Óscar Puente se lava ahora las manos con los contratos de las 'amigas' de Ábalos

«No estoy dispuesto a encubrir ni a ocultar el comportamiento de nadie». Son palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 11 de marzo en el Senado, cuando fue cuestionado por el PP por la contratación de mujeres vinculadas al exministro José Luis Ábalos en empresas públicas. El Debate ha solicitado al ministro las explicaciones necesarias y que aporte la documentación oportuna acerca de las contrataciones en las empresas de su ministerio de Jessica Rodríguez y Claudia Montes.

El contrato de Jessica en INECO

El caso más evidente es el de Jessica, que llegó a reconocer en el Tribunal Supremo que fue contratada en INECO y Tragsatec aunque jamás fue a trabajar, pero Logirail, otra empresa dependiente de Renfe, también está bajo la lupa. Sin embargo, pese a las declaraciones de Puente situándose como adalid contra la corrupción, el ministro no contestará ahora a las preguntas lanzadas por este periódico al respecto, y deja en manos de las empresas implicadas las explicaciones referentes a unos contratos sobre los que El Debate ha venido informando y que han puesto en el disparadero a Ábalos y el Ministerio de Transportes que ahora dirige el propio Puente.

Puente intenta ahora desmarcarse de la trama que tiene a Ábalos contra las cuerdas, dado que en su comparecencia en el seno de la comisión de investigación en el Senado que analiza el llamado ‘caso Koldo’ el pasado 28 de noviembre, aseguraba que la contratación de Jessica fue conforme a «los procedimientos habituales». «Es decir, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Si yo la hubiera detectado, no tenga ninguna duda de que había procedido a formular la denuncia correspondiente», sentenció entonces Puente.

Sin embargo, fue la propia Jessica la que terminó por desmentir a Puente durante su declaración ante el Tribunal Supremo al asegurar que fue el propio Ábalos quien le aseguró que «era bueno que trabajase mientras estudiaba». «Le di mi CV, se lo mandé por WhatsApp y a finales de febrero [de 2020] me llamaron por teléfono diciéndome que tenía que echar mi CV en una web». Una sorprendente llamada, pues, según ella, «no había echado el CV en ningún sitio».

Después llegó una entrevista en Ineco «muy sencilla» para conocerla, para posteriormente aclarar que, simplemente recogió un portátil, hizo un curso de riesgos laborales y después nunca más tuvo que realizar ninguna labor para la empresa pública, pese a fichar «semanalmente». De hecho, este registro horario y otros documentos han sido presentados por Ineco ante el Supremo, para intentar acreditar que sí acudió a su puesto de trabajo a pesar de que la propia Jessica aseguró que cobraba por ese trabajo pero que no trabajó.

De esta manera, todas las partes implicadas intentan sostener la legalidad de la contratación, en base a un procedimiento, desvelado por este periódico, que permitió a Jessica acceder a un puesto de auxiliar administrativo, gracias a un contrato laboral de carácter temporal desde el 1 de marzo de 2019, hasta el 28 de febrero de 2021, que obtuvo, según la empresa, «tras recurrir a la bolsa de empleo existente».

Además, insistieron en que «no consta en los archivos de INECO documentación por la que se recibiese algún tipo de instrucción, orden, recomendación o sugerencia por parte del Ministerio de Transportes, ni de ningún otro Ministerio o autoridad para facilitar la contratación».

No obstante, pese a la aparente legalidad de la contratación, avalada por el propio Puente en el Senado, el ministro se ha negado a contestar a las preguntas lanzadas por este periódico, y con el pretexto de que es competencia de INECO, pese a que las cuestiones versan, precisamente, sobre su papel en la auditoría que realizó para analizar la contratación y sobre las medidas que piensa tomar a la vista de las declaraciones de la joven.

En concreto, se solicitó a Puente «las medidas adoptadas por el ministro ante la falsedad de los datos reflejados en la auditoría y, en su caso, copia de la documentación ordenando la investigación sobre la contratación de la trabajadora», además de los nombres de los «responsables de la supervisión laboral de la trabajadora», la «identificación de los responsables de los departamentos que permitieron el absentismo laboral», y de los «responsables de la contratación».

Igualmente, se han requerido al ministro ciertos documentos relacionados con dicho proceso de contratación, tales como el «expediente de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo, fecha de publicación de las ofertas, requisitos para participar en el proceso y relación de aspirantes al mismo», además de las «personas que intervinieron en la selección de los aspirantes, actas de las entrevistas y pruebas realizadas, e identificación de los intervinientes en dichas entrevistas y en el proceso de selección», junto con la «relación de admitidos en el proceso y fecha de la publicación de las listas definitivas del proceso».

Sin embargo, el ministro Puente ha optado porque sea la propia Ineco la que se encargue de dar respuesta a la pregunta, pese a que ha insistido una y otra vez que no tiene intención de encubrir el papel de Ábalos, aunque también tendrán que dar cuenta ante el Supremo, puesto que el juez ha solicitado a las empresas públicas Ineco y Tragsatec todos los detalles sobre la contratación de Jessica Rodríguez.

Además, Leopoldo Puente, que instruye la causa por la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario en el ministerio de Transportes durante la pandemia, ha solicitado al Ministerio de Transportes que informe sobre los pagos de los viajes oficiales en los que Jéssica pudo acompañar a Ábalos, una cuestión que también ha sido trasladada al ministro Puente por parte de este periódico, pero que sorpresivamente ha sido trasladada a Ineco.

