Vivienda construida de forma ilegal en suelo rústico precintada tras la inspección de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía estrecha el cerco sobre las parcelas ilegales y frena 300 obras en dos meses
Los inspectores de la Administración autonómica llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras 100 edificaciones irregulares en las próximas semanas
El Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha en septiembre de 2023 un plan para acabar con las parcelas ilegales en Andalucía. La labor inspectora de la Junta de Andalucía está dando frutos en este sentido y en los meses de junio y julio se ha frenado la construcción de 300 parcelas y edificaciones ilegales.
La Junta de Andalucía, con la colaboración del Seprona –unidad especializada de la Guardia Civil– y del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma, ha llevado a cabo estos precintos en los municipios de La Rambla, en Córdoba; La Línea de la Concepción, Chiclana, Paterna de Rivera, Barbate y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz; Brenes, en Sevilla, y Palos de la Frontera y Bonares, en Huelva.
Además, los inspectores de la Administración autonómica han efectuado labores de reprecinto en 184 parcelas y edificaciones ya precintadas en operativos anteriores en los municipios gaditanos de San Roque y Vejer de la Frontera y en las próximas semanas llevarán a cabo actuaciones de precinto en otras 100 edificaciones ilegales en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Córdoba.
Por otro lado, en lo que va de año se han iniciado expedientes de protección de la legalidad que afectan a alrededor de 400 edificaciones y parcelas ilegales y se han levantado 450 actas en visitas de inspección al territorio, según datos de la Junta de Andalucía.
Estas cifras chocan con la realidad hasta 2018, último año de gobierno socialista, en el que no se precintó ninguna edificación y los expedientes de protección de la legalidad incoados apenas afectaron a 38 parcelas.
La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha incrementado la labor inspectora «consciente de que el urbanismo ilegal en suelo rústico provoca graves problemas sociales y ambientales, que van desde la contaminación y agotamiento de los acuíferos hasta problemas de seguridad y salubridad provocados por la falta de acceso a servicios de emergencia o incendios provocados por la mala calidad de los elementos constructivos».
Sanciones
El precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con posible multa de 30.000 a 120.000 euros.
Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional, mientras persista, puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10 % del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros.
Por otro lado, el incumplimiento de las órdenes de suspensión puede agravar las consecuencias penales de la actuación, puesto que la rotura del precinto y la continuación de las obras puede ser constitutiva de un delito de desobediencia que, en concurso con el delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo cometido por construir ilegalmente en suelo rústico, puede acarrear penas de cárcel para sus autores.
