La Junta de Andalucía impulsa un comisionado para coordinar las acciones del pacto de Doñana con el Gobierno

El Gobierno de Juanma Moreno ha empezado a trabajar este lunes en la creación de un comisionado que supervise el cumplimiento del pacto de Doñana, que alcanzó con el Ministerio para la Transición Ecológica a finales del pasado mes de noviembre y que se traduce en un gasto conjunto de 1.400 millones en medidas socioeconómicas para los municipios en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

El pacto de Doñana prevé acciones económicas y ambientales en la llamada área de influencia del Parque Nacional de Doñana, que son los casos de los municipios de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Huelva; Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, en Huelva, y Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa, en Sevilla.

En el acuerdo también se contempla la intención de articular la participación y el diálogo permanente entre los representantes de ambas administraciones, pero también con los ayuntamientos, agentes sociales y medioambientales del territorio representados en el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana para informar del desarrollo y del resultado de las actuaciones realizadas.

Así, el Gobierno andaluz, bajo su premisa de cumplir con todos los compromisos adquiridos en dicho pacto para la defensa del Parque Nacional de Doñana y de su entorno, creará un comisionado para llevar a cabo las tareas de seguimiento tanto de las actuaciones que se vayan a implantar como de las necesarias para hacer posible el diálogo al que las partes se han comprometido.

Con sede en Huelva

La creación de este comisionado tendrá su sede en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y se llevará a cabo mediante la correspondiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul con la dotación de un puesto de personal funcionario de nivel 30 adscrito a la viceconsejería del ramo.

El comisionado tendrá como funciones el seguimiento de las iniciativas que debe ejecutar cualquier administración pública, ya sean líneas de ayudas e inversiones directas; la coordinación de la participación de la Junta de Andalucía en el foro de diálogo sobre los compromisos de ambas administraciones, y la evaluación de las iniciativas y actuaciones, según una nota de la Junta.

De igual modo, serán funciones del comisionado la interlocución con el Consejo de Participación de Doñana, ayuntamientos y agentes sociales y medioambientales sobre las actuaciones de ejecución del pacto por parte de la Junta de Andalucía, y la coordinación con la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana.