García Ortiz consuma su control sobre los fiscales clave en las causas por corrupción más sensibles para Sánchez

Sin prisa, pero sin pausa Álvaro García Ortiz ha consumado, desde su llegada al cargo, la colonización de la Fiscalía con sus afines y, por extensión el control de las causas de corrupción más sensibles para el Gobierno que lo eligió hasta en dos ocasiones, a través de una cuestionada política de nombramientos, herencia de su predecesora, la hoy fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, Dolores Delgado. No en vano, la propia Delgado fue favorecida por sendas designaciones de su sucesor y amigo, hasta el punto de que una de ellas, su primer ascenso, fue anulado por «desviación de poder» en el Supremo.

Hoy por hoy, un total de 18 de los 33 miembros que integran el Pleno de los fiscales de Sala del Supremo, el denominado 'generalato' de la Institución; la teniente fiscal del Alto Tribunal, su número dos en la cúpula de la Carrera, Ángeles Sánchez-Conde; los dos máximos responsables de la Fiscalía en la Audiencia Nacional; los titulares de las fiscalías superiores de Baleares, Madrid, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias; y, los jefes provinciales de Barcelona, Madrid, Valencia, Badajoz, Cáceres, Almería, Cádiz y Albacete, son asociados de la Unión Profesional de Fiscales (UPF) de la que el propio García Ortiz fue presidente. Y, la mayoría de ellos, han llegado a sus puestos durante alguno de sus mandatos.

Así las cosas, el titular del Ministerio Público impone su criterio en el escalafón de la Carrera, «sobrepasando» la habitual línea de dependencia jerárquica, para purgar a los críticos y aupar a los suyos hasta asegurarse de que «la posición de la Fiscalía» en los asuntos más políticos e ideológicamente más relevantes se «ciñe» a las necesidades del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No en vano, el pasado 5 de marzo, el Gobierno sacaba a la luz cuatro nuevas plazas de fiscales de la máxima categoría, que serán propuestos para su elección por el mismísimo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una de ellas, la del fiscal coordinador de Delitos contra la Administración Pública, que a juicio de la mayoría de la Carrera «colisiona» con Anticorrupción, nace con «extraordinaria urgencia» y la vocación de «controlar» los procesos abiertos contra el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Tanto la mujer de Sánchez, Begoña Gómez; como su hermano, David Azagra están cada vez más cercados por las pesquisas judiciales.

A ello hay que sumar las revelaciones de los investigadores en el caso PSOE, que salpica a más de siete ministerios y mantiene imputado al ex ministro de Transportes y hombre fuerte de los socialistas José Luis Ábalos; o, al mismísimo fiscal general que, en el marco de una contienda más política que jurídica contra la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, terminaba imputado por revelación de secretos.

Los precedentes de García Ortiz

Cabe recordar que, incluso antes de tomar posesión de su primera etapa como titular de la Institución, García Ortiz removió al fiscal encargado de la causa reabierta en la Audiencia Nacional contra los 'cerebros' etarras tras el asesinato del joven concejal vasco Miguel Ángel Blanco –Vicente González Mota– por negarse a informar a favor de la prescripción del asunto. Un fiscal al que, además, le abriría hasta dos investigaciones internas, «sin pruebas», como represalia.

Hace escasos días era el recién ascendido fiscal jefe de la Sala Penal del Supremo, Fernando Prieto, quien planteaba una discrepancia con su compañero de Sección el veterano Fidel Cadena –uno de los cuatro fiscales del procés– para que este asunto que trece fiscales frente a tres consideraron que debía seguirse investigando hasta el final, acabase en manos de Sánchez Conde, la 'dos' de García Ortiz que pocos días después informaría al Supremo a favor de darle un carpetazo definitivo.

Lo mismo sucedió en la investigación judicial sobre los separatistas de Tsunami Democràtic, entre ellos el ex presidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont, por las protestas y altercados de octubre de 2018. En aquella ocasión, el informe inicial de la Fiscalía calificó los hechos como un delito de terrorismo, en un escrito del fiscal de guardia Joaquín González-Herrero, visado a su vez por el fiscal jefe Jesús Alonso, antes de ser remitido al juez (ya jubilado) Manuel García-Castellón.

Sin embargo, tras las últimas elecciones generales del 23-J, el mismo Alonso, quien dio el visto bueno al documento, sostuvo que se trataba de un error y modificó radicalmente el planteamiento hacia el polo contrario de la argumentación y lo hizo, posteriormente, de la mano de un segundo fiscal titular, Miguel Ángel Carballo, al que García Ortiz acabaría premiando con su plaza soñada: la de fiscal jefe de Ciudad Real.

Un modus operandi que se repetía en el caso de la Ley de Amnistía, que el máximo titular del Ministerio Público ordenaba aplicar sin paliativos a todos y cada uno de los separatistas catalanes condenados o procesados ante el Supremo, u otros tribunales, por el procés catalán, provocando una durísima división de la cúpula fiscal y la ruptura definitiva de García Ortiz con los cuatro fiscales encargados del asunto –Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza– que acabaron relegados en favor de su número dos, Ángeles Sánchez Conde. Y ello, pese a que había prometido «defenderlos» frente a los ataques del independentismo y del lawfare admitido por el Gobierno a cambio de los siete votos de Junts, necesarios para la segunda investidura de Sánchez.

'Guerra sucia' contra Díaz Ayuso

El cénit de las maniobras del fiscal general del Estado, cada vez más alejado de la defensa de la legalidad, llegaba con la causa penal abierta contra él en el Supremo, como presunto responsable de un delito de revelación de secretos, por la que se encuentra imputado con la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Casi tres meses después del arranque de las pesquisas que han llevado a García Ortiz a ser el primer titular de la Fiscalía en sentarse como investigado ante el Alto Tribunal. Tras su comparecencia, el instructor de la causa sobre la filtración de datos personales contra Alberto González Amador –el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso– recogía en un auto cómo el correo electrónico confidencial del empresario divulgado por varios medios de comunicación tuvo «salida» desde la Fiscalía y «destino» hacia la «Presidencia del Gobierno». Un escenario en el que el juez Ángel Hurtado sostuvo que se hicieron «gestiones» para que el mail acabara publicado en el medio de izquierdas El Plural.

Es decir, presuntamente, se fraguó una operación de Estado contra una adversaria política, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid, utilizando para ello instituciones públicas, como la Fiscalía y La Moncloa.

No ha sido la única muestra de la 'guerra sucia' supuestamente abierta por el Gobierno central para desacreditar a la principal rival política de Pedro Sánchez, Díaz Ayuso. También en la causa tributaria por la que se investiga a su pareja, el nuevo fiscal del caso, tras la salida del inicial Julián Salto, modificaba su criterio inicial para apoyar la tesis del PSOE y Mas Madrid, personadas como acusaciones populares, y solicitar a la juez ampliar las pesquisas a dos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

El último capítulo de la Fiscalía al servicio de una contienda política han sido las nueve nuevas denuncias presentadas, de oficio, por la división autonómica madrileña, contra la gestión de la Administración de Diaz Ayuso sobre las residencias de ancianos de la Comunidad, en plena pandemia. Una acción que ha coincidido en el tiempo con la reciente emisión del documental '7291' en la Radio Televisión Española (RTVE) del Ejecutivo socialista.