El motivo por el que Chaves, Griñán y otros ex altos cargos absueltos por el TC no pasarán un verano tranquilo

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional anulaba las condenas por malversación y prevaricación que pesaban sobre los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Con esta decisión, en la que los siete votos a favor del sector progresista se imponían a los cuatro en contra del bloque conservador, el tribunal iba ordenando progresivamente la anulación o revisión a la baja de las condenas por el caso de los ERE en Andalucía.

A partir de septiembre, la Audiencia Provincial de Sevilla dictará otra sentencia, a expensas de lo emitido por el TC, donde se eliminará la pena por malversación, que comporta automáticamente cárcel, según la interpretación de la causa, que estableció que no se puede cometer esta clase de delitos cuando se aprueba un proyecto de ley de presupuestos.

Elevar el caso al Tribunal Europeo

Sin embargo, esto no significa que tanto Chaves como Griñán como otros tantos ex altos cargos de la Junta socialista vayan a pasar un verano tranquilos.

En primer lugar, el sindicato Manos Limpias remitió un escrito a la Audiencia Provincial donde se reclama al tribunal sevillano que antes de emitir esa nueva sentencia, presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que Luxemburgo dictamine si la exoneración de estos dirigentes es compatible con la lucha contra la corrupción.

En el caso de que este movimiento no prospere, el Gobierno andaluz se guarda una última bala en la recámara con la esperanza de que lo que sucedió en Andalucía en aquellos años no quede impune.

«Sentí estupor (cuando se conoció el dictamen del TC) porque he visto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a jueces, magistrados y fiscales, trabajar sin descanso. He visto los millones de euros del contribuyente gastados para juzgar a unos señores. No es habitual lo que ha sucedido. No es lógico», reconocía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista en ABC.

Una entrevista en la que el dirigente popular deslizaba que él y los suyos pasarían a la acción, hasta el punto de que se plantea acudir a la justicia europea para que dilucide si la decisión del TC fue la correcta. «La Junta no está personada porque así lo decidió la anterior presidenta. Nosotros buscamos la forma de personarnos, el partido (el PP) sí está personado. Según he oído, puede ser la propia Audiencia provincial la que se persone y eleve la causa a Europa», añadía.

Recuperar el botín

En el caso de que el tribunal sevillano no lo haga, Moreno aseguró que lo harán ellos. «Vamos a hacerlo. Pero hay que estudiar desde el punto de vista jurídico la fórmula más viable».

La Junta de Andalucía sí forma parte de las piezas separadas de los ERE como perjudicada. Además, el hecho de que el PP ejerciera como acusación popular en el caso desde sus inicios permite que la Audiencia Provincial de Sevilla les dé traslado de cada paso que se da.

Mientras se deciden los pasos a seguir, Moreno y su gobierno están centrados en recuperar parte del botín defraudado en aquellos años. El Ejecutivo autonómico ha recuperado hasta la fecha unos 27 millones, pero reclama hasta 135 más en las distintas causas, una cantidad que, en todo caso, seguiría estando muy alejada de los 680 millones de euros que, se estima, completaron el fraude.