Doñana, el seco escenario de la nueva batalla política entre el Gobierno y la Junta
El Gobierno presenta un plan de 356 millones para restaurar el humedal más extenso de Europa sin consenso y con malas caras
El Parque Nacional de Doñana se ha convertido esta semana en el escenario de una nueva batalla política entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. En el seco escenario, cabe precisar, ya que la sequía crónica que sufre la región andaluza ha acabado prácticamente con el humedal más extenso de Europa. El choque entre administraciones se plasma ahora en un plan del Gobierno para Doñana que ha visto la luz sin consenso y con malas caras.
«En Doñana tenemos que huir de los salvadores», advertía el biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que pronunciaba estas palabras horas antes de que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentara su plan unilateral para Doñana, el miércoles, en un acto celebrado en el teatro municipal de Almonte (Huelva) al que la Junta de Andalucía no fue invitada institucionalmente.
La invitación, que situó a los representantes autonómicos «al mismo nivel que el resto de los invitados», como denunció el martes el portavoz y consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, fue la respuesta a la carta que el Ejecutivo andaluz remitió hace tres semanas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, solicitando una reunión para consensuar las medidas de protección de Doñana.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba Doñana el jueves para recalcar el «compromiso» del Ejecutivo con la restauración ecológica del humedal «más importante de España y uno de los principales de Europa», y resaltaba el «gran valor medioambiental» del Parque Nacional, «patrimonio de la humanidad, seña de identidad de Andalucía y de toda la red de parques nacionales de España». Como si no fuera con él la derogación del delito de sedición.
El Ejecutivo autonómico reclama al Gobierno central hasta 1.000 millones de euros en obras hidráulicas. «¡Pongan el dinero, que nos morimos de sed en Andalucía!», exclamó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hace un par de meses en un acto del PP de Sevilla. Por lo pronto, el Gobierno ha dispuesto un plan de 356,3 millones para Doñana, de los cuales se prevé que 118 millones, prácticamente un tercio, se pongan en ejecución a lo largo de 2023.
Los pozos ilegales
El crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de Doñana, basada en las extracciones del acuífero, ha provocado un grave impacto en las aguas subterráneas. Por ello, se dedicarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales, al control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial. El Ministerio informa de que ya se han cerrado 210 pozos ilegales.
Además, se destinarán 156,2 millones a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de aguas subterráneas, y se ha creado una partida específica de 100 millones para explorar la posibilidad de recuperar fincas y derechos de agua que incidan desfavorablemente sobre el acuífero cuando otras soluciones no resulten suficientes y, en todo caso, bajo la premisa de la voluntariedad.
Saneamiento y depuración de aguas
Uno de los problemas más acuciantes que sufre el entorno es el provocado por la contaminación de origen agrario y la falta de depuración en las poblaciones. Así, otra importante partida, dotada con 142,1 millones, es para mejorar la calidad del agua que llega al Parque Nacional, tanto en la marisma como en el litoral.
Entre otras actuaciones, se llevará a cabo una ampliación en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas (Huelva), que mejorará la calidad de las aguas que llegan al medio marino. Del mismo modo, se crearán dos nuevas EDAR en los municipios de Isla Mayor y Gerena (Sevilla), que les proporcionarán un tratamiento de aguas libre de nitrógeno y fósforo. Del mismo modo, se reformarán la EDAR de Lucena del Puerto (Huelva) y de Sevilla, para reducir el impacto sobre el estuario del Guadalquivir y, por consiguiente, en Doñana.