Andalucía y Canarias reclaman al Gobierno una reforma legal para el reparto de menores inmigrantes

Los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de Canarias, Fernando Clavijo (CC), han reclamado este miércoles al Gobierno central una legislación clara y recursos en relación con la distribución en España y la atención por parte de las comunidades autónomas de los menores inmigrantes que están llegando especialmente de manera numerosa a las islas y a la región andaluza.

Así lo han trasladado Moreno y Clavijo en una rueda de prensa conjunta en el Palacio de San Telmo de Sevilla tras firmar un protocolo de cooperación entre ambos gobiernos para un periodo de cuatro años sobre asuntos de interés común para ambos territorios, donde el tema de la inmigración es una cuestión fundamental.

Fernando Clavijo ha querido dejar claro que las islas Canarias están «desbordadas» con más de 5.000 menores inmigrantes no acompañados a su cargo, a los que no se les puede ofrecer la atención que deberían tener por la falta de recursos. Ha pedido al Gobierno central que la misma rapidez y agilidad que tiene con la Ley de amnistía la aplique a la hora de legislar para resolver jurídicamente la distribución de los menores inmigrantes que están llegando de manera masiva a las islas o a Andalucía.

Ha indicado que, ante todo, tiene que prevalecer el derecho de ese niño y, por ello, el Estado tiene que asumir «su responsabilidad y que luego, obviamente, las comunidades, en función de los criterios que establezcamos entre todos, asumamos nuestra parte de responsabilidad para poder dar a esos menores una opción de garantía de futuro».

«No podemos estar ateniéndolos como se merecen», ha indicado el presidente canario sobre los menores que en estos momentos están en las islas, y ha insistido en pedir celeridad al Gobierno nacional para poner «sobre la mesa las modificaciones legislativas» necesarias, ya sea del Código Civil o de la Ley de Extranjería, para regular la situación de esos niños y acordar con las comunidades autónomas.

«Debemos dar una respuesta a una situación que hoy le toca a Canarias o a Andalucía, pero que en realidad le está tocando a toda Europa porque cuando llegan a nuestras costas llegan a Europa», según ha sentenciado.

Por su parte, Juanma Moreno ha indicado que Andalucía es la comunidad que ha recibido más inmigrantes procedentes de Canarias, concretamente cerca de 6.195 personas desde septiembre a diciembre de 2023. Por ello, ha afirmado que ambos presidentes comparten la preocupación por este tema, ya que el riesgo de colapso es real y ha apostillado que el 100% de los recursos en Andalucía para acoger a inmigrantes procedentes de Canarias está ocupado.

El presidente de la Junta ha incidido en que el Ministerio debe acordar con urgencia una propuesta legislativa para distribuir, de forma obligatoria y proporcionada, a los menores inmigrantes no acompañados por todas las comunidades autónomas, así como la dotación presupuestaria suficiente para garantizar su atención específica.

En relación con este asunto, ha recordado que Andalucía se lo reclamó por carta a la ministra de Juventud e Infancia el pasado 16 de febrero y que lo volverá a hacer en la conferencia sectorial del próximo 18 de marzo. «Andalucía y Canarias somos frontera de Europa y como tales somos territorios que vivimos en primera línea el fenómeno de la inmigración irregular, de la atención a quienes arriesgan todo por una vida mejor. Apelamos a que esa voz que alzamos desde el Sur pidiendo ayuda sea atendida con la sensibilidad que merece», ha añadido.

Moreno ha aseverado que el Estado no puede inhibirse de una responsabilidad que es suya, a la vez que ha lamentado que en esta materia haya una política sin planificación, con una «improvisación permanente por parte del Gobierno de la Nación y donde no existe ningún tipo de financiación». «Hace falta transparencia, una hoja de ruta nueva, una modificación normativa y que el Estado asuma su responsabilidad, su liderazgo a la hora de planificar con las comunidades autónomas y de tomar decisiones», ha dicho.

Contenido del protocolo

El protocolo suscrito por Andalucía y Canarias tendrá una vigencia de cuatro años e incluye 12 áreas distintas como son la sanidad, el consumo, las políticas sociales, el turismo, el medioambiente, la agricultura y la pesca, las universidades, el emprendimiento, la innovación o la justicia y la mediación, entre otras.

Moreno, que ha avanzado que se creará una comisión de seguimiento para asegurar su desarrollo y cumplimiento, ha aseverado que el diálogo, el consenso y el entendimiento para defender el interés general es lo que da sentido a la manera de hacer política del Gobierno andaluz.

De este modo, ha incidido en la firme voluntad y en la determinación tanto de Andalucía como de Canarias para avanzar a través de la cooperación y la colaboración, llevando a cabo un aprendizaje mutuo de las experiencias de ambos gobiernos que pueden ser satisfactorias y repercutir positivamente en el día a día de los ciudadanos.

Uno de los asuntos a los que ha hecho referencia es el de la gestión del agua y a la capacidad para optimizar su uso y ha matizado que Canarias lleva décadas siendo un referente en esto por su condición de insularidad, a lo que se suma que la primera planta desaladora de Europa se construyó en Lanzarote hace 60 años y que, a día de hoy, cuenta con más de 200 desaladoras activas.

«Canarias cuenta con una experiencia muy importante de la que queremos aprender y compartir para traerla a Andalucía. Queremos estrechar la colaboración en esta materia y aprender de quienes llevan más de medio siglo buscando soluciones a este problema», según ha dicho el presidente andaluz.

Ha considerado clave que se reconozca la singularidad hídrica de la comunidad andaluza, ya que ha incidido que territorios como Canarias o Andalucía deben tener especial atención por el resto de las administraciones que, según ha dicho, «deben entender que el agua es fundamental para poder competir con los territorios más prósperos de Europa».

A este respecto, ha calificado fundamental que la sequía sea un asunto de Estado por parte del Gobierno de España y en las instituciones europeas porque es un problema que afecta a ambos territorios igual que a muchas regiones de Europa y que afecta a la capacidad de desarrollo y de progreso.