La disputa por los fondos del pacto de Doñana llegará hasta la Unión Europea

Es la manzana de la discordia en el área de influencia de Doñana. Tanto es así que el reparto de los 70 millones entre los 14 municipios implicados en el pacto entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central llegará hasta la Unión Europea de la mano de los ayuntamientos onubenses de Almonte e Hinojos, en desacuerdo con la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica.

El Gobierno decidió el pasado mes de marzo un reparto lineal de los 70 millones de fondos para el desarrollo sostenible del área de influencia de Doñana, como recogía la propuesta de 12 de los 14 pueblos, todos menos Almonte e Hinojos, que ya fueron muy críticos con la decisión al considerar que sus municipios eran los más afectados en el reparto.

Según la propuesta asumida por el Gobierno, la línea de distribución tendrá un suelo de cuatro millones y un techo de unos ocho millones, en «igualdad de condiciones» entre los 14 municipios, utilizando criterios como la superficie, el número de habitantes, el PIB o la situación socioeconómica.

En este punto, los ayuntamientos de Almonte e Hinojos están perfilando la presentación de una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se investigue el reparto. Dicha queja se presentará una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica haya concluido el proceso de modificación del decreto que regula el reparto de los fondos.

El alcalde de Almonte, el exsocialista Francisco Bella (Ilusiona), ha afirmado que la queja se fundamenta en que «el reparto es político y no lógico», ya que el Parque Natural ocupa alrededor del 75 % de su término municipal y, sin embargo, recibirán un máximo de ocho millones, mientras que otros municipios «no tienen ni un metro cuadrado ni en el Parque Nacional ni en el Parque Natural y reciben casi tanto o más dinero por habitante»

Bella considera que si el Ministerio hubiera realizado el reparto en base a criterios territoriales, es decir, «en función del 80 % del territorio ocupado y del 20 % de la población», a Almonte «le corresponderían 28 millones de euros», y que si se hubiera hecho conforme a las propuestas presentadas por Almonte e Hinojos, «de forma que se hubieran distribuido al 25 %, habría recibido 21 millones».

Otra de las fórmulas que los dos municipios disidentes pusieron encima de la mesa tenía en cuenta «los índices de paro, la renta per cápita y otros factores», con los que Almonte «se podría quedar en torno a unos 18 millones», según su alcalde, que ha planteado al Ministerio la figura de un «mediador europeo» para vigilar el proceso.

David contra Goliat

La idea es que el Tribunal de Estrasburgo haga rectificar al Gobierno aun en el plazo de un año, un tiempo que, según ha reconocido el alcalde de Almonte, supondrá «un perjuicio para todo el mundo», ya que durante este periodo no se aplicarán los fondos, que «tienen una caducidad hasta el año 2027».

No obstante, Francisco Bella entiende que esta cuestión es la de «David y Goliat, y contra Goliat no podemos hacer nada. Es todo un aparataje del Ministerio que ha adoptado este criterio y lo va a llevar a cabo, por lo que lo único que nos queda es recurrir a la Unión Europea, cosa que estamos perfilando con Hinojos».