Sánchez llegó a reformar 47 leyes en un solo decreto ómnibus y con las Cortes disueltas

La decisión de Pedro Sánchez de mantener su decreto ómnibus contra viento y marea en lugar de trocearlo ha hecho arreciar las críticas a los métodos legislativos de este Gobierno, que es capaz de utilizar un real decreto ley de medidas sociales y ayudas para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y blindar la ley de amnistía (decreto-ley 4/2024), perpetuar al director adjunto de la Policía (decreto-ley 7/2024) o, en el último, entregar al PNV el inmueble que alberga el Instituto Cervantes de París.

El Gobierno usó y abusó de esta figura legislativa entre 2020 y mediados de 2023 aprovechando las circunstancias de urgencia y excepcionalidad de la pandemia, la invasión de Ucrania y el volcán en erupción en La Palma. Pero después ha seguido por sus fueros. El récord lo tiene el real decreto ley 5/2023, el summum de la orfebrería legislativa del PSOE, bajo la apariencia de un decreto anticrisis de medidas para paliar los efectos de la invasión de Ucrania y del volcán de La Palma.

Consta de 226 artículos, cinco disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y nueve disposiciones finales (puede consultarlo aquí). De una sola tacada, y a través de sus 225 páginas, mediante esta norma el Consejo de Ministros modificó 47 leyes, derogó otra y traspuso al ordenamiento jurídico español cinco directivas europeas.

Lo más llamativo es que lo hizo con las Cortes disueltas y en plena precampaña de las elecciones generales de julio de 2023. El Consejo de Ministros aprobó el texto el 27 de junio y la Diputación Permanente del Congreso (el órgano de guardia cuando las Cortes están disueltas o fuera del periodo ordinario de sesiones) lo convalidó el 26 de julio, tres días después de celebrarse los comicios.

El engrudo máximo

Entre las leyes modificadas por este real decreto ley figuraban: la Ley de Presupuestos de 2023, la del Gobierno, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la del Sector Eléctrico, la de prevención del blanqueo de capitales, la del Impuesto sobre Sociedades, la Ley General de la Seguridad Social, la de Subvenciones, la de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, la de Sociedades de Capital y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Durante su debate parlamentario, y en presencia del ministro Félix Bolaños, no faltaron las críticas de oposición y socios a los atajos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Introducen por la vía del real decreto ley medidas que no han sido capaces de implementar por la vía legislativa ordinaria, que es la oportuna, en toda la legislatura. ¡Es que se han vuelto ustedes absolutamente adictos al real decreto ley!», le recriminó a Bolaños el diputado de Vox José María Figaredo. «Como siempre, un totum revolutum que nos obliga a votar en bloque, sin que tengamos la posibilidad de entrar al detalle de lo que nos piden convalidar», añadió el popular Jaime de Olano. Aun así, el PP votó a favor y Vox se abstuvo por las medidas sociales.

Aquel día, también el PNV se quejó de lo mismo que se sigue quejando una legislatura después. «El Grupo Parlamentario Vasco considera una auténtica anomalía en el sistema parlamentario el uso indiscriminado de los decretos leyes por el Gobierno, usando asuntos gancho de alto interés social para dar cobertura y posibilitar el arrastre a otros contenidos y así evitar la ordinaria elaboración de proyectos de ley y su posterior debate y tramitación en las Cortes o, como alternativa, su tramitación como decretos leyes independientes», afirmó el diputado Mikel Legarda.

Nada ha cambiado desde entonces en el modus operandi del presidente, que ha batido todos los récords de sus predecesores en el uso del real decreto ley: lleva 153 aprobados en Consejo de Ministros (aunque cuatro de ellos fueron después derogados por el Congreso). Mariano Rajoy promovió 106 decretos leyes en sus seis años y medio al frente del Ejecutivo. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero fueron 107 en siete años y medio.

En 2018, nada más poner en la Moncloa, Sánchez aprobó su primer real decreto ley: uno para relevar a la cúpula de RTVE y hacerse con el control de la radiotelevisión pública. Solo ese año sacó adelante 25. En 2019 fueron 18, con dos elecciones generales de por medio (en abril y noviembre).

En 2020, el año de la pandemia, Sánchez aprobó 39 decretos leyes, aunque uno de ellos fue derogado por la Cámara Baja (por el que el Estado obligaba a los ayuntamientos a cederle sus remanentes, el dinero no gastado). En 2021 el número ascendió a 32. En 2022 fueron 20 y en 2023, ocho, aunque uno salido del departamento de Yolanda Díaz fue derogado con los votos de Podemos. En 2024 la cifra fue de 11, pero el Congreso tumbó dos de ellos en el Pleno del pasado miércoles: el ómnibus y el del gravamen temporal a las energéticas. El primero será recuperado de una u otra forma por el Gobierno. El segundo descansa en paz y el Ejecutivo no tiene intención de retomarlo.