La mayoría del TC apuesta por admitir los tres recursos de Delgado contra la anulación de sus dos ascensos

No será la primera, ni la última vez, en la que el TC haga uso de la superioridad numérica de los magistrados más afines al actual Gobierno, o sus ex miembros, para sacar adelante una cuestión con la que tendrá la oportunidad de «enmendar» la interpretación del Supremo en un asunto relacionado con los nombramientos del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Según ha podido adelantar El Debate, la Corte de Garantías se plantea admitir, con el respaldo de seis de los siete magistrados que componen el bloque izquierdista, los tres recursos de Dolores Delgado contra las sentencias desfavorables dictadas, en dos asuntos diferentes, por la Sala Tercera del Alto Tribunal: su primer ascenso a la máxima categoría del escalafón, anulado por «desviación de poder», en la plaza de fiscal Togada de lo Militar; y, su posterior designación para una vacante creada ad hoc, la de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Así las cosas, el TC se dispone a tramitar las impugnaciones planteadas por la ex fiscal general del Estado contra las decisiones de anular sus designaciones para sendos puestos, cortesía de su amigo y sucesor en el cargo, García Ortiz. Los ponentes designados han sido los magistrados Ramón Sáez, para el asunto más antiguo, y Ricardo Enríquez y María Luisa Segoviano para el segundo caso, que contó con dos sentencias resolutorias por separado para cada uno de los recurrentes, ante el Supremo.

Cabe recordar, además, que el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, no participará de ninguna de las deliberaciones, ni de las posteriores votaciones, dado que solicitó su abstención en todos los asuntos relativos al Ministerio Público y a la que fuera su subordinada en el mismo, durante su etapa como fiscal general del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la mesa dos informes contradictorios: el primero, del pull de letrados del TC que recomendaba rechazar la impugnación de Delgado contra la nulidad de su ascenso a la primera categoría de fiscal de Sala, al tratarse un asunto de «mera legalidad» que, por lo tanto quedó resuelto, en firme, ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo que es «la única con capacidad para entrara a valorar prueba». En sentido opuesto, un segundo dictamen de parte que fue solicitado para respaldar la posición del ala mayoritaria y será usado por ésta para justificar su decisión.