El PSOE andaluz usa el aval del Supremo al sistema de ayudas de los ERE para blanquear su corrupción

El Tribunal Supremo ha analizado la incidencia del borrado penal de los ERE perpetrado por el Tribunal Constitucional sobre las más de cien piezas que ya han sido enjuiciadas o lo serán en los próximos años, y con ello ha avalado, aunque con matices, el sistema de ayudas de los ERE. El PSOE andaluz ha aprovechado la ocasión para blanquear su corrupción.

El coordinador de la Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Márquez, ha sostenido este martes que el Tribunal Supremo ha venido a «desmontar» la «cacería política» que, en su opinión, organizó el PP andaluz, encabezado por el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, contra los anteriores Gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán a partir del caso ERE. Pero nada más lejos de la realidad.

En una sentencia que resuelve los recursos contra la condena por la ayuda a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), y que absuelve al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Juan Márquez por haber sido juzgados –y condenados– en la pieza principal, el Supremo avala la legalidad de las ayudas que han recibido la gran mayoría de los 6.000 trabajadores que fueron incluidos en los ERE. Pero no desmiente el desvío de fondos.

En detalle, el Alto Tribunal explica que «es necesario partir de que, aunque el sistema [...] era, cuando menos, discutible, imperfecto, deficiente, laxo, carente de condiciones, anómalo e incluso, objetivamente facilitador de conductas irregulares ajenas al interés público, [...] se amparaba en normas con rango de ley, cuya constitucionalidad no fue cuestionada».

Para el Tribunal Supremo, la idea central de las sentencias del Constitucional sobre la pieza política de los ERE, en la que fueron condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros, es que no pueden reputarse como malversadoras ni prevaricadoras las conductas de concesión de ayudas sustentadas en exclusiva en el sistema de presupuestación y transferencias de financiación implantado por las leyes de presupuestos que contemplaba el programa 31L, el llamado fondo de reptiles.

En el caso de Acyco, el Supremo considera que hay cuatro supuestos que son reprochables desde el punto de vista penal: la introducción de dos intrusos, el pago a varios socios de un supuesto adelanto de las prejubilaciones, la inclusión de la entonces presidenta de la empresa en las pólizas y el pago de una minuta a un despacho de abogados que intervino en la tramitación de las ayudas.

Desvío de fondos

La Audiencia de Sevilla, primero, y el propio Tribunal Supremo, después, declararon probado en sus respectivas sentencias de la pieza política de los ERE que «los fondos del programa 31L se emplearon también en fines distintos y ajenos a los recogidos en las fichas presupuestarias del mismo», de ahí las condenas por prevaricación y malversación ahora anuladas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Aun así, y espoleados por el Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, los socialistas se presentan como víctimas de una «cacería política» del PP para desalojarlos del Gobierno de la Junta de Andalucía que ahora se caería, según ellos, «como un castillo de naipes».

El PSOE andaluz afirma que la macrocausa de los ERE «se reduce a aquellos casos puntuales en los que pudo haber algún intruso, los cuales condenamos y lógicamente no justificamos, pero que nada tiene que ver ni con los 680 millones de euros ni con los 6.000 trabajadores que legal y legítimamente han cobrado» ayudas, e «incluso muchos de ellos siguen cobrando» ya durante la etapa de gobierno de Juanma Moreno, «porque la ley les amparaba».

«Desde el PSOE de Andalucía, con Juan Espadas a la cabeza, seguiremos defendiendo, a raíz de esta sentencia y de estos pronunciamientos judiciales, la honestidad de nuestro partido y de sus altos cargos, acusados injustamente», ha manifestado el coordinador de la Presidencia de su grupo parlamentario.