Moreno evita un nuevo conflicto con el Gobierno sobre Doñana y consigue un acuerdo contra la sequía

El pacto de Doñana sigue vivo. Continúa vigente aquel acuerdo que firmaron el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a finales del pasado mes de noviembre para proteger el Parque Nacional de Doñana, después de una nueva reunión entre ambos dirigentes en el Palacio de San Telmo que ha sofocado la polémica que estalló a comienzos de semana.

El detonante de la polémica fue el cuarto decreto de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, aprobado por el Gobierno de Moreno a inicios de este mes de febrero y ya convalidado por el Parlamento andaluz, gracias a la mayoría absoluta del PP; en concreto, su artículo 242, que recogía unos párrafos calcados de la controvertida proposición de ley de regadíos que provocó un conflicto entre San Telmo y la Moncloa.

Dentro de la macroreforma legal que supone el cuarto decreto de simplificación aprobado por el Gobierno de Moreno, se trataba de una modificación de la Ley Forestal de Andalucía que establecía que las superficies donde se hubieran plantado especies forestales de turno corto en régimen intensivo ―chopos y eucaliptos― con un uso agrícola en el pasado podrían volver a este uso original si así lo decidía su dueño, para así adaptarla a la norma estatal.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, dio el lunes la voz de alarma y acusó a Juanma Moreno de «colar» en el decreto de simplificación una parte de la proposición de ley de regadíos, iniciativa que los 'populares' harán decaer en el Parlamento autonómico en virtud del pacto de Doñana, el cual estuvo en peligro después de que la ministra Ribera suspendiera una reunión con los alcaldes de la zona para el reparto de los fondos.

Así, el Gobierno de Moreno, dispuesto a salvar el pacto de Doñana, ha aceptado corregir el decreto de simplificación en lo referente a la Ley Forestal de Andalucía y el uso de suelos forestales y agrícolas. Los equipos de la Junta y del Ministerio para la Transición Ecológica se reunieron el miércoles de forma telemática y acordaron cambiar la redacción del artículo 242 del decreto. El acuerdo se producía mientras el Parlamento andaluz convalidaba el decreto.

La polémica duró 48 horas, y las partes alcanzaron el acuerdo en apenas dos minutos, según fuentes conocedoras de la reunión. No obstante, tanto el PSOE como el grupo Por Andalucía han anunciado su intención de recurrir el decreto de simplificación ante el Tribunal Constitucional al considerar que el Gobierno andaluz utiliza la figura del decreto ley para aprobar medidas que no son urgentes y que no están estrictamente relacionadas con la simplificación administrativa.

Acuerdo contra la sequía

La buena sintonía entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica se plasmaba ayer jueves en la reunión entre Juanma Moreno y Teresa Ribera, que ésta mantuvo a pesar de la polémica. En esta nueva cita se ratificó la vigencia del pacto de Doñana y, además, se alcanzó un acuerdo que establece un calendario de actuaciones para hacer frente a la sequía e impedir que los andaluces sufran cortes de agua.

Moreno y Ribera han acordado cofinanciar la llegada de barcos con agua a Andalucía si la situación de sequía lo requiere, de una forma similar a la ya pactada con Cataluña, con recursos que procederían de desaladoras que, sin embargo, no están ahora a pleno rendimiento y no son titularidad del Estado. Esta medida se concibe «último recurso», según concretó el presidente andaluz en la rueda de prensa posterior.

Llegado el caso, el Gobierno central financiaría la producción de agua en la desaladora y su conexión al barco, mientras que la Junta de Andalucía ese haría cargo del transporte hasta el puerto. Málaga, Algeciras (Cádiz) y Carboneras (Almería) están preparando sus instalaciones para una hipotética llegada de barcos con agua.

La Junta trabaja con un escenario de llegada de un barco diario a Andalucía con hasta 100.000 metros cúbicos de capacidad, con un gasto de cinco millones de euros al mes, que serían unos 20 millones durante la época veraniega. El precio del agua desalada en la planta de origen oscila entre los 60 y 70 céntimos por metro cúbico.

Llenar un barco podría suponer 70.000 euros, y transportarlo, unos 170.000 euros, según las cifras que manejan ambas administraciones, que ahora estrechan relaciones para luchar contra la sequía, tras el precedente del pacto de Doñana, que sigue adelante pese a la polémica del decreto de simplificación.