Apertura del año judicial: del compromiso de «prestigio» de la presidenta del CGPJ a un fiscal general al borde de la imputación

Su Majestad el Rey Felipe VI preside, este jueves, el solemne acto de Apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia, sede del Supremo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el mismo intervendrán el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde de la imputación en el Alto Tribunal por un presunto delito de revelación de secretos, y la nueva presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, que pronunciará su primer discurso oficial para defender la recuperación del «prestigio» perdido por el órgano que presidirá durante los próximos cinco años.

Perelló, una desconocida para la opinión público hasta el pasado martes, cuando el Consejo la eligió in extremis como su nueva titular, aprovechará la ocasión para resaltar la importancia del diálogo y el consenso en la adopción de acuerdos en el seno de un órgano renovado en el que, para los nombramientos de jueces y magistrados, tendrá que trabajar de manera independiente y pactada. Esto es, sin bloques estancos y en la línea de las negociaciones mantenidas para su designación.

No en vano, ésta será la primera vez, en los últimos cinco años, en la que la Justicia inicie el curso con un CGPJ recién conformado, tras las prórrogas denunciadas por el magistrado Carlos Lesmes, en 2022 y su sucesor interino, el presidente de la Sala Primera del TS, Francisco Marín Castán, en 2023.

También será la primera vez en que un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se pronuncie institucionalmente mientras se encuentra al borde de ser imputado, como autor de un presunto delito de revelación de secretos. Un escenario que resta «toda credibilidad» a lo que pueda decir en el marco de su intervención oficial, apuntan algunas fuentes próximas al Ministerio Público.

García Ortiz está pendiente de que la Sala Segunda del Alto Tribunal resuelva la exposición motivada que se elevó desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 15 de julio, atendiendo a su condición de aforado y en relación a los indicios de irregularidades de García Ortiz investigados al hilo de la querella planteada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

La pareja de la presidenta madrileña llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta de datos confidenciales contenidos en el cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto, inicialmente encargado en el presunto caso de fraude fiscal en el que, a su vez, González Amador está siendo investigado y en el que, desde un principio ha tratado de llegar a un pacto de conformidad. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.

Una delicada situación procesal a la que, además, hay que sumar el recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz en su cargo como fiscal general, una vez después de que el anterior CGPJ le declarara «no idóneo» para el mismo, algo inédito en democracia; y, de conocerse que el Supremo anulaba el ascenso de Dolores Delgado como fiscal de Sala Togada de lo Militar al incurrir en una «desviación de poder» manifiesta.

La alargada sombra de la amnistía

Más allá de los nombres propios, la Justicia encara un año que se prevé complejo por la discutida aplicabilidad de la polémica Ley de Amnistía, pendiente de que el Tribunal Constitucional (TC) responda a la cuestión de planteada por el propio Supremo sobre la norma.

Los magistrados de la Sala Segunda consideran que ésta carece de encaje en la Carta Magna y, por ello, rechazaron amnistiar la malversación del procés y acudieron a la Corte de Garantías para que se pronuncie sobre el delito de desórdenes públicos al tener la «absoluta convicción» de que su borrado penal vulneraría «al menos» el derecho fundamental de los ciudadanos a la igualdad ante la ley.

Con varios recursos de súplica todavía pendientes de resolver en el Alto Tribunal, el Pleno del TC estudiará, a partir del próximo martes día 10, la admisibilidad de la pregunta planteada por el TS, en base a una ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez que aboga por darle trámite y que contará con el respaldo mayoritario, según adelantan a El Debate fuentes de la Corte de Garantías.

Todo ello tras decidir, en primer término, sobre la abstención planteada por el magistrado Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez, quien se pronunció sobre la «inconstitucionalidad» de un texto de la naturaleza del que, finalmente, resultó aprobado.