García Ortiz, en defensa de Sánchez y Begoña Gómez, cuestiona el uso de los tribunales «con fines espurios»

Ajeno a su inédita situación procesal –por primera vez en la historia del acto de apertura del Año Judicial, un fiscal general del Estado ha pronunciado su discurso a punto de ser imputado ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos– Álvaro García Ortiz no ha dudado en cuestionar, públicamente, «el ejercicio de la acción popular» y el «riesgo» que, la misma, supone para las «investigaciones prospectivas».

El titular del Ministerio Público se ha referido, en estos términos, a lo largo de su discurso oficial para defender la Memoria Anual de la institución: criticando la «utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno».

Un escenario que «pervierte el esquema natural y lógico» de los tribunales ante los que sólo «deberían llegar aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal», en clara referencia a la causa que se cierne sobre la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, quien al hilo de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, está imputada como presunta autora de un doble delito de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Un asunto en el que, desde un primer momento, el Gobierno del que «depende» García Ortiz ha asegurado que «no hay caso».

La investigación en las fiscalías y la apertura de procedimientos se limita a que existan verdaderos y constatados indicios de delito

«Un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a cincuenta millones de ciudadanos ante el Supremo no es un sistema sostenible ni eficiente ni parangonable en el entorno europeo», ha lamentado García Ortiz. No en vano, él mismo está a la espera de conocer su procesamiento ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, como resultado de sendas acciones planteadas por un particular directamente afectado por sus presuntas actuaciones irregulares, el novio de Isabel Díaz Ayuso, y la denuncia penal instada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), como acusación popular.

«La mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papeles», ha subrayado García Ortiz. Algo que, a su juicio, «no sólo repercute en la calidad de la Justicia» o «en sus prioridades» sino que, también, contribuye a «fomentar la utilización de los tribunales con fines espurios».

Por ello, ha defendido «un cambio de modelo que permita investir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instacias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia», ha afirmado el titular de la Fiscalía que, en todo momento, se ha opuesto a la continuidad de las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado, en el caso de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

García Ortiz ha insistido, además, en que si bien la figura de la acción popular es «en principio, positiva», ocurre que puede resultar «perturbadora» en otros casos. Aquellos en los que «se pretenden utilidades privadas, políticas religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal», ha afeado, el fiscal general, poniendo en primera persona la venda antes de la herida que, es consciente, no tardará en llegar para él.

La Fiscalía como fuente de «información veraz»

En la misma línea, de los asuntos más mediáticos que salpican al entorno de Moncloa y al suyo propio, García Ortiz ha destacado a la Fiscalía como «fuente de información veraz», llamada a «informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social» siempre «con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros».

De hecho, en el transcurso de su intervención, García Ortiz asegura que, «en ocasiones, y respecto de un mismo hecho considerado noticiable, se informa desde perspectivas no solo distintas sino total e interesadamente contradictorias, sin que el contraste de la veracidad de los datos parezca ser un extremo relevante ni para el que la transmite, ni para los que la reciben».

Desde su punto de vista, «se ha naturalizado en los medios y en la sociedad en general la convivencia con la desinformación, y por ende con un elemento que, sin duda, puede socavar nuestra estructura de valores democráticos».«El que los representantes de las distintas instituciones, partidos políticos o asociaciones del tercer sector rechacen la polarización social existente en la actualidad y reconozcan la responsabilidad que en gran medida tiene la desinformación en esta situación, no sirve de nada si no existe un verdadero empeño común en no utilizar esta herramienta a conveniencia de intereses propios», ha aducido el fiscal general.

A su juicio, «la Fiscalía como órgano constitucional ha de informar sobre todos aquellos asuntos de relevancia social», y es «de extraordinaria importancia que la información que proporcione cualquiera de sus órganos tenga como señas de identidad la veracidad, la transparencia y la oportunidad».

«La veracidad implica trasladar solo aquello de lo que se tiene conocimiento en el desarrollo de nuestras funciones, con pleno respeto a los derechos que pudieran verse afectados, tanto de implicados como de terceros, y al marco procedimental en que nos encontremos, una vez contrastada la realidad de los datos aportados y al margen de cualquier opinión personal que el transmitente tenga sobre el asunto», ha destacado.

El fiscal general considera que «la transparencia se logra evitando la información sesgada, esto es, proporcionando los datos de forma objetiva y completa de manera que se facilite su comprensión y no se descontextualicen los datos». «Y la oportunidad ha de identificarse con la inexistencia de motivación alguna distinta a la de proporcionar la información exigida por la trascendencia social del hecho de que se trate», ha añadido.

Por último, García Ortiz ha opinado que «es incontestable que el derecho a la información es un elemento nuclear del Estado social y democrático de Derecho, siendo solo la información veraz la que promueve culturas cívicas y consolida los valores en los que se asienta nuestro sistema de derechos y libertades».

Cabe destacar que García Ortiz ha asumido en primera persona la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa aclaratoria sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una comunicación que defendió que buscaba poner fin a un bulo y amparar a compañero.