Nuevo retraso en la macrocausa de los ERE: aplazan hasta 2026 el juicio de la pieza separada de Calderinox

Nuevo retraso en la macrocausa de los ERE. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha suspendido el juicio de la pieza separada de la extinta empresa sevillana Calderinox cuyo comienzo estaba previsto para este lunes.

Según ha podido saber El Debate, algunas partes no podían asistir a las fechas inicialmente señaladas y pidieron el aplazamiento de la vista oral, que se ha vuelto a señalar para septiembre de 2026. Los hechos, por tanto, se juzgarán 18 años después del origen del presunto fraude.

Este procedimiento se dirige contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, procesa en unas 50 piezas separadas del caso ERE; el que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, dos sindicalistas de Comisiones Obreras, un agente de seguros y el exdelegado el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, como «intruso» en las prejubilaciones de dicha empresa.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, sobre la plantilla de Calderinox pesaba allá por 2008 un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), dada la situación de concurso de acreedores de la empresa. Esa suspensión colectiva de empleo fue autorizada por Antonio Rivas como delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla.

Según el Ministerio Público, Rivas «asumió fuera de la legalidad el compromiso de pago de ayudas con fondos públicos de la Junta», tras «negociaciones» con J. A. C. C., entonces secretario de Industria de CC.OO. en Sevilla, y E. M. J. G., entonces responsable de Acción Sindical de la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. Andalucía, quienes «eran conocedores de la ilicitud del proceder».

Tal «compromiso» se tradujo, según la Fiscalía, en ayudas para paliar los atrasos e impagos de nóminas de la plantilla y ayudas sociolaborales para una póliza colectiva de rentas para la prejubilación, por supuesto «al margen del procedimiento debido tanto para las ayudas a empresas como a subvenciones sociolaborales para ex trabajadores de empresas en situación de crisis».

Dichos movimientos supusieron la concesión de 612.890 euros para tales fines «sin que se llegara a acreditar el fin público de su aplicación, al margen de los mecanismos legales y con el más absoluto desprecio a otros colectivos de trabajadores» en la misma situación; en concreto, 432.728,7 euros para pagos de salariados adeudados por Calderinox a 120 de sus empleados, a razón de 3.600 euros por persona, y 168.000 euros para «paliar el impago de nóminas» de 84 empleados.

Además, ambas partes pactaron la concesión de 898.571 euros de los fondos autonómicos para la financiación de «un plan de prejubilación» mediante una póliza colectiva de rentas para la plantilla, «contraviniendo» de lleno las leyes de Hacienda Pública de Andalucía y General de Subvenciones, «sin bases para su otorgamiento ni criterios de publicidad, concurrencia ni objetividad y sin acreditar su carácter excepcional ni resolución motivada de concesión».

Las resoluciones de concesión de todos estos fondos fue firmada por los que fueran directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos ya condenados a prisión por malversación en la sentencia de la pieza política de los ERE.

Dicha póliza colectiva de rentas, según la Fiscalía, fue contratada con la aseguradora La Estrella, entonces dirigida por el acusado J. G. M. como administrador único. Antonio Rivas, como delegado provincial de la Consejería de Empleo, instó supuestamente a este último a «introducir como beneficiario y perceptor de rentas» a alguien que jamás había trabajado en Calderinox. Se trata del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés.

El escrito de acusación prosigue atribuyendo a Daniel Alberto Rivera, quien en abril de 2010 sucedió a Juan Márquez en la Dirección General de Trabajo, diferentes resoluciones para el pago de los fondos aludidos, «a sabiendas de que no se había tramitado expediente alguno», asumiendo la Junta un coste de 1,34 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y pagando por ello a la aseguradora La Estrella 444.980 euros, mientras que el resto quedó «pendiente de realizar».

Peticiones de condena

Dado el caso, la Fiscalía acusa a Antonio Rivas de un presunto delito continuado a de prevaricación y otro delito de falsedad en documento oficial, en concurso con un supuesto delito de malversación, y reclama para él siete años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta.

A Daniel Alberto Rivera le imputa los mismos delitos y solicita para él cinco años de prisión y cinco de inhabilitación absoluta; para los sindicalistas, cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por prevaricación en concurso con malversación; para Rodríguez Cordobés, un año y cuatro meses de prisión y ocho años de inhabilitación por malversación, y para el agente de seguros, seis años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por prevaricación en concurso con malversación.