Elecciones europeas
Estas son las 15 reformas que plantea Vox en el 'Manifiesto de Algeciras' para combatir la inmigración ilegal
La formación conservadora propone una serie de medidas para fortalecer el control de las fronteras europeas y luchar contra las mafias del tráfico humano
Las 15 reformas de Vox
- Fortalecimiento de nuestras fronteras. Dado que todos los Estados miembros disfrutamos del espacio Schengen, deben poder financiarse, con cargo al presupuesto comunitario, la mejora de las estructuras de control fronterizo, así como medios para la vigilancia marítima.
- Detención y devolución inmediata a todos los inmigrantes ilegales presentes en territorio español. Como ocurre en la mayoría de los países del mundo, debe establecerse una política de tolerancia cero con la inmigración ilegal, terminando con las subvenciones y estableciendo sanciones disuasorias como la prohibición de obtener el visado durante largos períodos de tiempo en caso de estancia ilegal. Fronteras Seguras, una cuestión de supervivencia.
- Poner fin a la institución del «arraigo» como modo de obtención de permisos de residencia y prohibir las regularizaciones extraordinarias. El único modo de obtener la residencia legal debe ser la entrada por los pasos habilitados al efecto, con toda la documentación en regla y la correspondiente autorización estatal.
- Incentivar la adquisición legal de residencia y primar al extranjero que cumple la norma, limitando la protección social del inmigrante ilegal a la asistencia sanitaria en casos de urgencia vital, prohibiendo en todo el espacio europeo ayudas a la vivienda, asistencia sanitaria indiscriminada y otro tipo de beneficios sociales, que serán entendidos como contrapartida al cumplimiento de los deberes políticos y administrativos.
- Reforma del sistema de asilo para acabar con los abusos y fraudes. En cumplimiento del principio de no-devolución de la Convención de Ginebra, deben establecerse acuerdos con terceros países para favorecer la integración de los asilados de forma regional. El derecho a asilo, reconocido internacionalmente, no es un derecho ilimitado a vivir en Europa. No tiene sentido hacer viajes de miles de kilómetros, cuando existen países seguros en la región que se trate, donde será más fácil la integración al tener similitudes culturales, lingüísticas y/o religiosas con el país de origen en conflicto.
- Restringir la reagrupación familiar de los residentes legales en Europa a sus hijos y sólo en situación excepcional de desamparo del menor en el país de origen; y aplicando el principio de reciprocidad a los Estados terceros que no denieguen en ningún caso la repatriación de menores con sus familias de origen.
- Reformar el sistema de adquisición de nacionalidad española por la mera residencia, ampliando los plazos de residencia, que deberá ser legal desde el principio, continuada durante todo el período y garantizar la plena integración en la sociedad española; asegurando que en ningún caso adquirirá la nacionalidad quien no renuncie efectivamente a su nacionalidad extranjera, salvo en los casos de reconocimiento por España del sistema de doble nacionalidad.
- Perseguir de forma efectiva a las mafias dedicadas al tráfico de personas, mediante el endurecimiento de las penas para sus responsables, así como para quienes colaboren con la entrada de personas ilegalmente, ya sean ONG, empresas o particulares. Acabar con cualquier subvención a estas asociaciones, que facilitan y blanquean la actividad criminal de las mafias.
- Acabar con el sistema de cuotas y reubicaciones de solicitantes de asilo del nuevo Reglamento de Gestión. Los Estados Miembros deben mantener la soberanía sobre quien aceptan en su territorio. En el caso de España, nuestra política de inmigración debe atender de forma prioritaria a los ciudadanos procedentes de las naciones que comparten idioma e importantes lazos de amistad, historia y cultura con España.
- Condicionar las ayudas al desarrollo a terceros países a una verdadera cooperación en la gestión de los flujos migratorios, en la lucha contra las mafias, y en las devoluciones de sus nacionales. La Unión no puede seguir regando de fondos a terceros países en base a chantajes o a cambio de nada.
- Establecer plataformas regionales de desembarco en terceros países que eviten las peligrosas travesías en patera tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Será a esas plataformas donde se remolcarán las pateras, o desembarcará a los rescatados, para dictaminar si tienen derecho a asilo o no.
- Acabar con el efecto llamada estableciendo una política de comunicación seria, tomando como ejemplo el modelo australiano, para informar a los que se plantean emigrar que no podrán acceder a ayudas sociales, trabajar o regularizar su situación si vienen ilegalmente. Los discursos políticos inmigracionistas engañan a buena parte de los inmigrantes que acaban siendo presa de las mafias.
- Expulsión inmediata de los inmigrantes que cometan delitos graves o sean reincidentes. Si bien la mayoría de los inmigrantes legales vienen a trabajar y a buscar un futuro mejor tanto para ellos como para sus familias, hay que aplicar una política de tolerancia cero con aquellos que en lugar de integrarse atacan al bienestar de la sociedad. Igualmente, la comisión de delitos graves o reincidencia delictiva se incluirá como causa de la pérdida de la nacionalidad española no de origen.
- Cierre inmediato de las mezquitas fundamentalistas, y de cualquier financiación al islamismo por parte de terceros países o la UE. Incremento de la fiscalización del presupuesto de la UE para evitar que se repitan casos como la financiación a organizaciones con lazos con los Hermanos Musulmanes o Hamás.
- Continuar avanzando en la mejora de los sistemas de seguridad en frontera y de la colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados miembros. Siguiendo la línea marcada por la aprobación del reglamento Eurodac, que mejora la recogida de datos de inmigrantes en la frontera europea y actualiza las bases de datos compartidas entre policías, se debe continuar avanzando en el refuerzo, coordinación y ejecución de acciones comunes para garantizar la inmigración ordenada y la persecución de delitos en el espacio Schengen.