Desde el bote hasta el rapel: los métodos que usaba UGT para financiarse con dinero para los parados andaluces

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha declarado probado que la antigua cúpula de UGT en Andalucía, encabezada por su ex secretario general, Francisco Fernández Sevilla, financió «de forma consciente y fraudulenta» al sindicato con subvenciones de la Junta por valor de 40,6 millones de euros para cursos de formación a parados andaluces entre los años 2009 y 2013, en tiempos de los Gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla, que declara a UGT Andalucía responsable civil subsidiario del fraude, detalla todos los «mecanismos defraudatorios» que usaba la antigua cúpula del sindicato en la trama de las facturas falsas, como el bote que iba engordando con el amaño de los recibos; el rapel o los descuentos a proveedores de confianza que se ocultaban a la Junta, o los alquileres ficticios de aulas de su propiedad para impartir los cursos de formación.

Según la sentencia, el bote implicaba el encargo a los diferentes proveedores de la emisión de facturas que no correspondían a ninguna prestación de servicios o suministro de bienes o que eran de un importe inferior. Estas facturas pasaban a engrosar una cuenta acreedora a favor de UGT-A con dichas empresas y eran presentadas en la cuenta justificativa ante la Junta de Andalucía. Por supuesto, también estaban previstas para un destino totalmente diferente a la formación de los parados andaluces.

Por otro lado, los antiguos responsables de UGT en Andalucía usaban el rapel, una práctica comercial que consiste en un descuento al cliente por volumen de compras. No obstante, en la mayoría de los casos aplicaban el descuento sin atender al criterio de volumen de compras, con el objetivo de ocultar su importe a la Junta, que abonaba la factura sin descuento al desconocer su existencia, y así obtener beneficios para gastos propios del sindicato.

La vieja cúpula de UGT-A puso también en marcha otros sistemas de imputación de gastos no subvencionables, como salarios de empleados propios e incluso de Soralpe, la empresa instrumental que usaban, entre otras cosas, para pagar sobresueldos a altos cargos; facturas de teléfono, electricidad o limpieza del sindicato, o el pago de alquiler de aulas e instalaciones de su propiedad.

En este último caso, UGT Andalucía cedía previamente los locales en régimen de usufructo a Soralpe, que a su vez los arrendaba al Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación a la que el sindicato subcontrataba la ejecución de los cursos de formación, para así justificar como gasto elegible o subvencionable la renta abonada por esta.

Multa de 50 millones

Por todo ello, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 50 millones de euros a Francisco Fernández Sevilla; al ex secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; a su ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y al ex consejero delegado de Soralpe, Enrique Goicoechea, como autores de delitos de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones.

Además, el tribunal le ha impuesto seis meses de cárcel y multa de 25 millones a la que fuera responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez, como cómplice penalmente responsable de dichos delitos.

UGT Andalucía, por su parte, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con 40,6 millones de euros como responsable civil subsidiario del fraude, aunque recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Sevilla. El sindicato, igualmente, se ha desligado de sus antiguos dirigentes. «Consideramos que serán sus abogados quienes deberán determinar la presentación de los correspondientes recursos», añade en un comunicado.