El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra Teresa Ribera, en la firma del pacto de Doñana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra Teresa Ribera, en la firma del pacto de DoñanaFrancisco J. Olmo | Europa Press

Andalucía

Moreno acepta corregir el nuevo decreto de simplificación para salvar el pacto de Doñana

La Junta y el Gobierno acuerdan cambiar la redacción del artículo que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas en la víspera de la reunión entre Moreno y Ribera

La Junta de Andalucía ha acordado este miércoles con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cambiar la redacción del artículo del decreto ley de simplificación administrativa, aprobado por el Ejecutivo autonómico, que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y el uso de suelos forestales y agrícolas.

Los equipos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España se han reunido de manera telemática para abordar el contenido del citado artículo, con el objetivo de salvar el pacto de Doñana, suscrito el pasado mes de noviembre por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que volverán a reunirse mañana jueves en el Palacio de San Telmo.

Ambas administraciones han informado de que la reunión ha sido «cordial y breve», y la Junta ha precisado que ha sido «muy fácil» llegar a este acuerdo, que se produce después de que la ministra Ribera expresara en la últimas horas su «preocupación» por el contenido del mismo e hiciera una llamada al presidente Moreno para abordar el asunto.

La redacción inicial del citado artículo en el decreto ley de simplificación administrativa señalaba «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta».

«Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta Ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas. Asimismo, se excluye el carácter forestal de aquellas superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo de este apartado, hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor», según rezaba en el artículo original.

La Junta había argumentado que con esa redacción se perseguía la «armonización» de la Ley Forestal andaluza con la estatal.

Nueva redacción

La nueva redacción que han acordado ambas administraciones afectaría a «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas autorizados con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en ésta».

«Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años. Dichas superficies solamente estarán sujetas a las previsiones de esta ley mientras se encuentren presentes estas especies forestales de turno corto implantadas sobre las mismas», se añade.

Además, se señala que «lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a las superficies que, reuniendo las características descritas en el primer párrafo, cumplan alguno de los siguientes criterios: Superficies que hayan sido retornadas a usos agrícolas por sus titulares con anterioridad a su entrada en vigor; superficies que se encuentren en montes públicos; superficies que se encuentren en montes catalogados de utilidad pública, y superficies que se encuentren en montes situados en cualquier clase de dominio público».

El acuerdo se ha producido el mismo día en que el decreto de simplificación administrativa se convalida ante el Pleno del Parlamento, gracias a la mayoría absoluta del PP andaluz. La Junta tendrá que abordar una «corrección técnica» para incluir la nueva redacción del artículo que ha sido objeto de disputa entre ambas administraciones. La modificación se incluirá con efectos a partir del pasado 17 de febrero.

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