reconocida competencia», lo que «en realidad abre la puerta a un aumento del número de jueces, que se incorporarán al sistema sin necesidad de hacer una prueba objetiva y común» , como hasta la fecha. Es decir, «se regularizará a jueces que están ejerciendo como tales pero que, en realidad, no lo son», afean los magistrados consultados por El Debate.

Se contempla, además, la creación de un sistema público de becas de cuatro años de duración, por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI), para los opositores que quieran acceder a la profesión y se «castigará» el asociacionismo de los jueces, magistrados y fiscales prohibiendo la financiación privada de dichas entidades privadas. Una «mordaza encubierta».

Este paso más en el intento por silenciar a los profesionales críticos que, hace una semana ya se manifestaban mayoritariamente en contra de la propuesta gubernamental a través de la que se prevé acabar con la figura de la acusación popular y, de paso, retocar el listado de motivos para la recusación de jueces y magistrados. Incluyendo, entre los mismos, la posibilidad de apartar a aquellos que se manifiesten en público o en privado en relación a cualquier tipo de iniciativa política. Es decir, «cercenando su libertad fundamental de expresión».

De nuevo, con un paso más en la modificación de la Administración de Justicia que se ha vendido como una «democratización» de la misma, el Gobierno «sólo aspira a controlarnos», lamentan indignados jueces y magistrados. Eso es lo que significa la propuesta: «Colocar a los afines, sin oposición, por la vía del cuarto turno. Quien no lo quiere ver que no lo vea». Para los expertos, el 'cuarto turno' como «sistema complementario de ingreso en las carreras judicial o fiscal, no debe ser instrumentalizado como un atajo para sortear los requisitos de excelencia y neutralidad que garantiza el actual modelo de oposiciones».

A la espera de que se conozca el contenido íntegro de la nueva redacción de la norma, las asociaciones profesionales advierten que la misma «no debe suponer una excusa para politizar el acceso a la carrera judicial o fiscal, ya sea mediante el establecimiento de filtros ideológicos o la pérdida de objetividad en el proceso de selección».

Tampoco admitirán, «bajo ningún concepto», los magistrados y fiscales que se «rebaje el nivel de exigencia intelectual que exigen las actuales pruebas de acceso» a sus respectivas carreras, «sin perjuicio de la adaptación del temario a las necesidades de la actualidad».

En síntesis, «el mérito y la capacidad, junto con la máxima objetividad y despolitización del acceso a las carrera judicial y fiscal son principios irrenunciables» que jueces, magistrados y fiscales están dispuestos a defender ante la opinión pública y en todas las instituciones de ámbito nacional o internacional.