Conde-Pumpido se aparta del recurso de Dolores Delgado contra la anulación de su ascenso como fiscal de Sala

Cándido Conde-Pumpido no quiere repetir el precedente que ha permitido que el fiscal José Miguel de la Rosa, pida apartarle del procedimiento en el que se discute el doble varapalo del Supremo a la designación de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Menores, durante la etapa en la que Dolores Delgado era fiscal general del Estado.

Por ello, antes de enfrentarse a una nueva recusación en el recurso planteado por la propia Delgado contra la anulación de su ascenso como fiscal de Sala Togada de lo Militar del Supremo, en el que el Alto Tribunal sentenció la «desviación de poder» cometida por su sucesor en el cargo Álvaro García Ortiz , ha presentado al Pleno su solicitud de abstención en el asunto. Un precedente que, además, condiciona su futura intervención en cualesquiera otra causas relativas a la fiscal que pudieran presentarse en un futuro.

Así las cosas, la Corte revisará, a lo largo de la próxima semana, la avocación a Pleno del asunto de Delgado y, en su detalle, la aceptación de la renuncia de su presidente quien, el pasado mes de febrero daba un paso al lado en aplicación de la norma que afecta cuando uno o varios de los implicados en un procedimiento de amparo haya estado entre sus subordinados jerárquicos.

Es decir, como sucede en el caso de Delgado, que estuvo bajo la batuta de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado. Un cargo que, además, se extendió en el supuesto concreto porque fue el encargado de apadrinar a la que sería, no exenta de polémica, titular del Ministerio Público años más tarde.

Según ha podido saber El Debate, la intención de la mayoría de los miembros del órgano es la de admitir la posición de Conde-Pumpido para que el proceso sobre la anulación del primer ascenso de Delgado, respete todas las garantías necesarias. No en vano, en un comunicado emitido el pasado mes de febrero, el TC apelaba a su «imparcialidad» como eje conductor de las «funciones que tiene atribuidas en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos» y de los «valores que proclama» nuestra Carta Magna.