PP y Vox inician juntos una nueva batalla contra la izquierda por la regularización de los regadíos en Huelva

La regularización de regadíos en el entorno de Doñana, presentada por el PP y Vox como una mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, está ya más cerca de convertirse en realidad, después de casi diez años de deuda con los agricultores y regantes de la comarca. El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó este miércoles la toma en consideración de la iniciativa gracias a los votos favorables de los grupos proponentes de la ley y a pesar de la oposición frontal de los grupos de izquierdas y las amenazas de Bruselas.

En esta ocasión, el PP y Vox han iniciado juntos esta batalla contra la izquierda y van de la mano con los agricultores, que se manifestaron ante las puertas del Parlamento antes del debate de la proposición de ley y celebraron dentro la aprobación de su toma en consideración después del mismo. Una proposición de ley que viene a corregir la «injusticia» del decreto de 2014 por el cual se aprobó el Plan Especial de Ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana, que definía las zonas regables según una planimetría, ojo, con fecha de 2004.

Se trata del segundo intento por parte de los grupos del centro-derecha de regularizar los regadíos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), después de que en la pasada legislatura el PP presentara a tal efecto sendas proposiciones de ley con Ciudadanos y Vox, ambas idénticas. No en vano supone recuperar el texto registrado en enero de 2022. En aquella ocasión, el PSOE se fue a la abstención, una abstención que se ha convertido en un no rotundo pese a que la nueva iniciativa incorpora la creación de una Oficina de Seguimiento del Plan, enmienda socialista al anterior texto.

Y es que la Comisión Europea amenaza a España con sanciones millonarias si finalmente se aprueba esta proposición de ley de mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, al considerarla una «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que en 2021 ya condenó a España por las extracciones «desmesuradas de agua subterránea» en Doñana, vinculadas principalmente a la agricultura de regadío que se practica en el Condado de Huelva. Desde el PSOE advierten que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será el máximo responsable de unas hipotéticas sanciones a futuro.

No obstante, en el PP están convencido de poder explicar a la Comisión Europea que esta ley venidera no afectará a Doñana, ya que en ella se refieren exclusivamente a las aguas superficiales e infraestructuras; es decir, a la ordenación del territorio, no en vano se implica a la Consejería de Fomento (ahora dirigida por Rocío Díaz) y no a la de Medio Ambiente. El portavoz parlamentario popular, Toni Martín, aseguró este miércoles en rueda de prensa que derogarán la ley si supone un mínimo daño medioambiental a Doñana. Tal extremo no lo contempla siquiera Vox.

¿Qué dice la proposición de ley?

La proposición de ley invoca la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para «equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana».

En la exposición de motivos del texto se señala que «en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas».

La novedad de esta iniciativa conjunta del PP y Vox respecto al texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (PEOCFD), aprobado en diciembre de 2014 con el Decreto 178/2014.

Dicho Plan incluye en esa zona, la cual da cabida a los Espacios Naturales Protegidos, «los terrenos no grafiados como tales en la cartografía del Plan, que hayan transformado el uso forestal sin autorización de la Administración forestal competente». El matiz que introducen los grupos proponentes de la ley es una excepción a ese precepto para «las superficies en las que se hubieren implantado cultivos forestales de turno corto, según lo previsto en la Ley Forestal de Andalucía», que pretenden reformar, así como su Reglamento.

Ambos grupos proponen modificar el artículo 23.4.a) del Plan de Ordenación de 2014, sobre terrenos con un expediente sancionador por cambio de uso sin autorización de terreno forestal a agrícola, para precisar que «no se aplicará esta exclusión a aquellas superficies que tengan la consideración de agrícola, según la normativa vigente».

Quieren cambiar asimismo el artículo 23.5 del Plan de 2014 de manera que el conjunto de suelos agrícolas regables englobe tanto los terrenos agrícolas que legalmente tienen derecho de agua para regadío como aquellos terrenos agrícolas que pudieran ser regularizados, siempre y cuando haya disponibilidad de recursos hídricos.

Buscan modificar también la regulación de la Comunidad de Regantes para establecer que «para dicha constitución se requerirá estar incluidos en los suelos agrícolas regables» y a esto añaden como nuevo artículo 39.1.c) del Plan de Ordenación de 2014 que «los solicitantes deberán aportar documentación acreditativa de que su explotación cumple los requisitos para ser calificada como suelo agrícola regable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de este Plan Especial».

Un debate bronco

El debate de toma en consideración de la proposición de ley fue bronco incluso antes de iniciarse. Previamente, en la sala de prensa del Parlamento de Andalucía, el presidente del Grupo Socialista y secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, acusó a Juanma Moreno de «reabrir la guerra del agua en Doñana» en «el día del engaño más grande a los agricultores» de la zona, no siendo más que «el inicio de un proceso de conflicto», y lo llamó «negacionista climático».

En el salón de plenos, el diputado socialista Mario Jiménez no rebajó el tono y calificó la iniciativa del PP y Vox como «una inmensa farsa impulsada por el presidente de la Junta de Andalucía», de quien dijo también que «le importa un comino la realidad de esas familias», ya que «sólo quiere sus votos, aunque los termine de arruinar», refiriéndose a los regantes, presentes durante el debate.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, cargó contra el PP y Vox, a los que tachó de «negacionistas de la ciencia e incendiarios de la política». Aunque el momento más tenso del debate fue cuando la representante de la izquierda de Adelante Andalucía Maribel Mora echó arena de un jarrón en el escaño vacío de Juanma Moreno, ausente en ese momento, para simbolizar el «desierto» en el que, según ella, se va a convertir Doñana de prosperar la proposición de ley. El presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, le recriminó la acción: «Si quiere llamar la atención, cómprese un mono».

El ponente del PP, Manuel Andrés González aclaró que la iniciativa en cuestión «nada tiene que ver con Doñana ni con el agua» y pidió al PSOE andaluz y al Gobierno de Pedro Sánchez que «no mientan y no tergiversen» sobre ella; mientras que el ponente de Vox, Rafael Segovia, llamó «malas personas» a quienes piden que se cierren pozos. Todo ello, delante de unos agricultores a los que las bancadas popular y de Vox aplaudieron cuando se aprobó la toma en consideración de la proposición de ley. Los regantes, felices y encabezados por su portavoz y exvicepresidente del Parlamento por Ciudadanos, Julio Díaz, devolvieron los aplausos.