Logirail

Pero, además de Ineco, hay otra empresa estatal dependiente de Transportes que está bajo la lupa. Se trata de Logirail, una empresa mercantil pública, cuyo único accionista es el Grupo RENFE, y donde habría trabajado otra de las mujeres vinculadas con Ábalos, Claudia Montes, entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. Esta compañía se ha negado a confirmar tal extremo, al tiempo que Montes niega sus vinculaciones con Ábalos.

De hecho, en un documento firmado por Pilar Oviedo Cabrillo, directora general de Logirail y publicado por este periódico, la empresa lejos de arrojar luz acerca de un posible ‘enchufe’, como el que Jessica reconoció en el Supremo, considera que prevalece el derecho a la intimidad y privacidad de las personas frente a una información que no es pública, y se niega a aportar detalle alguno alegando el carácter abusivo de las preguntas formuladas por este medio.

Además, al igual que hicieron Ineco y Tragsatec, empresas públicas que contrataron a Jessica Rodríguez sin que esta fuera a trabajar, tal y como ella misma reconoció en el Supremo, Logirail se ha negado a explicar a cuánto ascendía el sueldo de Montes, ya que, a su juicio, «facilitar acceso a las retribuciones percibidas por personas concretas con una relación laboral ordinaria supondría una intromisión injustificada en la esfera de la intimidad de esas personas».

A esto hay que sumar que el ministro Puente tampoco ha querido despejar las dudas contestando a las preguntas planteadas por este periódico, sino que también ha dejado en manos de Logirail proporcionar las respuestas pertinentes acerca de cómo se gestó la contratación de Claudia Montes, como la «identidad de las personas responsables», las instrucciones «recibidas de personal del Ministerio de Transportes para facilitar su contratación», o los «periodos en los que estuvo contratada y copia de la documentación relativa al puesto de trabajo, necesidad de su contratación e informes existentes recomendando la contratación».

Del mismo modo, también ha trasladado a Logirail cuestiones claves como la solicitud de una copia del «expediente de la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo, fecha de publicación de las ofertas, requisitos para participar en el proceso y relación de aspirantes al mismo», la «relación de personas que intervinieron en la selección de los aspirantes, actas de las entrevistas y pruebas realizadas, e identificación de los intervinientes en dichas entrevistas y en el proceso de selección» o incluso la «relación de admitidos en el proceso y fecha de la publicación de las listas definitivas del proceso».

Ineco y Logirail habrían incumplido su código ético con los ‘enchufes’

De esta manera, Puente se lava las manos y deja en el tejado de las dos empresas públicas dar las explicaciones al respecto, pese a que en sus declaraciones públicas presume de ejemplaridad. Así, descarga en los presidentes de ambas entidades la rendición de cuentas de un asunto que señala directamente al Gobierno.

En concreto, serán Sergio Vázquez Torrón, de Ineco, que llegó al puesto tras ser director de gabinete de Ábalos y secretario general de Infraestructuras, y Óscar Gómez Barbero, de Logirail, como presidentes de ambas entidades públicas los responsables de dar la cara y de aportar las explicaciones necesarias en este turbio asunto. A todo ello habría que añadir otro detalle que pone bajo el foco la actuación de ambas empresas públicas ante el cortafuegos levantado por el propio Puente, cuya posición ha matizado en este asunto: el posible incumplimiento por parte de los que entonces eran responsables de ambas empresas del código ético vigente.

Ineco recoge en su Código de Conducta, en lo referente a la «contratación, formación y promoción» de sus empleados que se deben «elegir a los colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito y capacidad según se recojan en el Plan de Carrera, procurando únicamente el interés de la empresa».

A esto hay que añadir que tal y como señala en su propia página web, «el Consejo de Administración y el Comité de Dirección de Ineco han aprobado un Modelo de Organización y Gestión de Riesgos Penales inspirado en los principios de rechazo a las prácticas ilícitas o delictivas, la voluntad de creación de una cultura de cumplimiento normativo dentro de la organización con una implicación real y efectiva, y la prevención, detección y reacción frente a la comisión o posible comisión de cualquier infracción o delito».

Del mismo modo, el Código Ético de Logirail establece los principios que deben regir su labor, y «ha planteado un Manual de Prevención, detección y gestión de riesgos penales, adecuado a su estructura, que tiene como misión prevenir delitos que se podrían dar en el desarrollo de su actividad o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión», y consolidar «una cultura ética empresarial con un mensaje claro de tolerancia cero frente a conductas no éticas».

Además, en lo referente a la contratación señala que la empresa «respetará escrupulosamente» que «la selección esté basada en el mérito y potencial de los candidatos, de acuerdo con las necesidades de Logirail», y que la «promoción esté basada en la capacidad y experiencia, atendiendo al desempeño profesional individual y colectivo».

Aun así, no está todo dicho al respecto de los empleos de las mujeres vinculadas con Ábalos en la administración puesto que el PP ha anunciado que va a ampliar la lista de comparecientes de la Comisión de Investigación del caso PSOE del Senado «para incluir, además de a Jessica, a Claudia Montes, Nicole Neasccu y Andrea de la Torre, todas ellas colocadas en empresas públicas por su relación con el exministro» de Transportes José Luis Ábalos. De igual modo, también tendrá que comparecer José Luis Cachafeiro, el que fuera director de Logirail cuando se llevaron a cabo las contrataciones, aunque, de momento, ya tienen marcado en rojo la fecha del 14 de abril, cuando la primera de ellas tendrá que comparecer.