Un exempleado de UGT-A confirma que el sindicato tenía un «fondo de reptiles» similar al de los ERE

El exempleado de UGT-A Roberto Alejandro Macías, condenado a un año de prisión por revelación de secretos al sustraer información sobre el sindicato para filtrarla a la prensa, ha testificado este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula de la federación andaluza de UGT. Un testimonio muy esperado, dado que sus filtraciones precipitaron la investigación del caso.

En su declaración, Macías ha confirmado que el sindicato tenía un sistema de «facturas falsas» con cargo a las subvenciones autonómicas, similar al «fondo de reptiles» del caso ERE, con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas.

Según el testimonio de Macías, UGT-A pedía a algunos proveedores de confianza, hasta una decena, que inflaran la factura y que el sobrecoste se lo reintegraran posteriormente de manera que los fondos públicos acabaran en las arcas del sindicato a modo de «bote» o «fondo de reptiles». Así, podían justificarse ante la Junta de Andalucía como «un servicio no prestado o realizado por un importe inferior».

Tal extremo derivaba en un «excedente» económico fruto de la diferencia entre la cuantía reflejada en la factura del proveedor y el dinero efectivamente pagado, o sea, un «bote» económico que el sindicato, según sus palabras, empleaba para sufragar «bienes o servicios que no podía imputar a las subvenciones», desde «destornilladores a merchandising para la actividad sindical».

El extrabajador de UGT-A ha llegado a comparar este sistema con un «fondo de reptiles», parafraseando al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía socialista Francisco Javier Guerrero, fallecido en 2020 tras ser condenado por prevaricación y malversación por la Audiencia de Sevilla en la pieza principal del caso ERE.

También ha utilizado el término chanchullo a la hora de desgranar el funcionamiento del «bote» económico cosechado por el sindicato mediante el referido método de facturación «fraudulenta», toda vez que la investigación apunta a un presunto fraude de más de 40,7 millones de euros con cargo a subvenciones autonómicas.

El área de Justificación

Roberto Alejandro Macías ha precisado además que las «indicaciones» respecto a estas prácticas eran dictadas desde el departamento de Justificación de UGT-A, a su entender por orden del acusado Federico Fresneda, quien daba cuenta de ello a la ejecutiva del sindicato porque a él le encargaba «copias» de los informes para su elevación a los miembros del comité. El área de Justificación, según ha insistido, era la encargada de «supervisar» el «maquillaje» de las facturas.

En paralelo, ha aclarado que el presunto falseamiento de facturas no era directamente «planteado a todos los proveedores», pues tal extremo habría resultado «peligroso». Los acusados Federico Fresneda y Dolores Sánchez, exdirigentes de UGT-A, escogían las empresas a las que recurrir para esta práctica.

Eso sí, este extrabajador de UGT-A ha reconocido ante el tribunal que él nunca trabajó en el área de Justificación, que no tiene conocimientos de contabilidad ni de justificación de subvenciones y que no participaba de las sesiones de la comisión ejecutiva del sindicato. Él era «el último mono» de la organización.

Roberto Alejandro Macías estuvo trabajando como administrativo en el departamento de compras de la federación andaluza de UGT desde 2008 hasta noviembre de 2012 y previamente en Soralpe, la empresa instrumental del sindicato, durante cuatro o cinco meses.