María del Mar Villafranca, en una rueda del prensa como secretaria de Educación y Cultura del PSOE, en 2012
Audiencia de Granada
Caso Audioguías: comienza el juicio por la corrupción socialista en la Alhambra
La Fiscalía pide cinco años de prisión para María del Mar Villafranca, ex directora general de la agencia administrativa del monumento
El caso Audioguías comienza a juzgarse este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, tras casi ocho años de investigación del supuesto fraude en la adjudicación del servicio de audioguías en la Alhambra. Entre los procesados, la socialista María del Mar Villafranca, ex directora general del monumento más visitado de España, se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión por delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.
El juez instructor número 4 de Granada, Antonio Moreno, acordó en enero de 2021 la apertura de la vista oral, que no fue fijada hasta septiembre del mismo año para este lunes, 9 de enero de 2023, y que se prolongará durante prácticamente tres semanas en sesiones de lunes a jueves, hasta el próximo día 25. No obstante, hubo previamente un arduo trabajo de investigación desde que en julio de 2015 se abriera la causa.
La apertura de diligencias previas contra ella provocó su dimisión como directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife. Ahora, siete años y medios después, Villafranca se sienta en el banquillo junto con la que fuera secretaria general de la agencia administrativa del monumento, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa concesionaria del servicio de audioguías, Stendhal Museum Solutions (antes llamada GTP Museum Solutions), y el antiguo responsable de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M. V.
La Fiscalía solicita para Villafranca una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo durante 11 años por prevaricación, y por malversación, cinco años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta, como autora material de ambos delitos. Mismo castigo impondría a Chamorro como cooperadora necesaria de los mismos.
Por otro lado, el Ministerio Público pide diez años de cárcel y una multa de un millón de euros para el administrador único de Stendhal Museum Solutions por delitos de prevaricación, malversación (cooperador necesario) y, además, blanqueo de capitales, y para la empresa, una multa de 21.900 euros y su disolución.
El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en 1.255.816 euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife, derivados de incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías con el consentimiento y connivencia de Villafranca y Chamorro, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación provisional. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.
La Junta de Andalucía está personada en la causa como acusación particular, debido a los supuestos perjuicios ocasionados a la agencia administrativa del monumento —dependiente de la Consejería de Cultura— por este asunto entre 2004 y 2015. Además, el PP ejerce como acusación popular en el procedimiento y pide las mismas penas que el Ministerio Público.
Continuas irregularidades
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía advierte de los perjuicios económicos que supusieron para el Patronato de la Alhambra la adjudicación irregular del servicio de audioguías que hizo en 2007 la agencia administrativa del monumento a GTP y el posterior proceder tanto de la empresa como del propio Patronato.
El Ministerio Público señala que el Patronato de la Alhambra no exigió el cumplimiento del contrato durante los tres primeros años de vigencia del mismo, que se prorrogó en 2011 aun cuando el administrador único de la mercantil adjudicataria tenía una deuda con la agencia administrativa del monumento que ascendía a 798.399 euros y de la que eran conocedoras Villafranca y Chamorro.
El Patronato, que nunca emitía factura, tampoco requería a GTP para el pago de los importes debidos, «existiendo un nulo control de los ingresos reales», según el escrito de la Fiscalía, que recoge asimismo que el administrador de la empresa «llevó a cabo durante los años 2007 a 2011 la sustracción de la recaudación obtenida en el desarrollo del contrato» y que, ante la exigencia de la rendición de cuentas por parte del Pleno del Patronato sobre los impagos, «urde un plan con la finalidad de aflorar el dinero opaco de la empresa».
