La muerte del consenso andaluz sobre financiación autonómica

«Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios. Dada esta premisa, no es defendible que las comunidades autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos». Así se recoge en el dictamen sobre financiación autonómica que aprobó el Parlamento de Andalucía en marzo de 2018 y que hasta ahora ha sido el punto de encuentro de los distintos partidos para reivindicar una reforma del modelo de reparto.

Este documento, impulsado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y apoyado por el PSOE, el PP, Podemos e Izquierda Unida (solo Ciudadanos votó entonces en contra), continúa hoy vigente. Al menos, en teoría, porque el criterio de los socialistas, así como del resto de la izquierda, ha cambiado, y mucho, desde que se aprobara. De hecho, es una enmienda a la totalidad del texto.

Para empezar, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, afirmó tras su reciente reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que el problema de Andalucía «no es de financiación, sino de gestión de los recursos», a pesar de lo dicho hasta entonces y de que el propio dictamen reconoce la infrafinanciación de Andalucía. Estas declaraciones no fueron un desliz, ya que, un día más tarde, el portavoz adjunto del partido, Josele Aguilar, insistió en esta idea.

Además, el aval de la izquierda en su conjunto a una financiación «singular» para Cataluña choca frontalmente con la esencia del dictamen, que establece que «la reforma del sistema de financiación autonómica debe poner su foco en las personas y no en los territorios. La capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar de ninguna manera el cumplimiento de la equidad en la prestación de servicios públicos. Una comunidad con un nivel de renta relativamente bajo debe poder ofrecer los mismos servicios que otra con más renta».

Se da la circunstancia de que la principal avalista del llamado cupo catalán es María Jesús Montero. El PSC y Esquerra Republicana pactaron, literalmente, «impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos», aunque Montero lo circunscribió este pasado viernes al IRPF y poco más.

Cupo contra las regiones pobres

Por otro lado, el dictamen rechaza el principio de ordinalidad. Este concepto se refiere a la pretensión de ordenar a las comunidades autónomas en términos de financiación per cápita, respetando el ranquin de estas en términos de capacidad fiscal, una idea defendida por el PSC de Salvador Illa y avalada por el PSOE. Básicamente, supone que cuantos más recursos aporte una comunidad, más recursos recibirá, otra forma de acabar con la redistribución de la riqueza entre comunidades ricas y las más pobres.

El Parlamento andaluz acordó, en cambio, que «el nuevo modelo de financiación debe contar con un elevado consenso político y territorial, ha de ser justo y aceptable para todos y ser capaz de hacer efectivo el principio de equidad. En este sentido, los recursos que proporcione a cada comunidad autónoma deben estar en consonancia con sus necesidades, independientemente de su capacidad tributaria, para que todas puedan prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, dado un mismo esfuerzo fiscal».

En definitiva, el dictamen sobre financiación autonómica ha quedado hoy en agua de borrajas ante el respaldo del PSOE y, por extensión, del resto de la izquierda andaluza hacia el cupo catalán, que supone la muerte del consenso sobre la materia en Andalucía.