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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Tribunales
García Ortiz fracasa en el intento por diluir su interrogatorio ante el Supremo por revelación de secretos
El magistrado instructor de la causa, el juez Ángel Hurtado, ha denegado el aplazamiento de la declaración del fiscal general y rechazado la práctica de nuevas diligencias, como pedía la Fiscalía
La imputación formal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, supuso un punto de inflexión en la causa que se sigue contra él por presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez en la historia de nuestra democracia, un fiscal general hará el 'paseíllo' de camino al Supremo y no por razones profesionales.
Al escenario inicial en el que, nada más abierto el procedimiento, el titular del Ministerio Público se desdibujaba en una suerte de diligencias, testimonios e informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la citación de este miércoles para responder a las preguntas del juez Ángel Hurtado, como principal investigado del caso, ha puesto a García Ortiz en el centro de la trama.
De nada han servido los intentos de la Abogacía del Estado, de su letrado particular y de la propia Fiscalía, que todavía dirige, por diluir el caso en el tiempo, retrasar la fecha marcada en el calendario del Alto Tribunal, desviar la atención hacia otras piezas que, de uno u otro modo formaron parte de los hechos -como el jefe de gabinete de la Presidencia de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez o el propio perjudicado, el empresario Alberto González Amador-, o anular las pruebas obtenidas de la entrada y registro practicados en el despacho institucional de García Ortiz.
Tras varios meses de averiguaciones, «cero mensajes» en los móviles borrados, documentos insólitos, como las actas notariales en las que el ex secretario de los socialistas de Madrid, Juan Lobato, dejó acreditada la segunda derivada de la 'filtración' de un correo confidencial de González Amador desde la Fiscalía hacia la Moncloa; y, declaraciones de periodistas, políticos y otros fiscales, el superior jerárquico de todos ellos comparecerá para dar cuenta de lo sucedido, en primera persona.Así las cosas, la estrategia de defensa de García Ortiz, desde aquel 14 de marzo de 2024 en el que vio la luz la nota de prensa de la Fiscalía, ordenada por éste, con datos protegidos de la pareja de la presidenta de Madrid, ha quedado neutralizada por el devenir de los acontecimientos que, a medida que avanza la instrucción del juez Hurtado, apuntan a indicios de prueba «razonables» y «suficientes» para, una vez concluida la misma, abrir juicio contra el fiscal general del Estado.
El último auto dictado por el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal, este mismo lunes, rechazando la posibilidad de aplazar su interrogatorio y denegando la práctica de nuevas pruebas «innecesarias», ha resuelto los constantes e inútiles intentos de la Abogacía del Estado y de las defensas por negar las evidencias: que García Ortiz pudo cometer un delito de revelación de secretos, en el ejercicio de su cargo como máximo responsable del Ministerio Público, con la intención de salvar un «relato» político.
Sin embargo, cabe recordar que la verdadera y única «relevancia» penal de lo ocurrido con los correos sobre el pretendido pacto fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso con la Fiscalía, no se dio con la difusión de la polémica nota de prensa sino que «se encuentra en la quiebra de la confidencialidad» del contenido de dichas comunicaciones, por parte del «filtrador» quien –actuando como «un tercero ajeno a la confidencia»– «más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto». Esto es, sin el consentimiento de Alberto González Amador, remarcaba el juez Hurtado, en su última resolución.
Una «filtración» que, por otra parte, el magistrado advierte de cómo desembocó en que el e-mail del 2 de febrero, cruzado entre el abogado del empresario madrileño y el fiscal Julián Salto, que apareció publicado en «diferentes medios y ámbitos», con «el reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública», conllevó para el empresario González Amador una pena de telediario. «Se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva», advertía Hurtado.