La ley de eutanasia ya ha llevado a la muerte a más de medio centenar de andaluces desde su entrada en vigor

La ley que regula la eutanasia en España entró en vigor el 25 de junio de 2021. Desde entonces ha llevado a la muerte a 53 personas en Andalucía, donde se habían recibido hasta 137 solicitudes al cierre de 2023, año el que 24 personas, de un total de 56 solicitantes, perdieron la vida por eutanasia en la región andaluza, según un informe de la Junta sobre su aplicación.

Este documento, elaborado concretamente por la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, detalla que 16 de las 56 solicitudes en 2023 no dieron lugar a la tramitación del expediente por desistimiento (dos), fallecimiento antes del inicio de la tramitación (ocho), encontrarse en fase de estudio (cuatro) o por tener informe desfavorable por parte del médico responsable que no han sido objeto de reclamación (dos).

Las 40 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la Comisión, de las que 24 tuvieron resolución favorable y acabaron en eutanasia. Un solicitante obtuvo la resolución favorable, pero pidió el aplazamiento; seis fallecieron durante la tramitación, y los nueve restantes recibieron resoluciones desfavorables.

Por sexos, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho, en Cádiz; cuatro, en Córdoba; dos, en Granada; una, en Huelva; una, en Jaén; 13, en Málaga, y siete, en Sevilla.

Motivos de las solicitudes

Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos sobre los que se alegaron para pedir la eutanasia son los procesos neurodegenerativos (en un total de 19 expedientes), procesos pluripatológicos o crónicos complejos (diez expedientes) y procesos oncológicos (siete expedientes).

El informe de la Junta de Andalucía expone que el 82,5 % de las solicitudes se iniciaron en el ámbito de la Atención Primaria por la proximidad del paciente, la familia y el hogar familiar, y que tres de las personas que recibieron la eutanasia donaron sus órganos. Por otro lado, desde noviembre de 2021, cuando se creó el registro, hasta diciembre de 2023, 1.340 profesionales sanitarios se habían acogido a la objeción de conciencia.

Expedientes por edades

Desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia se han formulado 137 solicitudes en Andalucía (81 en 2022 y 56 en 2023) y se han tramitado 92 expedientes (52 y 40, respectivamente). Por tramos de edad, se han abierto un expediente para una persona menor de 30 años (en 2022) y siete para menores de 40 (tres en 2022 y cuatro en 2023).

Además, se han tramitado nueve expedientes para personas de entre 40 y 49 años (cinco en 2022 y cuatro en 2023); 21 de personas de entre 50 y 59 años (12 en 2022 y nueve en 2023); 16 de personas de entre 60 y 69 años (seis en 2022 y diez en 2023); 28 de personas de entre 70 y 79 años (18 en 2022 y diez en 2023) y diez de mayores de 80 años (siete en 2022 y tres en 2023).

El Gobierno de Juanma Moreno considera la eutanasia un «derecho reconocido». No en vano, la Consejería de Salud ha puesto a disposición de la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir una unidad móvil para garantizar tal «derecho» en todas las provincias andaluzas ante casos de objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios.