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El abogado y secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una imagen de archivo
Caso ERE
Manos Limpias solicita elevar al Tribunal Europeo el borrado de los ERE por los vínculos del TC con el PSOE
El sindicato pide a la Audiencia de Sevilla que plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE porque la sentencia del Constitucional genera un «riesgo de impunidad» respecto a la corrupción
El sindicato Manos Limpias, acusación popular en el juicio de la pieza política del caso ERE, ha solicitado a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que, antes de emitir la nueva sentencia requirida por el Tribunal Constitucional (TC), plantee una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) por los vínculos de la Corte de Garantías con el PSOE.
El escrito de Manos Limpias se produce después de que el Constitucional, con una mayoría de siete magistrados a favor y cuatro en contra, haya admitido parcialmente los recursos de amparo de diez de los políticos condenados por los ERE, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con unas sentencia que suponen el borrado penal de la mayor trama de corrupción de la historia reciente de España.
A grandes rasgos, el TC ha declarado que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo, en sus sentencias, habrían «incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución española».
Manos Limpias alude en su escrito, concretamente, a la decisión del TC de anular la condena por prevaricación de Magdalena Álvarez, recordando que el TC ha «apreciado la lesión del principio de legalidad penal en la condena por delito continuado de prevaricación, respecto de la elaboración de las Leyes de Presupuestos de 2002 y 2004, pero no estimó el amparo por la condena como consecuencia de las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001».
Además, la asociación esgrime que diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «exigen que los tribunales constitucionales de los Estados miembro de la UE sean independientes e imparciales particularmente respecto de la designación de sus miembros por el legislativo y el ejecutivo».
La composición del tribunal
Manos Limpias señala que «nueve de los magistrados que dictaron la sentencia tenían una vinculación con el Legislativo o el Ejecutivo español» y cinco de ellos, en concreto «Conde-Pumpido, Montalbán Huertas, CampoMoreno, Diaz Bueso y Balaguer Callejón presentaban vínculos directos con el PSOE, al que pertenecían muchos de los condenados, entre ellos Magdalena Álvarez»; con lo que el tribunal «no cumplía las garantías de independencia e imparcialidad exigidas».
Además, el sindicato avisa de que esta sentencia del TC «contiene declaraciones contrarias a la persecución eficaz y disuasoria del fraude a los intereses financieros de la Unión europea en la interpretación del concepto 'resolución administrativa arbitraria', de la inmunidad penal de los anteproyectos y proyectos de Ley de Presupuestos, la exención de responsabilidad respecto de la elaboración de las leyes de presupuestos y los actos amparados en las mismas; la ausencia de responsabilidad en la eliminación de los controles del gasto, que entrañan la absolución del delito de prevaricación de Magdalena Álvarez y además condicionan eventual enjuiciamiento que deba adoptar a continuación» la Audiencia.
La sentencia, según la asociación, supone «un riesgo de impunidad respecto de los afectados, que genera una imagen de ausencia de persecución de la corrupción en España y de protección asimétrica de los intereses financieros de la Unión entre los estados miembro».
Por tanto, Manos Limpias pide a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que, antes de emitir la nueva sentencia que le ha ordenado el TC, plantee ante el TJUE una «cuestión prejudicial interpretativa» sobre si la sentencia del TC es «compatible» con el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que declara que los Estados miembro «combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión» y con la jurisprudencia del TJUE, así como si los mandamientos del Constitucional «resultan vinculantes y obligatorios en el dictado de la nueva sentencia» merced a todo lo expuesto.