Un empresario de los ERE pacta su condena y evita la cárcel

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto este lunes, mediante un acuerdo de conformidad entre las partes, el juicio promovido contra el dueño de la panificadora Picos Yeyé, acusado de cooperador necesario de presuntos delitos de prevaricación y malversación por una ayuda de 120.000 euros con cargo a la partida presupuesta 31L de la Junta de Andalucía. El empresario ha pactado con la Fiscalía una reducción de su condena a cambio de restituir el importe y no pedir su absolución en la causa.

J. B. C., administrador único de la empresa Picos Yeyé y Cohollero, sita en Puerto Real (Cádiz) y dedicada a la fabricación, comercialización y venta de productos de panadería, bollería y pastelería, ha reconocido los hechos, pero ha hecho constar en el acuerdo que no obtuvo lucro personal de la ayuda de 120.000 euros que percibió en 2008 y ahora devolverá.

La Fiscalía reclamaba para el empresario dos años y nueve meses de prisión

Mediante este acuerdo, si bien la Fiscalía reclamaba inicialmente para el empresario J. B. C. dos años y nueve meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, su condena ha sido reducida a un año y seis meses de cárcel, con la imposición además de restituir la cuantía de 120.000 euros a las arcas públicas, extremo que ya solicitaba inicialmente el Ministerio Público. De esta forma, el condenado evita entrar en la cárcel.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, J. B. C., administrador de la empresa Picos Yeyé y Cohollero, solicitó en julio de 2008 un ERE respecto a nueve empleados de la entidad «con la finalidad de suprimir uno de los tres turnos de fabricación por falta de pago de las facturas de su principal cliente, paralización inmediata de los pedidos pendientes de fabricar y la necesidad reducir la producción».

Aunque la Junta de Andalucía «disponía de subvenciones y ayudas públicas amparadas en la Ley autonómica 5/83», según el Ministerio Público, el empresario, «sabedor que podía obtener fondos públicos de la Junta de Andalucía al margen de los procedimientos legalmente establecidos, consiguió que el director general de Trabajo y Seguridad Social» Juan Márquez «beneficiara injustamente» a su empresa con una ayuda de 120.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción, en ese sentido, expone que Juan Márquez, «contraviniendo de forma clamorosa los intereses generales, sin que llegara a acreditarse en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido, con el conocimiento y beneplácito de sus superiores», Agustín Barberá como viceconsejero de Empleo y Antonio Fernández como consejero de Empleo, «contravino las más elementales normas de procedimiento en la gestión de los fondos públicos».

Ni solicitud de la ayuda, ni proyecto de viabilidad

«Sin tramitar expediente alguno, ni siquiera existir solicitud de la ayuda por parte de la mercantil beneficiaria, el 30 de diciembre de 2008, Juan Márquez, a sabiendas de que el dinero público procedente del programa presupuestaria 31L no iba ser controlado por órgano fiscalizador alguno, sin competencia delegada para la concesión y ordenación de su pago, sin existir resolución de concesión de la ayuda, suscribió con el director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete un convenio de colaboración por el que se formalizaba el otorgamiento de ayudas a los trabajadores de la empresa Picos Yeyé y Cohollero», indica la Fiscalía, precisando que con este convenio se encomendaba a la agencia IDEA «la materialización del abono de la ayuda específica a Picos Yeyé y Cohollero» por 120.000 euros, con cargo a la partida 31L de los presupuestos andaluces.

Este convenio, según detalla la Fiscalía Anticorrupción, aludía al «objeto no definido de 'apoyo a esta fase de su proyecto de viabilidad', sin que conste la existencia de tal proyecto o plan de viabilidad, sino únicamente una memoria sin fecha, ni firma ni entidad que lo elaboraba en la que se reflejaba una situación de quiebra técnica contable».

«Recibidos los fondos públicos por la mercantil, no se comprobó por la Consejería de Empleo, ni por la Dirección General de Trabajo, el destino que por el administrador de la empresa se les dio», indica la Fiscalía, considerando que «esta ayuda se concedió prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la concesión de subvenciones, con una clara subversión de los principios y normas que disciplinan el régimen jurídico de las subvenciones y ayudas públicas».

El empresario, según la Fiscalía, «era conocedor» de que «en la decisión y disposición de los fondos de la Junta de Andalucía de la que iba ser beneficiaria Picos Yeyé se había prescindido injustamente del procedimiento legalmente establecido, pues no se tramitó ningún procedimiento para conceder la ayuda, ya que no existió solicitud previa por su parte, ni se le exigió el cumplimiento de ningún requisito y por consiguiente no figuraba ninguna declaración ni acreditación expresa de la concesión o solicitud de otras subvenciones o ayudas para el mismo fin».